A finales del pasado año fue aprobada por el Gobierno
autónomo la Declaración de Emergencia Climática en Canarias, un acuerdo con el
que se pretende comprometer y agilizar las políticas del ejecutivo para frenar
esa amenaza mundial. Esta Declaración tenía como principal propósito impulsar
la tramitación y aprobación de la Ley Canaria de Cambio Climático, “una
herramienta fundamental para el futuro de la biodiversidad, los ecosistemas, la
economía y las futuras generaciones de Canarias”, tal y como destacó hace pocas
fechas el consejero de Transición Ecológica del Gobierno, Lucha contra el
cambio climático y Planificación territorial, José Antonio Valbuena.
El citado proyecto de Ley engloba objetivos como alcanzar
el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable, implementar mecanismos de
absorción de carbono en los medios físicos de Canarias (marinos, terrestres y
atmosféricos), reducir la demanda de energía hasta valores sostenibles,
promover el aumento de la eficiencia energética, apoyar la investigación en materia
de cambio climático y crear espacios educativos y de información para la
población sobre estos ámbitos de actuación.
Pues bien, ya hay borrador de esta Ley de Cambio Climático,
según anunció días pasados el propio Valbuena, un ambicioso texto normativo que
pretende situar al archipiélago en la vanguardia de aquellas tareas de gestión
medioambiental y que se fija objetivos tales como la descarbonización de las
islas en el año 2040. Lo que se plantea es un cambio de modelo y el
establecimiento de obligaciones a todos los niveles, tanto en los sectores
público como privado.
Estamos, por tanto, ante uno los hechos relevantes de la
legislatura si es que la ley no se estanca y, como ocurriera con otras
iniciativas legislativas, su aplicación se convierte en algo estancado. O
sencillamente, no se desarrolla para que todo siga igual. Lo importante de
iniciativas así es que la gente se identifique, las haga suyas, de modo que los
objetivos a alcanzar sean una beneficiosa tarea colectiva. Tendrán que esforzarse
desde la Consejería para concienciar y sensibilizar, con solución de
continuidad, porque comenzar acciones que luego se pierden en el tiempo y no se
conectan es un ejercicio estéril. Se requiere mucha pedagogía política para que
la norma sea, desde su primer día de vigencia, útil y eficaz.
Aquí –y en todos lados- hemos de ser conscientes de que el
cambio climático es un hecho muy serio que requiere predisposición, preparación
y voluntad clara de afrontar el cambio con pragmatismo. El debate de tramitación
debería ser un ejemplo de responsabilidad y de compromiso de los grupos
parlamentarios y de aquellos otros agentes sociales posibles intervinientes.
Tengamos presente que el texto quiere fijar objetivos a corto plazo para las
administraciones públicas y pautas concretas para todos los sectores de
Canarias, siempre en sintonía con las directrices que marca la Ley estatal de
Cambio Climático. En esta línea, contempla medidas específicas para ámbitos
como el turismo, el transporte, la agricultura, la sanidad o la seguridad,
siempre desde un principio de gobernanza de cooperación entre todas las
administraciones.
El departamento de Valbuena ha iniciado actuaciones que
resultan prometedoras. Lástima que la pandemia haya alterado calendarios de
trabajo y horizontes que parecen bien trazados. Promover la adhesión de las
corporaciones locales de Canarias al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la
Energía Sostenible de la Unión Europea es ujna de las determinaciones
enmarcadas en la Declaración de la Emergencia Climática y que ha contado por
primera vez con fondos específicos en los presupuestos del Ejecutivo.
En concreto, la Consejería destinó 500.000 euros a
incentivar y facilitar a las corporaciones locales la puesta en marcha de
medidas encaminadas a mitigar los efectos del cambio climático. En este
sentido, las instituciones que se adhieran a este Plan deberán comprometerse a
recortar las emisiones de CO2 en, al menos, un 40% para el año 2030.
Por otro lado, la Consejería también trabaja en la
actualidad en una propuesta de simplificación administrativa para facilitar el
avance de determinados proyectos, revitalizar la economía de las islas y apoyar
a multitud de sectores que se han visto afectados por la crisis de la COVID-19.
El Parlamento y el Gobierno tratarán tales propuestas el próximo mes de
septiembre.
A todo lo anteriormente expuesto, hay que añadir que este
departamento autonómico iniciará en el mes de octubre los trabajos de la Ley de
Biodiversidad y Patrimonio Natural de Canarias y, a finales de año, hará lo
propio con la reforma de la Ley del Suelo.
Las bases de trabajo parecen bien compuestas. Ahora, se
trata de pedagogía política, esfuerzo y aplicación. El cambio climático obliga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario