Los Socialistas Portuenses tratan
con esta propuesta de que el Ayuntamiento apoye las iniciativas tendentes a
mejorar las medidas vigentes y no se modifique finalmente la Ley “a una más restrictiva y
que criminaliza el aborto”
El Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz elevará al próximo pleno
una iniciativa con el objetivo de promover una declaración institucional de la
corporación norteña a fin de velar por la protección de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y no se modifique la actual Ley Orgánica 2/2010 de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Con esta
moción el PSOE pretende que todos los representantes municipales apoyen las
iniciativas vigentes y “no se retroceda más de 30 años con una Ley restrictiva
que criminaliza a las mujeres que abortan”. Por ello, instan a que se amplíen
los derechos reconocidos en el texto aún vigente para que se garantice la
autonomía reproductiva de las mujeres incorporando detalles como la
despenalización total del aborto voluntario, eliminando su actual penalización
en el Código Penal, pasando a estar regulado como el derecho que tienen las
mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su
maternidad; el derecho de todas las mujeres a decidir, incluyendo las jóvenes,
las que no disponen de tarjeta sanitaria y las mujeres víctimas de violencia de
género, hoy desprotegidas; la
garantía de la práctica de las IVE en el sistema sanitario público, de forma
que se garantice el carácter universal de esta prestación, con equidad
territorial, y se normalice como prestación sanitaria para toda mujer que
decida interrumpir su embarazo, independientemente de su origen y su situación
legal, sin condicionamientos ni obstáculos por la valoración de terceras
personas; y la regulación de la objeción de conciencia de las y los
profesionales, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación
sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad
pública.
Estas
exigencias, según señalan los socialistas, no pueden llevarse a cabo sin un
compromiso del Gobierno de Canarias, dentro de sus competencias, a asegurar que
la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en la red sanitaria
pública, en los términos exigidos al gobierno español. Por esta razón,
solicitad que se exija a los Gobiernos español y canario a que se implementen las
políticas y las medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva
basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos,
asegurando la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el
desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de
género y no heteronormativa en todos los niveles de la enseñanza, como tarea
conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados, y el acceso a
los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de
acceso.
Así
también pretenden que el Ayuntamiento portuense “se comprometa a favorecer e
impulsar políticas municipales, dentro de sus competencias, que faciliten la
ejecución de programas de educación y atención afectiva y sexual, a cuyos
efectos se consignará en los presupuestos municipales una partida económica
específica que progresivamente alcance la cobertura de las necesidades reales
que en este área se identifiquen en nuestro municipio. A tal efecto, el
Ayuntamiento ha de comprometerse a dar traslado de esta moción al Gobierno de
España, al Parlamento, Gobierno de Canarias y FECAM, invitando a dichas
instituciones a sumarse a esta iniciativa.
Consejo europeo de 2008.-
Cabe recordar que los países donde se han desarrollado programas respetuosos de
los derechos sexuales y reproductivos que incluyen la legalización del aborto y
el desarrollo de programas de educación y atención sexual, tienen tasas mucho
más bajas de aborto que las estimadas en países donde éste es ilegal y no
existen programas de este tipo.
El
Consejo de Europa en la resolución 1607 (2008) reconoce que la ilegalización
del aborto, no consigue reducir el número de
abortos: conduce sobre todo a abortos clandestinos, más traumáticos, y
contribuye al aumento de la mortalidad maternal y/o al desarrollo del “turismo
del aborto”, una actividad costosa, que retrasa el momento del aborto y genera
desigualdades sociales. Actualmente en el mundo
mueren cada año 70.000 mujeres en abortos clandestinos. En esa misma Resolución
el Consejo de Europa hizo público el reconocimiento del aborto como un derecho,
remarcando que la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo
ha de ser respetada, y que los Gobiernos de los Estados miembros deben
garantizar que la interrupción del embarazo sea una práctica accesible y
segura.
El
retroceso que el Partido Popular pretende llevar adelante se hace bajo la estela
de un falso debate: aborto sí o aborto no. Pero la realidad es testaruda. Los
embarazos no deseados y los abortos, prohibidos o legales, existen, y
precisamente en Canarias constituyen un problema de salud pública, que ha
aumentado en las jóvenes de forma preocupante en la última década: la tasa por
mil mujeres entre 15 y 44 años ha pasado de 7´28 en el año 2000 a 13´16 en el 2011. En
el año 2011 se produjo un aumento del 25% en el nº de abortos respecto a 2010,
que a su vez suponía un aumento del 10,6 % de 2009. Y especialmente alarmante
es el caso de las menores. En el año 2012 se contabilizaron en Canarias 32
abortos en menores de 15 años, en 2011, fueron 22 y 17 en los años 2010 y 2009.
Actuemos
con honestidad. No caigamos en ese falso debate. La realidad nos muestra que
las mujeres se arriesgan a ser encarceladas o a morir por interrumpir un
embarazo no deseado en la clandestinidad, lo que refleja la angustia y
sufrimiento que supone la maternidad impuesta, fundamentalmente para las
mujeres más necesitadas, y evidencia que la maternidad obligada es una clara
violación a los derechos humanos de las mujeres.
El
debate real debe centrarse en cómo contribuir a respetar la autonomía de las
mujeres, su derecho a decidir, cómo favorecer que los embarazos no deseados, y
por tanto los abortos, disminuyan, y en cómo posibilitar que si una mujer se
encuentra en la necesidad de practicarse un aborto lo pueda hacer en las
mejores condiciones para su salud.
El
derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de
justicia social. La decisión de ser madre o interrumpir un embarazo pertenece
al ámbito personal, a la ética privada de cada mujer y no puede ser una
imposición ni desde el punto de vista penal ni moral; es, y debe ser, fruto de
la decisión consciente, asumida, aceptada y deseada de la mujer. Las mujeres
tienen derecho a que se les respete su autonomía, su dignidad y su libertad
moral, derechos recogidos en la Constitución. Y todas las personas tenemos
derecho a venir al mundo siendo queridas y deseadas.
El
derecho a la vida no es un derecho abstracto, se desarrolla vinculado a otros
como el derecho al cuidado, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la
vida digna. Tener una legislación que despenalice y legalice el acceso al
aborto, no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, pero sí obliga al
Estado a que incorpore y mantenga servicios de calidad, que no pongan en riesgo
la vida y la salud de mujeres que tomen esa decisión.
El
camino para reducir el número de interrupciones del embarazo no pasa por
restringir la ley que permite acceder a estas prestaciones. Es necesario
abordar el problema de fondo: los motivos por los que se producen embarazos no
deseados. Se deben poner en marcha políticas y medidas integrales en salud
sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales
y reproductivos.
En
Canarias “algo está fallando”. Y es que las políticas en materia de educación y
atención a la sexualidad son prácticamente inexistentes o simplemente
erráticas. En la última década los diversos recursos y servicios puestos en
marcha en la primera etapa del Plan Canario de educación y atención a la
sexualidad juvenil (años 1997-2000) se han ido desmantelando (consultas
jóvenes, Programa de la
Consejería de Educación, planes municipales, etc.), y los que
resisten lo hacen gracias al empeño y voluntad de un grupo de profesionales. No
se están desarrollando medidas educativas y asistenciales desde una perspectiva
integral. Lo preocupante es que mientras las Instituciones miran para otro lado
o se pasan la pelota, a nuestras jóvenes generaciones no se les facilitan las
herramientas para decidir consciente y responsablemente sobre su sexualidad,
sobre sus vidas. Porque el que haya más o menos abortos depende
fundamentalmente del acceso a una educación afectiva y sexual adecuada y de la
disponibilidad de servicios de anticoncepción para toda la población, y la
protección de la salud y la libertad de las mujeres requiere que la
interrupción voluntaria del embarazo se realice en condiciones de seguridad y
legalidad, consideramos que las Administraciones deben adoptar las medidas
necesarias para que los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos
básicos, sean protegidos.
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