Salvador García Llanos
Parece que todos están de acuerdo: hay que mejorar la
gestión del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma. Se aspira a
ganar eficacia y a ser más competitivo: en tiempos como los que concurren, las
empresas públicas no pueden ni deben resignarse a un papel pasivo. Concebidas
para dinamizar la productividad, han de cumplir también una función social. En
todo caso, se trata de superar el cliché que, en muchos casos, injustamente, le
ha sido adjudicado: chiringuitos, refugio de fracasados procedentes de otros
ámbitos u opción para intentar salir de un trance que no siempre se identifica
con la defensa o el estímulo de intereses generales.
El Gobierno de Canarias entiende que hay que incrementar la
eficacia del sector público. Se puede. Y se lanza hacia ese objetivo planteando
con claridad la homogeneización de la gestión y la gobernanza de las empresas
públicas. El vicepresidente del ejecutivo y consejero de Hacienda, Román
Rodríguez, ha valorado que dichas empresas deben tender al equilibrio financiero,
“con una gestión eficaz y eficiente”. Y eso que reconoce la buena situación
económico-financiera del sector –acaso porque la propia Comunidad Autónoma
afronta sus eventuales pérdidas-, hecho que no impide el objetivo principal
aludido: alcanzar el equilibrio financiero.
¿Cómo lograrlo? El Gobierno quiere trazar una estrategia
que bascule sobre cuatro ejes: buen gobierno y transparencia en la gestión;
medidas en materia de gestión económica-financiera; tutela efectiva y
regulación de los denominados encargos a medios propios. Las actuaciones para
desarrollarla, según informan desde la propia consejería de Hacienda, deberán
concretarse en la homogeneidad de comportamiento de las sociedades en términos
de gestión, a través de un sistema de control y coordinación del seguimiento
marco del buen gobierno corporativo en el que se controle, entre otras medidas,
la implicación de la Consejería que ejerce la tutela efectiva, el compromiso de
los representantes del Gobierno en el devenir de la sociedad, la celebración
periódica de los Consejos de Administración o la tramitación de los acuerdos
societarios que tengan implicación jurídica frente a terceros.
No olvidemos que los resultados de las sociedades o
empresas públicas afectan a los de la Administración General en cuanto inciden
en el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto,
independientemente del objetivo de cumplir con el período medio de pago.
Así las cosas, y con todo ese trabajo por delante, es
consecuente pensar en la potenciación de la profesionalización del máximo
órgano de gestión y equipo directivo en materias generales aplicables al
Servicio Público de Empleo (SPE). Que se piense en un manual de instrucciones
para los representantes en los consejos de administración, no es descabellado.
Porque, según las mismas fuentes, las tareas referidas, por ejemplo, a los
encargos y encomiendas a estas sociedades por parte de las propias
administraciones públicas, requerirán de criterios rigurosos cuyo seguimiento
estará a cargo de profesionales cualificados.
El caso es que el Gobierno se toma en serio el sector
público empresarial, consciente de que en una situación de crisis como la que
se padece y ante coyunturas futuras muy adversas como se auguran, es importante
contar con dicho sector para contribuir a afrontarlas con seriedad y voluntad
de utilidad pública. Homogeneizar la gestión e incrementar la eficacia: está a
es la doble aspiración.
No hay comentarios:
Publicar un comentario