Salvador García Llanos
No hay duda a partir de todos los informes
técnicos: la pobreza es un factor de alto riesgo en la salud de los canarios.
Junto a la obesidad y la diabetes, es la tercera causa generadora de la mayor
tasa de mortalidad de los canarios. Y es que nuestra comunidad encabeza los
índices de pobreza, obesidad y diabetes en nuestro país y en el entorno
europeo. El asunto entraña la suficiente gravedad como para que los agentes
sociales y las administraciones públicas le dediquen la necesaria atención.
Este dato, que el Gobierno de Canarias dedique el veinticinco por ciento del
presupuesto de Sanidad (tres mil millones de euros en números redondos) en
diabetes y sus complicaciones, es ilustrativo.
Pero centrémonos en la pobreza, conscientes de que
poner fin a la misma es uno de los principales desafíos que ha de afrontar la
sociedad de nuestros días. De hecho, recordemos que el primero de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Organización de Naciones
Unidas (ONU), es, precisamente, erradicarla pues lo considera un problema de
derechos humanos. Y es que la pobreza trasciende la falta de recursos o
ingresos para garantizar unos medios de vida sostenibles.
Evidentemente, no resulta fácil afrontar lo que es
todo un reto. Hay que luchar contra el hambre, la malnutrición, la carencia de
una vivienda digna y el acceso básico a la educación o la salud, englobando
este último concepto una formación limitada, el desinterés o el descuido de las
personas y sus entornos familiares. Está claro que los niveles serán diferentes
en territorios, según los niveles socioculturales o de desarrollo; pero todos
los elementos convergen en que se hace necesaria, cada vez más, una cultura
preventiva. Curar resulta mucho más difícil.
El caso es que varios testimonios coinciden en
señalar que en España la pobreza extrema está superada. Pero siguen existiendo
graves problemas como lo prueban los periódicos informes de distintas entidades
que calculan y establecen los umbrales correspondientes. La infancia es el
sector de población más afectado. Y eso que la atención es imperativa, según
subraya el Alto Comisionado para la Agenda 2030. Pero que más del veintiuno por
ciento de la población española viva por debajo del umbral nacional o que los
hogares con menores de dieciocho años sufran mayor riesgo de exclusión que el
promedio nacional son indicadores de que el problema es grave.
Por eso, la primera de las metas de los ODS es
acabar con la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente
calculada por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares americanos al día.
Para ello es indispensable poner en práctica, a escala nacional, sistemas y
medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos,
de modo que en 2030 sea posible lograr una amplia cobertura de los pobres y
vulnerables.
Para llegar a esas metas, explicita la ONU, hay que
garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas
fuentes, incluida la mejora de la cooperación para el desarrollo, ya que se
trata de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, especialmente los menos adelantados, a través de la implementación
y aplicación de políticas y programas encaminadas a poner fin a la pobreza en
todas sus dimensiones.
Por cierto, luego está el papel de los gobiernos y
los poderes locales que habrán de trabajar de forma coordinada para garantizar
el cumplimiento de las medidas que se establezcan. Ya se ha encargado la
Federación Española de Municipios (FEMP) de recordarlo. Y los problemas
detectados en Canarias, ya apuntados, son el ejemplo. De nuevo, aquella
premisa, piensa global y actúa local, cobra relevancia y se convierte en uno de
los pilares para afrontar todo lo que hay preparar con tal de alcanzar ese
objetivo: erradicar la pobreza.
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