FINANCIACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL

Salvador Gracia Llanos

El apartado 5 del Decálogo de políticas turísticas municipales elaborado y presentado recientemente por la asociación empresarial nacional Exceltur, dice:

“Abordar de una vez un nuevo marco estable de financiación turística municipal que contemple la diferencia entre los recursos para atender a los residentes versus lo precisos para una población flotante de turistas que supera con crece en temporada a la población local, asegurando la suficiencia económica, sin gravar al turismo con tasas y/o impuestos discriminatorios”.

Esta organización se posiciona en vísperas de procesos electorales de todo tipo y cuando parece que declina un ciclo expansivo. Su Decálogo es un conjunto de reflexiones sobre ámbitos de actuación que se consideran clave para potenciar un nuevo período de crecimiento turístico más sostenible a escala local. Los grandes empresarios del sector insisten en que hay que repensar a futuro una hoja de ruta para cada destino y sus recursos precisos. Por eso hay que seguir atentos a los planteamientos que formulan, se supone que al calor de la experiencia acumulada a lo largo de la bonanza de los últimos años -aunque hubiera miles de turistas prestados- cuando algunos de ellos llegaron a decir que no todo era cuestión de batir récords sino de consolidar la oferta y cualificar los productos para seguir fidelizando mercados y hacer aquellos cada vez más atractivos.

Reivindica Exceltur (apartado 6 del Decálogo) “nuevas políticas municipales que faciliten modelos de crecimiento turístico más sostenibles, definiendo y aplicando con el mayor rigor e inspección, los marcos legales y de ordenación del territorio que eviten escenarios de saturación, gentrificación u otras externalidades, como por ejemplo la explosión descontrolada de pisos turísticos, que afectan la calidad de vida ciudadana, la satisfacción del turista y/o la reputación del sector, o para salvar la competencia desleal entre actores no reglados y reglados”.

Pero la patronal -y las futuras corporaciones locales, a las que viene advirtiendo- tiene que ser consciente de la necesidad de disponer de recursos económico-financieros estables para superar -siquiera, aliviar- los desequilibrios que acertadamente señala en el apartado 5 del Decálogo. De ello venimos hablando algunos desde hace casi veinticinco años, cuando, desde la esfera política de la administración local -fue la primera moción en el Ayuntamiento portuense después de la censura de 1995- promovimos la elaboración del proyecto de Ley del Estatuto del Municipio Turístico, iniciativa para la que era fundamental que el Gobierno de Canarias y los municipios turísticos afectados contasen con bases sólidas sobre las que diseñar los parámetros económicos que habrían de ser incluidos en el referido Estatuto. Decíamos entonces que el ejecutivo autonómico habría de proceder de forma inmediata a recabar la información estadística, cartográfica, de instalaciones y de otros aspectos con el mayor nivel de actualización, así como disponer la puesta en marcha del Servicio de Información Estadística que la propia Ley establece.

Parece que, al cabo de casi cinco lustros, no se ha avanzado mucho en este terreno. Si existiera voluntad política, quizá estuviéramos explicándonos, en otros términos. Pero, al principio de esta década, quedó claro que era necesario consensuar y aplicar otros criterios para definir y decidir cuáles son los municipios turísticos. Había que tener en cuenta, por ejemplo, no solo el número de camas de un destino sino la consideración del espacio turístico único y la conservación del territorio. Los munícipes de entonces reivindicaban que los mecanismos de financiación tuvieran la estabilidad de una consignación presupuestaria y no quedaran al albur de subvenciones o convenios cuya plasmación y agilidad en la tramitación estuvieran supeditadas a la mayor o menor afinidad política.

Y cuando en varios debates presupuestarios se gira en torno a la creación de una tasa cuya recaudación tendría una finalidad muy clara, ya ven lo que dice el empresariado: no gravar el turismo con impuestos discriminatorios. Entonces, sigue el debate; no habrá, por ahora, Estatuto.