Salvador García Llanos
Primero fue el presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, quien, con su voto de calidad,
determinó que la propuesta del ministerio de Hacienda fuese aprobada y la controversia
de la utilización de los superávit por parte de los ayuntamientos quedara
superada. Y luego, ayer por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez firma el “Acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para contribuir
a desarrollar una movilidad sostenible, la Agenda Urbana y políticas de
cuidados y apoyo a la cultura”, es decir, una mayor carga de bombo para
sobrepasar las cuentas pendientes y hacerlas viables con otras condiciones,
otros enfoques y en otro escenario.
“Nunca se firmó un acuerdo de esta envergadura entre la
Federación y el Gobierno de España”, resumió Caballero. “Es un acuerdo para
impulsar, también desde los ayuntamientos, la recuperación del país”, dijo
Sánchez, quien lo consideró clave para dotar a los pueblos y ciudades de los
recursos necesarios para que puedan paliar los efectos de la COVID-19 y
contribuir a la reconstrucción económica y social.
La supresión de la regla de gasto para el año 2000, las
entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio de 2018, son aspectos
consignados en el texto del acuerdo, lo que para la presidencia de la FEMP se
estima como muy favorable para la financiación de los ayuntamientos “porque los
ingresos cayeron y sin embargo el Gobierno de España nos sigue haciendo las
mismas aportaciones mensuales a cuenta de los ingresos definitivos”.
El Presidente de la FEMP recordó también el fondo de
transporte dotado con hasta 400 millones de euros y “lo más importante: el
Gobierno establece un mecanismo mediante el cual aporta 5.000 millones de euros
a las Entidades Locales, a aquéllas que entreguen sus remanentes, que los
Ayuntamientos no tendrán que devolver. Pero además reintegrará el conjunto de
los remanentes en diez años desde el año 2022. Lo que los Ayuntamientos
planteábamos, que era poder gastar nuestros remanentes, lo vamos a poder gastar
durante diez años”.
Se entiende entonces que los corsés de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como los de la
propia Constitución, van flexibilizándose. Ya escribimos el último día del mes
de julio que la normativa condicionaba las aspiraciones de las entidades
locales en lo que a dineros municipales se refiere. El Partido Popular (PP) no
está de acuerdo e interpreta que el Gobierno se queda con parte de esos dineros
ya contabilizados, seguramente pensando en consecuencias políticas de mayor
dimensión al cuestionar los criterios del presidente Sánchez y de la ministra
Montero. Pero ya veremos si tal cuestionamiento desemboca en algún tipo de
contencioso promovido por los conservadores, mientras, eso sí, se va ingresando
lo que corresponda desde la materialización del acuerdo.
Por lo que a Canarias concierne, hay una disposición
adicional que resulta muy interesante. Se permite a los cabildos hacer uso de
su superávit, lo que propicia la reactivación social y económica de las
administraciones insulares, utilizando las transferencias necesarias para
cubrir la merma de recursos del bloque del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Y otro hecho llamativo del acuerdo que necesita, por
cierto, una difusión adecuada: también alcanza, con medidas concretas, a los
ayuntamientos sin remanentes y en situación de riesgo financiero.
En fin, que los municipales, a la espera de debates
suplementarios, podrán respirar más tranquilos.
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