TELEVISIONES NECESARIAS

Salvador García Llanos

La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ha dado a conocer esta semana los resultados de una encuesta, elaborada por la firma 'Gfk', relativa a la consideración que merece a los españoles el papel de los medios públicos autonómicos y su impacto. La metodología de confección es importante -antes de entrar en detalles y valorar conclusiones-, pues se trata de un sondeo hecho entre mil personas, a escala estatal -parece que la estratificación territorial no es muy consistente- con preguntas directas y personales, no telefónicas.

Algunos resultados son llamativos y registran impresiones contrarias a las predominantes en amplios sectores de profesionales y de la opinión pública. Así, cuando tanta gente ha hablado de cierre de estos medios, resulta que un 73,4 % de los encuestados opina que los servicios audiovisuales públicos autonómicos son necesarios. Otra cosa, que desconocemos, es que luego consideren que la programación es mediocre, de cobertura deficiente o de sesgos en sus informativos y entretenimientos; pero que estiman necesaria la disponibilidad de canales autonómicos de radio y televisión, lo son en gran mayoría.

Otro porcentaje elevado, el 82,5, respondió que los servicios audiovisuales públicos de las comunidades autónomas promueven e impulsan la cultura y las diferentes lenguas del territorio español. En concreto, las televisiones son las que más colaboran en la promoción de los rasgos y características culturales de zonas y comarcas.

El presidente de la FORTA, Andreu Manresa, recalca que el estudio refleja el crecimiento de la atención de los ciudadanos a las ofertas de los canales autonómicos, “con formatos y tendencias -dice- en constante evolución. Pero el interés por los contenidos cercanos que afectan al día a día de la gente, sigue más vigente que nunca”. Se apoya la Federación en el número de producciones audiovisuales registrado el pasado año, doscientas ochenta, un indicador claro de esas expectativas. Cierto que luego habrán de despejar las dudas que suscita la negociación con las plataformas digitales a la hora de calibrar los costes de emisión pues en algunos casos el canal propietario suele verse obligado a retirar el contenido audiovisual de sus propias plataformas. La gestión y explotación de derechos es una asignatura sujeta a cierta controversia, pues los costes económicos de los contenidos han de verse compensados por la mayor difusión de una serie o de un conjunto de programas, garantizándose el cumplimiento del servicio público que inspira las prestaciones de un medio de comunicación autonómico.

Bien. Si cambia la percepción que se tenía de la consideración de las emisoras audiovisuales autonómicas ya podrán esmerarse sus responsables, en el nuevo ciclo político que se avecina, en ofrecer una programación de calidad, con productos fiables, creíbles, interesantes y que respondan a unos patrones de solvencia mediática y competitiva que no contribuyan a la tendenciosidad ni a la vulgarización, sambenitos que arrastran. Procede en algunos casos aclarar estructura organizativa, modernizar la gestión y transparentarla. Ya lo saben: una buena parte de la ciudadanía dice que estos medios son necesarios. Aprovechen la brisa.