Salvador García Llanos
No se tienen noticias de que estén elaborados los
presupuestos generales del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ni vayan a ser
sometidos a aprobación próximamente. A estas alturas del ejercicio, es obvio
que ya llevan un considerable retraso. Y que, por tanto, si hay nuevas cuentas,
cuando sean definitivas, serán para unos pocos meses. Cierto que, mientras
tanto, se funciona con presupuestos prorrogados: se puede, claro; pero con
condicionantes.
No son de extrañar la demora ni la inexistencia si tenemos
en cuenta que el gobierno local ni ha sabido ni ha podido ni ha querido dar a
conocer -y nos encaminamos a la mitad del mandato- el supuesto pacto bajo el
que decidieron asumir los destinos del municipio en el verano de 2015. Se
desconoce, en ese sentido, todo: qué modelo, qué prioridades, qué recursos, qué
innovaciones, qué obligaciones hipotecarias, qué viabilidades y qué renuncias
programáticas. Si a ello se añade que no hay presupuestos, pues los vacíos
equivalen a unos horizontes muy inciertos. Hay un reparto, está claro. Se
respeta, se aparenta y... poco más. Pasadas las sombras de la probable censura,
tal reparto se consolida.
El gobierno local va escapando con la implicación de otras
instituciones públicas, principalmente el Cabildo Insular, que ha asumido
algunas actuaciones infraestructurales tras cuya conclusión veremos en qué
términos se establece la gestión. ¿Nuevas cargas para el Ayuntamiento?
¿Amenazado el patrimonio municipal? También se nota la aportación del Cabildo
en otras materias.
Independientemente de los intereses políticos, y hasta de la
respetable voluntad de ser solidarios con quien de verdad lo necesita en el siempre
difícil marco del equilibrio territorial, lo cierto es que los avances parecen
hechos ad calendas graecas (fechas imposibles o plazos incumplibles) o a golpes
de improvisación y dilaciones para ir dando pasos tras los anuncios y calmar
las expectativas con informaciones aparecidas oportunamente que, en todo caso,
apenas tendrán interpretación crítica.
El problema es que se va adueñando de la política local una
suerte de resignación preocupante. Es como un peculiar dejar hacer y dejar
pasar, aderezado con la aparición de datos sobre un notable volumen de pagos
reparados por Intervención -ya deben haber tomado medidas correctoras, un
suponer, a la vista del importe (siete millones de euros) en menos de un año-,
y de las obligaciones que hay que asumir tras resoluciones judiciales de
diversa índole. Así las cosas, con un estancamiento evidente salvo honrosas
excepciones que resultan casi milagrosas, el Ayuntamiento es una referencia que
se ha ido apagando e inspira a la ciudadanía un sentimiento de desgana y de
menguante credibilidad. El gobierno seguirá a lo suyo, confiando en afinidades
políticas y tratos institucionales y mediáticos generosamente favorables.
Cuenta hasta con una oposición bastante comedida, a veces atemorizada, que ya
habrá comprobado que su obligación fiscalizadora es insuficiente y precisa de
más creatividad para terminar siendo una auténtica alternativa, así percibida
por los portuenses.
Sin presupuestos, sin saber por tanto qué se quiere y cómo
se van a administrar los recursos, es complicado intuir siquiera salidas
decorosas. Incluso para regular de una vez la ocupación de la vía pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario