Odalys Padrón
“Me encontré con un ciruelo, cargadito de manzanas”. Si a
esta afirmación añado “tralará” seguramente muchos estarán mentalmente
tarareando la canción infantil “vamos a contar mentiras”. Antonio Hernando, portavoz
del PSOE, en la sesión de investidura de Rajoy manifestó “Nuestra voluntad es
darle la vuelta a estas políticas haciendo valer la composición de la Cámara
para cambiarlas”, para justificar la traición de la abstención impuesta por su
partido a los que deberían ser representantes del pueblo y no de los intereses
de una élite económica. Al terminar esa frase “Nuestra voluntad es darle la
vuelta a estas políticas haciendo valer la composición de la Cámara para
cambiarlas” debió añadir “tralará”. Se echó en falta. La mentira como
estrategia para engañar a los demás parece ser una constante en la sociedad
actual que lo permite y en algunas ocasiones lo premia y lo alaba.
Ramón del Valle-Inclán aseveraba, en su obra teatral “Luces
de Bohemia”, “En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser
sinvergüenza. Se premia todo lo malo”. Seguramente éste sea el motivo por el
cual Antonio Hernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta
de Portavoces, haya olvidado u obviado que las funciones del Congreso de los
Diputados son legislativas cuyas iniciativas se constituyen en proposiciones de
ley, mientras que las que emanan del Gobierno son proyectos de ley que no
necesitan la toma en consideración del Pleno del Congreso para su tramitación y
son prioritarias. Además se da la circunstancia que el Gobierno tiene la
capacidad de veto ante una proposición de ley que emane de las Cámaras. Así
mismo, las proposiciones no de ley, las PNL, que apruebe la mayoría del
Congreso, no tienen validez jurídica ni
carácter vinculante a las que el Gobierno puede hacer caso omiso. También
parece olvidar que el Gobierno puede aprobar Decretos-Ley en casos que él mismo
estime de “urgente y extraordinaria necesidad” y evitar así la tramitación
parlamentaria.
Es curioso, por no decir insultante, que un abogado que es
diputado desde hace doce años y cuyo sueldo, según publica un medio de
comunicación, asciende a 6.351 euros mensuales, de los que 870 euros no
tributan a Hacienda, nos falte al respeto intentando hacernos creer que la
abstención conseguirá “darle la vuelta a las políticas del PP”. Ni la
Constitución ni el reglamento del Congreso ni otras normas adyacentes tienen el
espíritu de debilitar al Gobierno a favor de la oposición. Algo contrastado con
estos meses de Gobierno en funciones donde la oposición no ha ejecutado, ni
potenciado su voz institucional pudiendo haber ocupado un espacio político
ampliamente demandado por la ciudadanía. Podrían haber sometido al Gobierno en
funciones a una negociación continua de sus decisiones. Una oportunidad perdida
para una débil e infantil democracia que intenta hacernos creer que “por el mar
corren las liebres y por el monte las sardinas”. “Tralará”.
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