Los Socialistas Portuenses
apuestan por el desarrollo de las energías renovables y por que se inicie un
proceso de participación para consensuar la política energética del país para
otorgar la seguridad jurídica a este sector estratégico.
El Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se suma a la petición de retirada del
Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que se tramita actualmente. En la
propuesta presentada para tratar en el próximo pleno de la corporación también
se incluye la derogación de las normas que amenazan al desarrollo de las
energías renovables y a promover un proceso de participación que se encuentre
encaminado a consensuar una política energética para el país de manera que
provea al sector de una seguridad jurídica y una estabilidad razonable.
La iniciativa, según resalta el edil socialista Guillermo Pérez
Pastor, “trata de instar al Gobierno de España a que respete los compromisos
internacionales adquiridos para la reducción de emisiones de gases efecto
invernadero y a una obligada convergencia con la Estrategia Energética
Pérez Pastor explica que en el tercer punto de la moción además se
solicita “el compromiso de Consistorio portuense a implementar las medidas de
eficiencia y de ahorro energético así como un apoyo institucional a las
energías renovables en el ámbito de sus competencias”.
Los socialistas quieren recordar el fuerte compromiso medioambiental
del partido a nivel local que ha presentado varias propuestas en esta línea. La
última fue presentada en el pleno del pasado junio donde se pedía la adhesión
del municipio al Pacto de los Alcaldes, un acuerdo promovido desde el Cabildo
de Tenerife y que contaba con el respaldo del Gobierno de Canarias. Pérez
Pastor matiza que “con el rechazo a la adhesión al Pacto de los Alcaldes,
nuestro Ayuntamiento perdió una oportunidad de hacer el esfuerzo que le
corresponde por afrontar su cuota de disminución de emisiones y aumento de la
eficiencia de las instalaciones municipales, ya que sumarse al proyecto no
suponía ningún coste inicial para las arcas municipales y si aporta múltiples
beneficios, pues hubiera generado un importante ahorro económico en la
provisión energética de las instalaciones dependientes del Consistorio”.
“Nos sumamos a esta demanda por responsabilidad política ante la
avalancha de pleitos y recursos que se están planteando desde prácticamente
todos los sectores y que confirman el enorme rechazo que suscita esta Reforma
Energética”, asegura Pérez Pastor, quién también apunta que “este municipio no
puede quedar al margen de la defensa de los intereses del conjunto de ciudadanos
que sufrirán las consecuencias directamente en sus bolsillos, en sus empleos y
en su calidad de vida”.
Razones del rechazo.- Con el Proyecto de Ley del
Sector Eléctrico, cuya tramitación parlamentaria concluirá previsiblemente en
el mes de diciembre próximo, el Gobierno parece querer dar por concluido el
proceso de dos años de continuos cambios normativos que ahora se presentan como
el remedio al déficit tarifario del sistema, y que tuvo su inicio con el Real
Decreto 1/2012 de moratoria para las energías renovables.
No es en absoluto recomendable que una reforma de la profundidad y
alcance de una Ley básica, que modifica el marco legal instaurado en 1997, se
lleve a cabo unilateralmente, prescindiendo de la insustituible participación
de los agentes concernidos -como administraciones afectadas, consumidores y del
sector de las energías renovables- sin que se atisbe voluntad de alcanzar el consenso
en el trámite parlamentario. Ello ha supuesto severas críticas desde los
Organismos Reguladores Independientes, tanto de la Comisión Nacional
de la Energía ,
como de la Comisión
Nacional del Mercado de la Competencia , y ha
despertado una enorme inquietud más allá de nuestras fronteras.
Las razones del rechazo que concita esta reforma interesan a
diferentes aspectos de la norma del gobierno entre los que cabe destacar que:
-
Consolida un
marco energético superado por 15 años de desarrollo tecnológico obviando que la
realidad actual es radicalmente distinta de la de 1997, como lo demuestran
hechos tan relevantes como la catástrofe de Fukushima, o la incontestable
evidencia de los efectos de nuestro modelo sobre el cambio climático.
- Ignora
la hoja de ruta energética que la Unión Europea ha trazado hasta 2050, lo que
puede dejar descolgados a aquellos países que no acomoden sus propias
estrategias al espacio comunitario. Y muy especialmente en el caso de países
que precisan de un gran esfuerzo de interconexión para suplir el efecto isla
como sucede en España.
- Desprecia la oportunidad que las economías
tractoras de la UE
han visto en la llamada transición energética, fosilizando a España en un
modelo del pasado. Alemania abordó la suya en 2010, Reino Unido inicia ahora la
ejecución de la propia tras varios años de trabajo, y Francia acaba de poner en
marcha una suerte de pacto de país con la voluntad de acordar su gran
transición energética.
- También arroja por la borda el trabajo de
los últimos años de un sector empresarial innovador y pujante, que nos colocó a
la cabeza del liderazgo mundial en renovables, desatando en paralelo un nuevo
conflicto social que puede traducirse en miles de euros de pérdida para los
inversores familiares que acompañaron el enorme esfuerzo inversor que ello
supuso.
- Lejos de resolver el déficit de tarifa, lo
consolida trasladándolo al recibo de la luz con el consiguiente incremento del precio de la electricidad
para las empresas y las familias, deteriorando la competitividad de aquellas y empobreciendo
las economías de éstas.
- En plena crisis hace aflorar una nueva
brecha social, la que llega de la mano de una pobreza energética creciente que
se ceba con las familias que se ven obligadas a renunciar a determinados
servicios en sus hogares, viendo rebajada su calidad de vida a niveles que no
se veían hace décadas en nuestro país.
- Desprecia la oportunidad de avanzar hacia la
independencia energética al renunciar a las renovables, condenando
a los ciudadanos y empresas a tener que pagar una energía más cara que el resto
de la UE y, lo que
es más grave aún, que seguirá encareciéndose por encima de los países de
nuestro entorno en los próximos años.
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