Salvador García Llanos
Pareciera que el gobierno de los jueces y los propios
magistrados no quisieran enterarse del creciente malestar social con respecto a
algunas de sus decisiones. Se dirá que están aplicando la ley y si está en
vigor, pues nada que objetar. Pero hay grises.
Es difícil aceptar, sin más, por muy escrupuloso que sea
el procedimiento, que los componentes de La Manada estén en libertad; que el
marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, implicado en un un caso de presunta
extorsión, descubrimiento y revelación de secretos, disfrute en aguas del
Caribe sin disponer de permiso para salir de España y que el ex presidente de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez, haya quedado absuelto por la indolencia en la
instrucción.
Los tres casos, quizás por desarrollarse en unas fechas
en las que es más importante ocuparse de otras cosas, no han sacudido tanto el
desenvolvimiento de la sociedad española. Pero ello no obsta, siendo causas de
naturaleza diferente, para que se vuelva a dudar del funcionamiento de la
justicia en nuestro país, un problema de fondo sin resolver, agravado si se
quiere por el colapso que sufren los juzgados, pero que acentúa las dudas sobre
la credibilidad de los órganos judiciales que pareció quedar ya bajo mínimos
desde la controversia de las hipotecas hace unos meses.
Así, los componentes de La Manada se benefician de las
dudas de la naturaleza de los delitos que se les atribuye. No parece que anden
muy afectados cada vez que han de comparecer en sede judicial para conocer el
siguiente paso de su suerte. Sí que lo están la víctima, sus familiares y todas
aquella personas con un mínimo de sensibilidad que contemplan atónitas el
espectáculo. La Audiencia Provincial de Navarra es la que mantiene la libertad
provisional. Organizaciones de mujeres siguen clamando ya con evidente
escepticismo.
Tampoco saben qué decir quienes ven las imágenes del
marido de la periodista televisiva, en aguas templadas de República Dominicana,
haciendo prácticas de submarinismo, a las que tiene derecho, claro que sí, pero
que resultan difíciles de asumir después de conocer que una resolución judicial
le impedía salir de nuestro país, sin efecto por una decisión del titular del
Juzgado Central de Instrucción número 6, inspirada en vaya usted a explicar qué
artículo. Alguna razón habrá, pero tal determinación impulsa todas las
interpretaciones de trato de favor.
Pero lo que ya desborda todas las coordenadas de la
lógica, incluso la procedimental, es que el ex presidente de la Regíón de
Murcia y ex alcalde de Puerto Lumbreras, el popular Juan Antonio Sánchez, haya
salido absuelto de sus acusaciones de corrupción porque ni la juez instructora
ni la fiscalía hicieron lo que debían: sin que se hubiese practicado prueba
alguna, es decir, habiendo transcurrido seis meses sin tomar declaración a los
investigados y después de que la fiscalía pidió dos días tarde la ampliación
del plazo de investigación, el político ha quedado absuelto. Un juez, el
presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, fue contundente: “No hay
excusa, no hay disculpa y sí indolencia”. ¿Para qué más explicaciones?
Sí, la incomprensible postura del legislativo y hasta del
propio Gobierno que no han tenido en cuenta la petición unánime de las
asociaciones de jueces y fiscales para derogar -incluso por la vía del
decreto-ley- el artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), pues
aquéllas entienden que los seis meses establecidos como plazo para llevar a
cabo la instrucción correspondiente son claramente insuficientes en algunos
procesos.
Mientras tanto, unos que pasean libremente, otro que
disfruta de sus placeres aún donde teóricamente no podría hacerlo y un presunto
corrupto que se libera de sentarse en el banquillo por indolencia o
negligencia... Es normal que la gente dude y que se pregunte ¿hay quién dé más?
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