Cristina Tavío
Tras la
presentación del proyecto de Presupuestos de 2018 para Canarias, que este año
será de 8.239 millones de euros, lo que significa 938 más que en el 2017, cada
consejero ha comparecido en el Parlamento para explicar los objetivos
principales de sus áreas y los recursos con los que contarán el próximo año.
Esta semana,
como portavoz del Grupo Popular en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas, he tenido la oportunidad, por un lado, de escuchar al consejero del
ramo, Narvay Quintero, quién nos desgranó las líneas de actuación marcadas para
los próximos meses, y por otro, de darle nuestra visión sobre cómo se deben
utilizar estos fondos.
Lo cierto y
atendiendo sólo a las cifras, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias gestionará apenas un 1.47 por ciento del total
del presupuesto. Es decir, si esta área se mantiene es gracias a los recursos
que recibimos tanto del Gobierno del Estado como de la Unión Europea.
Dice el refrán
que con estos mimbres toca hacer el cesto, y de ahí que le hayamos pedido al
consejero que establezca todas las medidas necesarias para diversificar nuestra
economía, volviendo a mirar para nuestro campo y para nuestro mar, no sólo como
fórmula de autoabastecimiento sino también para generar empleo.
La población
activa en Canarias supera el millón de personas, de las cuales 750.000 se
concentran en el sector servicios. En cambio, hay apenas 20.500 personas
ocupadas en el sector primario, según los datos ofrecidos por el Instituto
Canario de Estadística (ISTAC) a junio de 2017.
No hay duda,
por tanto, de que hay margen para el crecimiento. Si a eso le añadimos el hecho
de que 90.000 de las 130.000 hectáreas de suelo agrícola que tenemos en
Canarias no se cultivan, comprobamos cómo las posibilidades de expansión son
aún mayores.
Mejorar la
gestión de nuestro suelo agrario y favorecer que nuevos empresarios exploten
los que tenemos sin cultivar deben ser objetivos irrenunciables. Más aún cuando
contamos con un nuevo instrumento que nos ayuda: la Ley del Suelo. Para
lograrlo es necesario contagiar a los técnicos de un espíritu agrícola porque
alguno todavía es reacio a permitir instalar en los municipios aquello que nos
da de comer.
En una
Comunidad Autónoma que recibe más de ocho millones de turistas, limitar la
actividad agrícola y pesquera es algo que no podemos consentir. Porque hablar
de sector primario es hablar de paisaje, pero también de productos frescos y de
economía circular. Es una forma de ganar todos y entre todos, y de
profesionalizar cada uno de los eslabones de la cadena.
Tenemos que
realizar todos los esfuerzos necesarios para poner en marcha una Estrategia de
Producción, Distribución y Comercialización de Productos Agrarios,
Agroalimentarios y Pesqueros que impulse y fomente el consumo de nuestros
productos seguros, saludables y de calidad.
Contamos con
medios para lograrlo ya que Canarias recibirá de la Unión Europea más de cuatro
mil millones de euros de los diferentes fondos comunitarios. Debemos ser
diligentes y eficaces con estas ayudas para que el campo y el mar canario no
pierdan ni un solo euro. No podemos llegar a septiembre de 2018 y que el grado
de ejecución de esta Consejería sea de un 38 por ciento como ha pasado este
año.
Sobre todo
cuando tenemos un gran problema con el agua, que salvamos gracias al Convenio
de Obras Hidráulicas ya que de los casi ocho millones recogidos en estas
cuentas, casi siete los aporta el Estado, y mientras tanto los Cabildos no
priorizan en inversiones hidráulicas de interés agrario.
Es un problema
grave porque puede llegar el momento en el que a los agricultores no les valdrá
la pena seguir regando. Alguien del sector me hizo esta reflexión que les
comparto: el problema de las generaciones futuras llegará cuando el recibo del
agua cueste más que el de la luz, porque podremos volver a las velas, pero sin
agua será imposible vivir.
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