Salvador García Llanos
La última entrega del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) aporta un dato significativo que se corresponde, seguro, con
las circunstancias derivadas de la pandemia: el 84 % de la población está a
favor de que el Gobierno conceda el denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las
personas y a los sectores más vulnerables y más necesitados. El IMV figuraba en
el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos "como una de sus
principales medidas para reducir la tasa de pobreza de España” pero la crisis
provocada por la pandemia de la COVID-19 ha agilizado la voluntad política y
acelerado su puesta en marcha. El Ejecutivo espera que las cien mil familias
más vulnerables puedan empezar a cobrarlo “casi desde el primer día”, una vez
que entre en vigor.
Se trata de revisar o corregir los altos niveles de pobreza
contrastados en el país. Hace apenas dos semanas, el Fondo Monetario
Internacional hizo público un informe en el que consignaba que las políticas
redistributivas del Estado son de las peores de Europa y apenas logran reducir
la desigualdad.
Dos ministerios coordinan la creación y aplicación de esta
figura. Por un lado, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo
titular es José Luis Escrivá; y el de Igualdad, a cargo de Irene Montero. Parten
de una premisa: la nueva prestación ha de responder a las necesidades más
apremiantes en el trabajo de cuidados, tanto para las familias vulnerables que
lo precisen como para los colectivos laborales vinculados a esas tareas. En
este último grupo se encuentran las trabajadoras de hogar y las que atienden a
personas dependientes.
El ejecutivo estima que alrededor de un millón de hogares
pudiera acceder a esta renta, alrededor los cuales la mitad tienen menores a su
cargo, en tanto que al menos setenta mil cuentan con un único progenitor. Los
estudios –con una experiencia avanzada en Finlandia- convergen en que para
salir de la pobreza no será suficiente un ingreso mínimo, sino que será
necesario que estas personas, con muy escasos recursos, dispongan de un empleo.
Para ello, es imprescindible que la renta mínima no genere trampas de pobreza,
esto es, que no desincentive la búsqueda de empleo. Si los beneficiarios de una
renta mínima se conforman con un pequeño subsidio, será muy difícil mejorar su
situación económica. Así de sencillo.
En España, hay algunos antecedentes. En Euzkadi, por
ejemplo, funciona la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se trata de una ayuda
pública, financiada en este caso por la comunidad autónoma, que va desde 693
euros a 985 euros por unidad familiar en función del número de hijos. La
diferencia es que en este caso no se trata de una renta básica, sino una renta
mínima, esto es, beneficia únicamente a los hogares con menos recursos. En
total, hay en torno a cincuenta y dos mil beneficiarias. La información del
Gobierno vasco señala que la RGI reduce la pobreza entre los perceptores en un
85 %, lo que supone un gasto mensual de unos treinta y cinco millones de euros.
Por lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital que nos ocupa,
en los cálculos que manejan ambos ministerios la cuantía de la prestación
oscila entre los cuatrocientos sesenta y dos euros para las situaciones
unipersonales hasta los mil quince euros en el caso de aquellas familias que
estén formadas por dos adultos con dos menores a su cargo. Uno de los
requisitos indispensables para poder acceder a esta ayuda consiste en
"tener residencia legal y efectiva en España, y haberla tenido de forma
continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación
de la solicitud". Esta circunstancia se deberá acreditar con el registro
central de extranjeros o el respectivo documento que demuestre la condición de
residente legal, tal y como se deduce del documento.
El ministro Escrivá ha insistido en que se trata de una
prestación destinada al hogar. Adelantó que llegará a un millón de domicilios
familiares, la mitad de ellos con niños. En torno a un 10 % irá a parar a
familias monoparentales. La medida será permanente y se mantendrá una vez se
levante el estado de alarma en el territorio nacional.
Día 69 de la alarma
Tiene razón quien haya puesto en circulación un
pensamiento: “El virus más grande de la tierra sigue siendo el comportamiento
humano”, acompañado de una sucesión de fotos en las que se ve guantes,
mascarillas, plásticos, profilácticos abandonados o tirados en vías públicas y
paseos. La estampa es desoladora. La sensación de que no hemos aprendido nada y
no escarmentamos, por muchas apelaciones que se hagan al civismo o lo que es
igual, al respeto elemental de ciertas normas de convivencia, se apodera sin
justificación posible. Un comportamiento inaceptable a cargo de quien lo
protagoniza. Y a lo peor se queja.
El director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia,
doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
Máster en Gestión Ambiental por el Instituto de Investigación Ecológica, ha
sido reelegido presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA).
Además de su permanente ejercicio científico, reflejado en investigaciones,
presentaciones y numerosos artículos en publicaciones especializados, Almunia
hace gala de una humanidad fuera de lo común. Así lo hemos constatado
personalmente. Ahora mismo, sigue empeñado, en un trabajo coordinado entre los
ministerios de Sanidad y Turismo y el Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), en la elaboración de la guía sectorial que permita volver a
visitantes a los parques, zoológicos y acuarios de toda España de forma segura.
Su reelección debe enorgullecer al propietario de Loro Parque, Wolfgang
Kiessling. En su día, año 1999, hizo un fichaje sensacional.
El coronel de Infantería y periodista, ya jubilado, Carlos
Ramos Aspiroz, ya sale de casa. Le vemos, pasado el mediodía, acudir al
quiosco, comprar el periódico y sentarse en un banco próximo a la pila de la
plaza del Charco, fumando uno o más cigarrillos. Ramos estudió en la antigua
Escuela Oficial del Periodismo y se acuerda de los nombres de los integrantes
de su promoción. A sus ochenta y tantos, sigue bregando.
Falleció Astrid Kirchherr, la fotógrafa de The Beatles, que
estuvo junto a Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison en las célebres
vacaciones en Tenerife en 1963, después de haber grabado el álbum Please,
please me. El escritor e historiador orotavense, Nicolás González Lemus, recoge
su presencia en los estudios y las publicaciones de aquella estancia. Estaba
muy apegada, por su profesión, a Klaus Woormann, músico, compositor y fotógrafo
que compartió aquellas vocaciones y estuvo presente en los actos conmemorativos
de los cincuenta aniversarios de aquel acontecimiento. Paul McCartney publicó
en facebook un sentido mensaje de despedida. En dicha red, por cierto, han
vuelto a circular las fotos de aquel encuentro en las piscinas del Lido San
Telmo, donde Astrid y Paul aparecen juntos, él, por cierto, con un atuendo nada
apropiado: camisa de manga larga y abotonado hasta el cuello.
Ha sido imposible hablar con Santiago Díaz Baeza, ex
secretario del Ayuntamiento portuense. Se quedaba sin cobertura.
La jornada termina con la buena noticia de los avances en
la obtención de la vacuna para prevenir la COVID-19. Más importante que la
fecha es que no haya pugnas por la paternidad. Pero eso, tal como han ido
evolucionando las cosas, será poco menos que imposible. La situación de la
pandemia en América, por cierto, es escalofriante. Pero como a Trump y
Bolsonaro les da igual, se cumplirá el dicho, muy repetido por Díaz Baeza: “Si
algo malo puede pasar, pasará”. O lo que es igual: toda mala situación tiende a
empeorar.
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