VxP insiste en la ya necesidad urgente de modificar la ordenanza de
ocupación de vía pública
·Por su negligencia, el
Ayuntamiento ha causado inseguridad y desconcierto a los empresarios con
terraza en su negocio
En VxP creemos necesario proceder urgentemente a clarificar la situación y
modificar los baremos de cálculo establecidos en la Ordenanza para que se cobre
a TODOS los empresarios una tasa más acorde con la situación económica, en la
línea con lo que están haciendo al respecto otros municipios de la isla que, o
bien no la han subido (Adeje o Arona), o bien la han bajado (Santa Cruz de Tenerife), o bien incluso la
han dejado de cobrar para potenciar la actividad económica y el empleo (Tacoronte
o Las Palmas de Gran Canaria), cuestión que creemos debería plantearse para
algunas zonas de la ciudad que no se ven favorecidas por el efecto turístico
del casco.
A raíz de la controversia generada, nos consta que en el mes de abril el Concejal de Comercio, Lope Afonso, mantuvo
varias reuniones con asociaciones y empresarios afectados, y que en ellas se
comprometió a revisar y modificar la nueva ordenanza para corregir la brutal
subida que la aplicación de la nueva ordenanza suponía.
Desde abril, no solo no se ha hecho nada en tal sentido, sino que semanas
atrás, por parte del Área de Economía y Hacienda de la Sra. Rodríguez, se ha procedido
a poner al cobro las liquidaciones, poniendo así en evidencia una errática
forma de actuar por parte del gobierno local de CC-PP que ha sembrado el
desconcierto entre los afectados, y más, cuando nos consta que la reacción por
parte del Concejal de Comercio está siendo facilitarles a estos un modelo de
recurso para interponer contra la resolución de liquidación del propio
Ayuntamiento.
También
se da la circunstancia de que los comerciantes que han recibido las
liquidaciones son solo aquellos que procedieron a cumplir con su obligación de
solicitar los correspondientes permisos para la instalación de sus terrazas,
mientras que todos aquellos que hasta ahora no han regularizado su situación,
no han recibido liquidación alguna. Esta decisión supone un agravio comparativo
lamentable, no ya porque no se vaya a proceder a liquidar la tasa en el futuro (conforme
a lo que finalmente se determine) a los que no están regularizados (esperamos
que sí), sino porque estos permanecen ajenos de toda una situación que está
causando grave incertidumbre y preocupación a aquellos que sí han cumplido con
su obligación.
Estas
decisiones y enfoques deben ser valorados por los responsables del gobierno
municipal, dentro de lo que entendemos que debe ser la política económica para
el municipio. Creemos que para ello cuentan con la virtualidad que ofrece en la
práctica el hecho de que la previsión de recaudación por esta tasa no ha sido
tenida en cuenta en los cálculos elaborados por el Ayuntamiento para formular y
aprobar el Plan de Ajuste.
Todas estas actuaciones deberían al menos ser explicadas, porque suponen un
daño más que evidente a la imagen de seriedad que debe ofrecer esta
Administración ante unos ciudadanos, en este caso los comerciantes, para los
que resulta vital conocer cuál es la política del Grupo de Gobierno CC-PP (si
es que existe) con respecto a este asunto, para saber a qué atenerse y contar
con la necesaria seguridad jurídica y económica a la hora de plantear sus
inversiones.
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