Los informes jurídicos señalan que una empresa
privada no puede gestionar una tasa.
Izquierda Unida Canaria (IUC) y Vecinos y
Vecinas por el Puerto (VxP) llevarán a la próxima sesión plenaria municipal una
propuesta conjunta para tratar de que la empresa Aqualia deje de recaudar la
tasa por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales.
Ambas formaciones sostienen que, tal como han
dejado claro diversos informes de los técnicos municipales, una entidad
privada, como es el caso de Aqualia, no puede llevar a cabo el servicio de
gestión y recaudación de una tasa. Además, Aqualia ni siquiera es concesionaria
del servicio de depuración de aguas residuales, lo que aumenta la gravedad de la
situación actual.
IUC y VxP recuerdan que, en septiembre de 2011, el
Pleno municipal aprobó, con los votos favorables del grupo de gobierno, encomendar
a Aqualia la recaudación de la tasa por el citado servicio, a pesar de contar
con el informe jurídico desfavorable del Jefe de Servicio. En octubre del mismo
año se aprobó el convenio de colaboración para la encomienda de la recaudación
de la tasa a la referida empresa y, en noviembre, se modificó la ordenanza
reguladora de la tasa para adaptarla al modelo de convenio suscrito con
Aqualia, y que el cobro se realizara de manera bimestral y no semestral como en
ella estaba establecido. Ambos acuerdos volvieron a contar con informes técnicos
desfavorables.
Dados estos antecedentes, Izquierda Unida y
Vecinos por el Puerto consideran que no existe justificación alguna para que el
grupo de gobierno mantenga la encomienda a Aqualia durante más tiempo, y más aún
teniendo en cuenta los gravísimos incumplimientos de la empresa en la
prestación del servicio de abastecimiento de agua, del que sí es concesionaria.
Asimismo, subrayan que la deuda que el Ayuntamiento mantenía con la empresa y
que el grupo de gobierno utilizaba como argumento para la encomienda, al
permitir ir compensando aquélla con los ingresos de la tasa, ya ha sido saldada
mediante el Plan de Pago a Proveedores.
En consecuencia, IUC y VxP solicitan que se retire
inmediatamente la encomienda a Aqualia y que se estudie la conveniencia de
realizar la recaudación de forma directa por el propio Ayuntamiento o de
encomendarla al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.
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