UNA JUNGLA EN LA VÍA PÚBLICA

Salvador García Llanos

Ahora resulta que comerciantes e industriales de la zona centro del Puerto de la Cruz han denunciado al Ayuntamiento por un un supuesto cobro indebido de las tasas por ocupación de la vía pública. Se quejan de no haber sido avisados del incremento -se supone que aprobado por el pleno de la corporación- y de que, en algunos casos, tal aumento triplica el importe del ejercicio anterior. Puede que las discrepancias terminen judicializándose. Contencioso ‘habemus’.

Puede no, seguro, si tenemos en cuenta las manifestaciones públicas de los afectados y de su representación legal: fue el propio gobierno local (CC+PP) el que, según dicen, reconoció su error y les animó a presentar una impugnación que luego terminó rechazando, apoyándose en las disposiciones de la nueva Ley de pago a proveedores. Con las liquidaciones en la mano, los afectados disconformes parecen dispuestos a agotar las vías a su alcance con tal de no abonar las cantidades cursadas.

Como con otros casos, volvemos al pecado original. Es decir, el problema surge cuando hay un exceso de permisividad en la ocupación de calles o terrazas, pese a la existencia de una ordenanza reguladora que seguro estaba desfasada, de acuerdo, y era preciso actualizarla. Entre este propósito y su materialización, las vías se poblaron de todo: cafeterías y restaurantes, principalmente, expandieron su área de negocio. Hemos escrito varias veces sobre el particular y cuando hemos comprobado ‘in situ’ (ejemplo, avenida Colón) el alcance de esa ocupación, no ha habido más remedio que hablar de auténtica anarquía y de auténtico abuso. Casi una jungla, sin exageraciones, en la que era y es difícil transitar, uno de los encantos que brinda la geografía urbana de la ciudad.

Se dejó y se dejó -como siempre, refugiándose en la crisis y a ver si damos vida a esto- hasta que la situación obligó a la adopción de medidas que, teóricamente, limitaban y regulaban, al tiempo que modificaban tipos fiscales. Los empresarios creyeron que esto no iba con ellos o que las repercusiones no iban a ser gravosas. Ahora ya, con las diferencias visibles públicamente, no solo es tarde sino que será más complicado encontrar una salida satisfactoria. 

Errores de forma y falta de comunicación o negociación  al margen, el problema tiene unas aristas apreciables: el gobierno municipal, viéndose desbordado y con tantas quejas acumuladas, probablemente utilizó la ordenanza fiscal para disuadir a quienes ya disponían en la calle de un segundo local. Trataba de mitigar el impacto. Es un criterio respetable que, en todo caso, necesitaba de explicación. Pues miren lo que ha conseguido: que el Ayuntamiento esté envuelto en un nuevo pleito. Lo de menos es que lo gane; lo importante es el tiempo en que tardará en ser resuelto. Sobre todo, por la aparente diferencia interna entre las concejalías competentes. Y porque, a la espera de una resolución o de una nueva redacción de la ordenanza reguladora, los comerciantes e industriales querrán mantener los ‘niveles’ que han ido cosechando, sin perjuicio de alguna otra medida que, en señal de protesta, ya han anunciado, como el cierre durante una jornada de esos espacios ganados a las peatonales y a algunas que no lo son también.

En medio de la jungla, por cierto, alguien se ha acordado del Consejo Sectorial de Comercio como órgano en el que tratar y debatir esta controversia en busca de alguna solución. Pero ¿a qué no suena bien en el gobierno local la música de la participación ciudadana?