Salvador
García Llanos
Los
problemas de la venta ambulante y los derivados de la falsificación de
productos ya son insostenibles. Se suceden las noticias sobre incidentes de
gravedad en las localidades -especialmente, las costeras- donde se practica.
Hasta un policía municipal ha sido apuñalado en una playa de Punta Umbría
(Huelva). Y en Barcelona se han registrado desórdenes e incidentes desde que
las autoridades locales se han visto desbordadas para ordenar y contener en
vías céntricas el fenómeno que se conoce como 'top manta'.
El caso es que, según se va sabiendo, tanto
la venta callejera como la de falsificaciones están muy relacionadas con el
blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las actividades
ilícitas. La Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) de la Unión Europea (UE)
llega a hablar de una lacra que supone más del 3,3 % del comercio mundial, en
tanto que Interpol cifra las ventas fraudulentas en más de doscientos veinte
mil millones de euros. Para echarse a temblar. Mejor dicho: para hacernos una
idea de lo que se mueve, de lo que está en juego y de la dimensión que adquiere
el problema.
En nuestro país, las cosas se complican.
Casi siempre resultaron insuficientes las medidas adoptadas para regular o
controlar la venta ambulante. Los propietarios y empleados de empresas de toda
condición, así como los vecinos de los entornos donde se concentran los
vendedores, se quejan no solo de la proliferación sino del daño directo que
causan a sus intereses.
El ministerio de Industria, Comercio y
Turismo puso en marcha el pasado mes de diciembre la denominada Mesa contra el
Intrusismo, una prueba de querer mitigar -porque no se puede más- el galopante
fenómeno de la venta ambulante ilegal. El objetivo de la iniciativa es la
coordinación de los sectores público y privado para prevenir y eliminar
conductas que vulneren los derechos de propiedad intelectual, es decir, la
situación de la venta ilgeal en España. Ello, entre otras medidas, habría de
fructificar en la elaboración de un Plan Nacional contra las falsificaciones.
Urge, sencillamente.
No olvidemos que los ayuntamientos, en el
marco de la autonomía municipal, también disponen de las ordenanzas de
regulación del espacio público para perseguir la venta ambulante. La
experiencia indica que las buenas intenciones chocan con la realidad: se puede
tener ordenanza, de acuerdo. Y luego, policía local, más o menos especializada,
que intenta aplicarla, con un efecto claramente disuasorio. Produce las
intervenciones y hasta se incauta de la mercancía en venta o de parte de ella.
Pero luego, no hay más consecuencias porque en los trámites administrativos
posteriores, orientados principalmente a sanciones, se choca con imponderables:
o no hay negociado o no hay personal o si lo hay no cumple en los plazos que
debería hacerlo, esto es, con la celeridad debida para que los afectados
comprueben que no pueden seguir ejercitando en la vía pública.
Autenticiudad era el nombre de una
iniciativa puesta en marcha conjuntamente por la Asociación para la Defensa de
la Marca (Andema), la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar este problemas y sus
consecuencias. Porque se trata de la imagen de la ciudad o del destino, de la
sensibilidad ante el comercio, de la información y concienciación de la
ciudadanía, de la formación y pericia de la policía municipal así como de la
persecución y observancia de presuntos delitos de la venta de falsificaciones.
No sabemos qué suerte habrá corrido la iniciativa.
Pero algo hay que hacer. Los últimos
acontecimientos así lo requieren.
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