Jonás
Hernández Hernández. Concejal de IUC de Los Realejos.
El
pleno aprobará la Ordenanza Municipal propuesta por el PP, que regulará un
Banco de Viviendas en Alquiler sin ninguna función social.
En la sesión plenaria que se celebrará hoy en Los Realejos se
debatirán las enmiendas presentadas por IUC a la Ordenanza Municipal del Banco
de Viviendas en alquiler. Izquierda Unida Canaria de Los Realejos, a través de
su Concejal, Jonás Hernández, que presentó una batería de enmiendas con un
claro objetivo: fomentar el alquiler de viviendas con una marcada perspectiva
social, frente al objetivo simple y mercantilista del Partido Popular.
Para
IUC el principal objetivo debería ser crear un verdadero Servicio Municipal de
Vivienda, que tenga como finalidad cumplir con la función social de la
vivienda. Por ello, en la primera de las Alegaciones presentadas se establece: "Priorizar
la función social de la vivienda y fomentar el alquiler social para luchar
contra las situaciones de infravivienda y garantizar el derecho constitucional [Artículo 47] de acceso a una vivienda digna para todos y
todas". Sin embargo, el Informe Jurídico que desestima las
alegaciones, reconoce que "la
consecución del derecho a toda persona a una vivienda digna y adecuada no es el
objetivo primordial de la ordenanza" que pretende aprobar el PP de Los
Realejos.
Para
Jonás Hernández con esta ordenanza municipal del PP no se ataja el problema
social de la vivienda, dejando para el futuro dicha problemática, siendo tan
solo un mero medio para poner en contacto oferta y demanda, desde una
concepción mercantilista, mientras que IUC apuesta por una política integral y
efectiva ya, no para el futuro.
IUC
propone modificar la exposición de motivos y gran parte del texto normativo
para dar una finalidad social a la propuesta, y como gran novedad, crear dos
categorías de viviendas: unas destinadas
al alquiler a un precio asequible para las familias del municipio que no tengan
vivienda en propiedad, y otras viviendas en régimen de alquiler social,
destinadas a familias o personas que se encuentren en situación de exclusión
social por carecer de una vivienda habitual digna y/o de recursos suficientes
para acceder a la misma, siempre con informe preceptivo de los Servicio
Sociales Municipales. En estas últimas viviendas las familias aportaran un
alquiler social de 100-200 euros, abonando el resto el Ayuntamiento a través de
una partida específica de subvenciones, siempre mientras se mantenga la
situación social crítica de la familia.
Por
otro lado, IUC establece la necesidad de tener en cuenta en la ordenanza las situaciones de urgencia,
permitiendo el realojamiento de familias desahuciadas que se vean abocadas a la
calle.
Por ultimo,
Hernández ha propuesto establecer ventajas fiscales para los propietarios de
las viviendas, fomentando de esta manera su puesta a disposición del Banco de
Viviendas en Alquiler. Para ello, sugerimos subvencionar el pago del tributo o
gravar en mayor medida a las viviendas vacías en multipropiedad.
En
definitiva, en IUC consideramos que todas estas políticas son viables y se
realizan en muchos municipios de España. Evidentemente las alegaciones presentadas
son de alto contenido político, y como tal, dependen de la voluntad política
para llevarlas a cabo, que es lo que no sucede en este caso. No nos extraña el
rechazo del PP, porque así es su política de gestión en materia de vivienda
allá donde gobierna, alejada de la gente y de los problemas reales.
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