ERE QUE ERE

Pedro Ángel González Delgado

Ya se olvidó. Nadie habla de él. Nos aburrimos esperando por los reportajes del duopolio mediático de nuestro país sobre el mayor caso de corrupción de Europa y, sin embargo, lo importante son otras cosas. Es más necesario conocer si una niña llega en barco o de quién se enamora algún concursante de los programas de tele - realidad, por ejemplo. Parece que a nadie le interesa saber a qué se destinaron 679.412.179 €. No, no es un número de teléfono. Es la cifra del desvío de millones que durante diez años el gobierno socialista de la Junta de Andalucía pervirtió para, además de repartírselo entre sus familiares, amigos y afines, también irse de fiesta con prostitutas y cocaína a cargo del dinero público.

Ha recaído sentencia condenatoria, en el primero de los juicios, además de contra otros socialistas, sobre Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que no solamente fueron presidentes de la Junta de Andalucía, sino también del partido socialista, y el primero de ellos hasta ministro. Curiosamente, la publicación de la referida resolución judicial se retrasó hasta después de las elecciones generales. No obstante, eso no parece importar, porque el mayor escándalo de la democracia afecta a quienes ahora ostentan el poder, no únicamente en las Instituciones Públicas, sino también en los medios de comunicación.

Varias son las cuestiones que podrían plantearse en algún medio de comunicación. La primera de ella es saber y se pondrá Pedro Sánchez una moción de censura a sí mismo después de la primera Sentencia de los ERE, como exigió hace tampoco tanto. La segunda, si de periodismo independiente hablásemos, que no parece, sería preguntarse si sigue creyendo tanto él como Susana Díaz en la inocencia de los antes mencionados presidentes socialistas Chaves y Griñán.  Mas, esperar que haya un reportaje en una televisión nacional sobre el sistema de pago para permitir que a través de transferencias de financiación se pudiera pagar en un solo día un millón de euros al chófer del Director General de Trabajo socialista para ir a burdeles y comprar cocaína, es mucho pedir. 

Aguardar que en el mismo ámbito publiciten las ciento cuarenta y seis piezas más que quedan por juzgar de esta macrocausa, será un ensoñación. Esperar que haya un programa de televisión que investigue en relación a los cursos de formación en los que se calcula que más de dos mil ochocientos millones de euros fueron presuntamente defraudados, con la connivencia del PSOE y los sindicatos UGT y CCOO, una quimera. Estar erre que erre todo el día, como decía Quevedo, sólo vale para los trajes de Francisco Camps, por cierto, absuelto por ello, ya que la corrupción socialista no tiene interés informativo. Por ello, se presenta como normal que las actuales vicepresidenta y ministra de Hacienda en funciones, que estaban en esos gobiernos corruptos socialistas, no acaben de entender que pudiera haber un mínimo de insistencia en conocer su conocimiento o participación en estos hechos.

Ese es el panorama que tenemos actualmente en nuestro país, con un gobierno obcecado y, desgraciadamente consiguiéndolo, en crear opinión a través de los medios de comunicación. Y, trágicamente, lo va logrando porque nadie parece escandalizarse o, al menos, se olvidan muy pronto determinadas cuestiones que nos harían dudar sobre nuestro Estado de Derecho.

Tal es así que, en esta “dictadura progre”, como alguno ya la ha definido, Josu Uribetxeberría Bolinaga, secuestró a José Antonio Ortega Lara, a Julio Iglesias Zamora, y asesinó a tres guardias civiles. El 12 de septiembre de 2012 se le concedió la libertad por “razones humanitarias”, y falleció debido a un cáncer el 16 de enero de 2015. Es decir, dos años y medio de libertad porque había que ser humanitario con un terrorista sangriento, despiadado y que jamás se arrepintió de sus crímenes. 

Por otro lado, Ignacio González Martín, entra en prisión, condenado por el llamado “caso Las Teresitas”, a cumplir cinco años de prisión con más de ochenta años. Sin embargo, él no tuvo el mismo trato que el miembro de ETA. No sabemos muy bien los motivos, se nos da a entender que un hombre sin delito de sangre a sus espaldas no merece tener trato humanitario, por lo que parece. Nos quedará la duda de saber si se le mandó a morir a prisión, pero eso no importa, no es relevante, pues a nadie parece interesarle hacer una comparativa Bolinaga versus González porque, a todas luces, alguno quizá esté erre que erre con aquel pensamiento socialnacionalista por el que se consideraba que las armas más crueles resultan humanitarias si consiguen provocar una rápida victoria, y, recordemos, no todas las armas disparan balas, ni todos se dan cuenta que se libra una guerra contra ellos.