Odalys Padrón
Decían los romanos “Mulier Caesaris non fit suspecta etiam
suspicione vacare debet”, “la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino
también parecerlo”, haciendo referencia a la importancia que tenía en la
sociedad romana la mujer del César. Actualmente hay muchos responsables
públicos que rehúsan esta máxima, olvidando que su manera de actuar debe ser
legal a la par que moral.
Recientemente hemos visto como el Presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez, integrante del Partido Popular, declaraba en el año
2015: “Si me imputan por el “Caso Auditorio” dimitiré”. En un tuit de aquella
época escribía “si al final la Justicia dictaminara una imputación por el ‘Caso
Auditorio’, yo dimitiría. Porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra, y no
esperaría que nadie me lo pidiera” asegurando que tenía “un compromiso personal
y político por una nueva etapa de regeneración, limpieza y de ejemplaridad”. En
febrero, de este año, se confirma su imputación, a través de la figura jurídica
“investigado” que el Partido Popular implantó con el, supongo, propósito de
enmascarar la corrupción que, en muchos casos, están protagonizando. Se le
imputan delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento
oficial y malversación de caudales públicos. Tras comprobarse que ha mentido,
dado que no ha dimitido, vuelve a faltar al respeto de los votantes diciendo
“Dije que dimitiría si me imputaban por corrupción, esto es una cuestión
administrativa”. Curioso, cuando un informe de la Guardia Civil certifica que
el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del que era alcalde el mencionado, pagó
más de dos millones de euros por materiales que no se encuentran en el
auditorio de la localidad. Siendo alcalde recepcionó una obra a la que le
faltaba el 38% para estar completa.
Otro caso, también reciente, que corrobora lo dicho
inicialmente es la vivienda que el Ministerio del Interior adjudicó al Director
General de Tráfico, Gregorio Serrano, para que la ocupara, de manera gratuita,
durante su estancia en Madrid cuando la Orden General del Instituto Armado que
regula estas adjudicaciones establece que sólo un miembro del Cuerpo o su
Director y asesor tienen derecho a una de las viviendas que tiene este Cuerpo y
cuando, según publica algún medio, en la actualidad hay unos 39.000 funcionarios
que perteneciendo al Cuerpo, entre cabos y guardas, están esperando que se les
asigne una vivienda. Por no hablar de la diferencia, escalofriante, de sueldo
entre el Director General de Tráfico y la de un guardia civil novato o un Cabo
que sobrepasa, ampliamente, los 50.000 euros. Para justificarlo o encubrirlo,
como ustedes estimen, hablan de una cesión pero no muestran documentos
rubricados como debería ser lo pertinente si existiera un expediente
administrativo a este respecto. Los medios también han demostrado que este
personaje ha mentido, con total premeditación y alevosía, ya que, tras
conocerse la noticia, aseguró, en rueda de prensa, que no tenía ni idea de que
ese piso, que se estaba arreglando y para lo que se habían destinado 50.000
euros, era para él cuando el 3 de febrero visitó el piso según confirmó el
Ministerio del Interior.
Hace poco, hemos tenido constancia del nombramiento como
embajador de España en Estados Unidos de Pedro Morenés, ex ministro de Defensa,
que no tiene carrera diplomática ni experiencia, tal como ya hicieron con otro
ex ministro, José Ignacio Wert. Se trata de una de las embajadas más
importantes y significativas dentro de la carrera diplomática que le
posibilitará, además de ganar 70.000 euros al año y vivir en una lujosa mansión
de 2.000 metros cuadrados en Washington, posiblemente, seguir con sus
“negociaciones” tal como ya hiciera siendo ministro de Defensa. El Gobierno de
Mariano Rajoy adjudicó contratos por valor de 115 millones de euros a las
empresas con las que el ex ministro estuvo vinculado, ocupando distintos
puestos de dirección, antes de ser nombrado Ministro de Defensa. Destino de
gran interés para Morenés dado que la industria armamentística estadounidense
ha conseguido un fuerte impulso desde que Trump ganó las elecciones, máxime
cuando el actual Presidente Americano prometió en Campaña electoral eliminar
los recortes en Defensa incrementando en unos 80.000 millones de dólares
anuales el gasto en armas.
Por último, también es destacable la denuncia del Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, sobre la impartición, por parte
de altos directivos de Hacienda, de cursos para instruir en “eludir” el pago de
impuestos y evitar contramedidas fiscales a grandes multinacionales y a grandes
despachos tributarios. Alertando sobre esta actividad docente que sirve para
“engrasar” las puertas giratorias, al coincidir en la mayoría de cursos con los
socios de consultoras y grandes empresas en las que posteriormente acaban
prestando sus servicios muchos de estos funcionarios. Esta denuncia acentúa los
cálculos que estiman que la evasión de impuestos, especialmente por parte de
las empresas, en España, supone unos 5.061 millones de euros. El año pasado
conocíamos, a través de la prensa, que Inditex había “eludido” el pago de cerca
de 600 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2014 gracias al diseño de
una ingeniería fiscal “agresiva” a través de Holanda, Irlanda y Suiza. Con
informaciones como éstas queda patente que “Hacienda somos los pringaos” ya
que, según los expertos, cada español trabaja 146 días al año para Hacienda, lo
que supone más de la mitad de su vida laboral y pagamos los trabajadores “de a
pie” cinco veces más impuestos que las multinacionales y grandes empresas.
Cómo decían los romanos no sólo ser… sino parecer… porque
al ciudadano “de a pie” le surge una disyuntiva cuando la ley y la moral se
contradicen: o pierde su sentido de la moral o su respeto por la ley.
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