David
Cuesta web de MÍRAME TV
El
Ayuntamiento tinerfeño compra una nave por 800.000 euros a una sociedad del
promotor que se niega a pagar / Ignora el criterio de la Tesorería y retrasa
una posible compensación tras la operación.
Hay
empresarios a los que la fortuna, o en este caso las administraciones públicas,
les sonríen. Una conclusión a la que es fácil llegar si se analizan ejemplos
como el de Agustín Díaz, con una deuda contraída con el Ayuntamiento de Los
Realejos (Tenerife) de 590.000 euros. A pesar de la importancia de la cuantía,
y de la crisis económica, el Consistorio que gobierna el PP ha eludido, al
menos en los últimos tres años, el cobro de una cantidad que supone el 2,2% de
su presupuesto total para 2014.
El
Ayuntamiento que preside Manuel Domínguez, presidente del PP en Tenerife, no
sólo no ha cobrado los 590.000 euros al empresario, sino que además el 9 de
junio de este año acordó la compra de una nave industrial a una sociedad de su
propiedad por 800.000 euros. Aunque el criterio de la Tesorería es claro a la
hora de concluir que, cuanto menos, hay que descontar de esa cifra la deuda
existente; el Gobierno local, con mayoría absoluta de la formación
conservadora, volvió el pasado mes de julio a retrasar la operación, al
solicitar un informe al Consorcio de Tributos.
Los
hechos, que denunció en la cadena Mírame TV el único concejal de Izquierda
Unida (IU) en Los Realejos, Jonás Hernández, se remontan a la época en la que
el Consistorio norteño decidió desarrollar el Polígono Industrial de La Gañanía
a través de un sistema de ejecución público por cooperación, lo que obligaba al
pago de unas cuotas de compensación a los propietarios. Fruto de esta
actuación, Agustín Díaz contrajo un débito de 590.000 euros con la administración
local; un desembolso que, hasta la entrada del PP en el Gobierno, había
intentado eludir a base de distintas solicitudes de compensación y
aplazamientos de pago.
El
21 de junio de 2011, poco después de la toma de posesión, el empresario presentó
un recurso de reposición en el que solicitaba la compensación de la deuda por,
según su versión, haber realizado el Ayuntamiento unos vertidos en unos
terrenos de su propiedad. Dos días después, la Tesorería municipal respondió a
Agustín Díaz con un informe en el que se desestimaba el recurso tras haber
confirmado con la Gerencia de Urbanismo la inexistencia del vertido o de alguna
prueba que lo demostrase. Llama la atención que el empresario, con anterioridad
a esa fecha, nunca presentó reclamación patrimonial alguna al respecto. A pesar
de la contundencia del informe de Tesorería, la Junta de Gobierno que se reunió
el 4 de julio de 2011 no resolvió el expediente, lo que dejó el asunto dentro
de una gaveta en la que reposa hasta el día de hoy.
El
cobro se paraliza
Pero
la cosa no quedó ahí. El 20 de julio, y aún a sabiendas de la existencia del
informe desfavorable de Tesorería, el teniente de alcalde Adolfo González envió
una solicitud de suspensión de actuaciones al Consorcio de Tributos, que en aquel
momento tramitaba el pago de las deudas contraídas por todos los propietarios
de La Gañanía por la vía ejecutiva. El 8 de agosto de ese año, el Consorcio,
tras la petición del Ayuntamiento, paralizó de manera cautelar el
procedimiento. Y así, la deuda de Agustín Díaz quedó en un limbo durante casi
dos años.
Mientras
el pago de los 590.000 euros se sumergía en un profundo letargo, el 17 de mayo
de 2013 se produce un acontecimiento clave: con los únicos votos del PP, el
Ayuntamiento de Los Realejos aprobó una modificación de crédito en el
Presupuesto para la adquisición por 808.000 euros de una nave industrial
ubicada en el polémico Polígono de La Gañanía, bajo la justificación de la
necesidad de ubicar allí un depósito municipal.
Una
decisión que casi coincide en el tiempo con un nuevo informe de la Tesorería,
de fecha 19 de junio de 2013, en el que, tras resolverse de manera negativa por
silencio administrativo el recurso del deudor, al dejarlo sobre la mesa el
Gobierno del PP, comunicó al Consorcio de Tributos la idoneidad de continuar
con el cobro en la vía ejecutiva y levantar la paralización.
Aparece
una sociedad intermedia
En
paralelo a la preparación por parte del Consistorio del concurso para adquirir
una nave industrial en La Gañanía, el empresario aportó el 28 de junio un
inmueble que reunía las condiciones pretendidas por el Ayuntamiento, en forma
de ampliación de capital social, a la sociedad Inversiones y Promociones Los
Potreros SL, de la que es administrador. Un subterfugio que, a la postre, le
permitió eludir la prohibición de participar en el procedimiento abierto en la
que incurría al deber 590.000 euros a la administración municipal.
A
su vez, Agustín Díaz presentó unos días después, el 11 de julio, un nuevo
recurso de reposición para solicitar la paralización del cobro de las
mensualidades giradas. En esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió en
2011, la Junta de Gobierno desestimó, tras un nuevo informe de la Tesorería, el
recurso del empresario. La única diferencia que existía en ese momento con
respecto a lo ocurrido tres años atrás, cuando se dejó sobre la mesa el
recurso, era la tramitación del concurso para adquirir una nave industrial por
808.000 euros, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23
de octubre de 2013.
El
Pliego del procedimiento abierto dejaba a las claras, tal y como establece la
legislación, la obligatoriedad de hallarse al corriente de posibles deudas
tributarias por parte de los aspirantes a la adjudicación. Un precepto que Agustín
Díaz incumplía, no así la sociedad de su propiedad a la que había incorporado
una nave de su patrimonio. Aunque los posibles licitantes tenían casi un mes de
plazo para presentar sus propuestas, la única oferta que llegó al Ayuntamiento
de Los Realejos fue la de Inversiones y Promociones Los Potreros SL, a quien,
como era de esperar, la mesa de contratación adjudicó el concurso. Tanto IU
como el PSOE advirtieron en esa ocasión de las supuestas ilegalidades que se
podían cometer de llevarse a cabo la adjudicación.
Las
dudas planteadas por la oposición despertaron las suspicacias de Manuel
Domínguez, que en un decreto de 16 de diciembre de ese mismo año suspendió
temporalmente el procedimiento, a la vez que solicitó un dictamen al respecto a
la Junta Consultiva de Contratación de la Administración de Canarias.
El
17 de enero de 2014, por si quedaba alguna duda, la Tesorería emitió un nuevo
informe en el que hizo constar la existencia de una deuda de 594.187 euros por
parte de uno de los administradores de la sociedad, Agustín Díaz. Ese mismo
día, curiosamente, la jefa de Servicios Generales emitió también un escrito en
el que ponía en duda que un empresario con una deuda contraída con una
administración pública pudiera estar impedido de contratar con el Consistorio a
través de una de sus sociedades. En el fondo del debate jurídico está la
pregunta de si la deuda de 590.000 euros es de carácter tributario o no; tesis
esta última en la que se sustenta la Junta Consultiva de Contratación de
Canarias en un informe, que entró en el Ayuntamiento el 12 de mayo de 2014, por
el que resolvió negativamente la prohibición de contratar.
Tres
días antes, y aunque todavía no había recibido, al menos de manera formal, el
informe de la Junta, el alcalde de Los Realejos levantó la suspensión del
procedimiento de contratación a través de un nuevo decreto. El 9 de junio de
2014, la Junta de Gobierno tomó la decisión de declarar la validez de la
licitación. En el acto de transmisión patrimonial de la nave actuó como
apoderada de la empresa la hija de Agustín Díaz.
Compensación
de la deuda
El
25 de junio, un día antes de la fecha prevista para la firma de la escritura,
la Tesorería emitió una propuesta de resolución en la que planteó la
compensación de la deuda del promotor, es decir, que el Ayuntamiento sólo pague
al empresario la diferencia entre el coste de la nave y la deuda existente,
unos 187.000 euros en ese momento. Lejos de la habitual lentitud de las
administraciones públicas, el mismo 25 de junio se comunicó a Agustín Díaz la propuesta
de la Tesorería, lo que abría un plazo de 10 días para alegaciones, que el
empresario presentó el 2 de julio.
A
pesar de la claridad con la que se expresó la Tesorería, el teniente de alcalde
Adolfo González vuelve a intervenir en el proceso para que el órgano se
pronuncie de nuevo ante las alegaciones presentadas por el promotor. En esta
ocasión, la Tesorería volvió a remitir el 16 de julio el mismo informe para
reiterarse en sus conclusiones.
Llegados
a este punto, el Ayuntamiento de Los Realejos contaba con todos los avales
jurídicos para, al menos, llevar a cabo la compensación de la deuda. Sin
embargo, ese mismo 16 de julio, el concejal de Patrimonio solicitó una vez más
a la Tesorería que se pronuncie en un nuevo informe sobre las alegaciones, lo
que se llevó a cabo, siempre en sentido desestimatorio, el 8 de agosto.
Pero
Manuel Domínguez, consciente de que de dejar en manos de la Tesorería el
procedimiento concluiría con la compensación, dio un nuevo giro al expediente y
solicitó una tercera opinión, en este caso la de la secretaria municipal,
máxima autoridad jurídica. Esta, sin entrar en el fondo de la polémica, emitió
un informe en el que propuso solicitar al Consorcio de Tributos la procedencia
de compensar o no la deuda. La secretaria llegó incluso a asegurar que quien
vende la nave es Inversiones y Promociones Los Potreros, mientras que la deuda
es de Agustín Díaz. Todo ello pese a que es vox populi que el empresario es uno
de los administradores de la sociedad adjudicataria, además de que la
transmisión patrimonial de la nave a la empresa se produjo con pleno
conocimiento de la intención del Ayuntamiento de adquirir un inmueble similar.
Así
las cosas, más de tres años después del primer recurso de reposición del
promotor, el Consistorio de Los Realejos sigue sin cobrar la deuda que tiene
contraída un empresario del Polígono de La Gañanía con la administración local
por más de 590.000 euros, y a la espera de que el Consorcio de Tributos aporte
su criterio, a petición del Gobierno del PP y sin tener en cuenta los informes
de la Tesorería, sobre una posible compensación al comprar a una sociedad del
deudor una nave por unos 800.000 euros. La fortuna le ha vuelto a sonreír a
Agustín Díaz.
(FOTO:
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, visita una obra en el municipio)
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