Odalys Padrón En Canarias, dos empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio
González, consiguieron unos beneficios de más de 110 millones de euros, más de
18.000 millones de pesetas, sin arriesgar un solo euro y sin mover un solo ladrillo.
¿Magia empresarial? No, corrupción política. Aunque algunos creían que no
llegaría, comienza el juicio penal, once años después de que la Asociación
Ínsula Viable, constituida en su día por militantes de base del PSC-PSOE cuya
mayoría a día de hoy militan en Socialistas por Tenerife, interpusieran una
denuncia ante la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos
(Anticorrupción). Una causa considerada por la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, como
un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por
la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino
por las circunstancias posteriores para hacerlo viable. El conocido como “Caso Las Teresitas” es un ejemplo de cómo
la corrupción político-empresarial puede mermar las arcas públicas acabando con
el “Estado del Bienestar”. Actualmente se conocen casos como La Gürtel, La
Púnica, los ERES, etc y ya no es tan sorpresiva la telaraña corrupta y sus
modus operandi pero el año en que se interpuso la denuncia algunos de sus
denunciantes perdieron su trabajo o fueron vilipendiados. La presión que
soportaron los auténticos denunciantes, no aquellos que se atribuyen el mérito
cuando ni firmaron la denuncia ni pagaron las costas cuando un juzgado
ordinario sobreseyó el caso que ha demostrado ser de un grado superlativo de
corrupción, ha sido brutal y nunca saldrá a la luz porque son acciones de
héroes anónimos y demócratas que antepusieron el interés general al suyo
propio. Sirva este escrito como homenaje a todos ellos, algunos de los cuales
ya ha fallecido y no podrá conocer lo que significó su sacrificio. Están imputados los empresarios Antonio Plasencia,
expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción, y su hijo Carlos,
Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio, y su hijo Pedro, el
exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria (CC), Miguel Zerolo y
el que fuera su Concejal de Urbanismo, también de CC, Manuel Parejo y los
exconcejales que en aquél momento representaban a la oposición Emilio José
Fresco del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y José Emilio García Gómez
del Partido Popular (PP) así como los funcionarios Victor Reyes, exsecretario de
Urbanismo, José Luis Roca, exinterventor de Urbanismo, José Tomás Martín,
exgerente de Urbanismo, José Eugenio de Zárate, exsecretario del Ayto de Santa
Cruz y Antonio Messía de Yraola, exinterventor del Ayto de Santa Cruz. La operación Las Teresitas podría resumirse a grosso modo
como una operación perfectamente orquestada por una alta autoridad que mece la
cuna. Decía el poeta William R. Wallace “la mano que mece la cuna es la mano
que domina el mundo”. En 1998, Ignacio González, empresario y en aquél momento
Presidente de la Cámara de Comercio, crea una Sociedad, Inversiones Las
Teresitas, nombrando como testaferro a un empleado suyo. Pide un préstamo de
33,7 millones de euros, 5.600 millones de pesetas, a la Caja de Ahorros
CajaCanarias presidida por Rodolfo Núñez Ruano que había sido, entre otros
cargos en el Gobierno de Canarias, Director General del Gabinete de Presidente
del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso Rojas, de CC y mentor político del
exalcalde Miguel Zerolo. En el Consejo de Administración de CajaCanarias además
de estar el propio empresario, de ahí la necesidad de utilizar un testaferro,
está el alcalde Miguel Zerolo de CC. Dicho Consejo concede el crédito y los
empresarios adquieren el frente de la playa denominada “Las Teresitas”, 298.000
metros cuadrados. Tres años después, en 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, cuyo alcalde seguía siendo Miguel Zerolo, de CC, le recompra, a los
empresarios, un tercio del suelo por 52,7 millones de euros. Eso significó la
ganancia, para los empresarios, de 19,6 millones de euros. Además el Ayto
recalifica el suelo restante de uso hotelero a uso residencial lo que se
tradujo en una ganancia de 90,3 millones de euros. En total los empresarios se
embolsaron 110 millones de euros, más de 18.000 millones de pesetas, sin
invertir un euro propio. Datos a tener en cuenta: 1. Rodolfo
Núñez Ruano, director de CajaCanarias, aparece en la lista Falciani de
potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en Suiza. Abrió la
cuenta en el año 2001, año de la compraventa del frente de playa 2. Informes
elaborados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la
Brigada Provincial de la Policía Judicial revelaron que el empresario Plasencia
y el expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, tuvieron relaciones
societarias y que durante el periodo comprendido entre 1998 y 2002 desde el
entorno de Plasencia se transfirió 3.974.916,6 euros a cuentas del entorno de
Núñez sin que dichos traspasos se puedan justificar. 3. El Banco de España incoó expediente a
CajaCanarias por cometer una infracción de la normativa que regula el
funcionamiento de las entidades financieras que culminó con una amonestación
privada 4. CajaCanarias
avala, en el mismo día, al testaferro utilizado por el empresario y que trabaja
en su empresa, un préstamo de 33,7 millones de euros. Sin embargo, un año
antes, el mismo trabajador, había pedido un préstamo personal que le fue
denegado tal vez porque su nómina era de 723 euros. 5. CajaCanarias
concede el crédito de 33,7 millones de euros, unos 5.600 millones de pesetas,
sin aportar ninguna garantía hipotecaria salvo el valor de las 101 parcelas,
298.000 metros cuadrados, no adquiridas todavía. 6. Una
funcionaria de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC) admitió, en el juzgado, que guardó “en el horno” de su vivienda
dos DVDs del “caso Las Teresitas” a fin de poder demostrar las horas extras y
pedir una compensación económica. Asumía tareas de tramitación pese a que su
cometido era el de auxilio judicial. 7. Han
aparecido documentos, dentro del propio Ayuntamiento, que acreditan que el
frente de playa que la Corporación recompró por 52,7 millones de euros, siendo
alcalde Zerolo, eran propiedad del municipio desde 1967. El Ayto pagó por algo
que ya era suyo. 8. El exalcalde
Miguel Zerolo, según la policía, vivió durante 28 meses con un tren de vida de
lujo sin sacar un euro del Banco. La situación económica de la familia del
exalcalde, según fuentes policiales, cambió drásticamente en el año 2001, fecha
en la que se cierra la compra del frente de playa por el Ayto. Pasó de ser
deficitaria, cuantificándose en -3.000 euros en el año 2000, a tener un
superávit de casi 52.000 euros. Lo curioso es que pese a tener un nivel de vida
elevado, en un año la familia consumió más de 8.000 euros en restaurantes,
6.366 euros en ocio y 5.986 euros en viajes, la policía destaca que la
extracción de dinero en cajeros era irregular y a veces inexistente durante
largos periodos con lo cual quedaba acreditado que la unidad familiar disponía
de otros recursos monetarios. Así destacan la compra de 5 coches y un
ciclomotor por un precio total de 107.000 euros cuyo origen según la investigación
“es desconocido”. 9. En el año
2001 Miguel Zerolo resultó premiado consecutivamente en los sorteos de la
Lotería de Navidad y la Lotería del Niño. Diez décimos del número 61.941 de la
Lotería de Navidad le proporcionaron más de 43.000 euros en premios y unos días
después 135 décimos del número 23.427 de la Lotería del Niño le dejan 14.605
euros. En total, casi 60.000 euros en premios. La policía cuestiona, además de
la probabilidad que es ínfima, el hecho de que no hay rastro en las cuentas bancarias
de la compra de los décimos que a 3.000 pesetas por décimo sumaban unas 435.000
pesetas. 10. Miguel Zerolo mantuvo que su padre siempre jugaba al
mismo número y que en ese ejercicio le tocaron unos 14.000 euros por la compra
de 140 décimos. El padre de Zerolo declaró ante el Juez que nunca le ha tocado
más de 12.000 euros y que nunca ha comprado más de 15 décimos. Hecho
corroborado por la policía. 11. El 18 de enero, Miguel Zerolo, tras ser agraciado con
los premios de la lotería adquiere, por poco más de 52.000 euros, una finca
rústica propiedad de una anciana, situada en el Municipio de Granadilla. Se
declara reserva natural especial y la finca acaba siendo permutada por otros
terrenos que Zerolo vendería por casi 670.000 euros, o sea, diez veces más de
lo invertido. El Ayuntamiento de Granadilla da a conocer el plan parcial que
otorgaba las permutaciones un día antes de que Zerolo comprara la finca
rústica. La operación se hizo con la participación activa de la empresa pública
Gestur. 12. Los Inspectores de la Agencia Tributaria informan que
Herminia Gil, concejal del PSOE que votó a favor de la recompra de los terrenos
a Inversiones Las Teresitas, firmó una escritura el 20 de noviembre de 2001
para la adquisición de un piso en la capital tinerfeña por un precio muy por
debajo de su valor y sin pedir una hipoteca. La Policía Judicial establece una
tabla comparativa donde se aprecia que el metro cuadrado pagado por Herminia
Gil es de 406 euros mientras en los pisos colindantes es de 1.458 y 1.661 euros,
o sea, el triple. 13. El mismo año que el Ayuntamiento recompra el frente de
Las Teresitas la esposa de Zerolo adquiere dos locales comerciales en un
céntrico edificio, propiedad de unos de los empresarios, por 584.000 euros pese
a que se tasaron en un millón de euros que fue el crédito solicitado. La
policía especuló con un posible pago del empresario a Zerolo. También un
hermano del exalcalde adquirió tres locales para restauración en el mismo
edificio. Incluso se han aportado datos del posible regalo al exalcalde de un
ático en un edificio de lujo situado en el centro de Santa Cruz. 14. La policía comprobó como las familias de los
empresarios, González y Plasencia, adquirieron un costoso sistema informático
de centralita telefónica y de móviles encriptados con el objeto de distorsionar
la voz y que fuera inteligible en caso de intercepción de las comunicaciones lo
que evidencia “el elevado interés por ocultar sus actuaciones ante una posible
investigación judicial y policial”. 15. El Parlamento Canario eligió Senador a Zerolo, en
representación de la Comunidad Autónoma, pese a estar imputado por
prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho en el “caso Las
Teresitas”. En dos años tan sólo presentó una iniciativa pero su causa pasó al
Tribunal Supremo, suponiendo un nuevo retraso en la causa judicial. La
declaración de bienes registrada en el Senado permitió conocer que poseía
486.000 acciones de valor diverso en minas de Perú, Uruguay, Canadá, Reino
Unido, Bostwana, Mongolia, el estado norteamericano de Colorado y el sudoeste
de Australia cuyas extracciones de carbón, oro, uranio, molibdeno, hierro,
petróleo y tierras raras cotizan en las bolsas de Londres, Toronto, Nueva York
y Sydney. 16. El hijo de uno de los empresarios imputados en el Caso
Las Teresitas preside un partido político denominado Centro Canario
Nacionalista (CCN), ya sin actividad. Un registro policial, relacionado con el
Caso Las Teresitas, propició la incautación de documentación de la contabilidad
de la campaña electoral de 2007 donde el partido presidido por el susodicho
manejó cantidades muy por encima de lo que permite la ley, unos siete millones
de euros. La Fiscalía Anticorrupción solicitó hasta cuatro años de cárcel para
la cúpula del partido e imputó a un total de cinco personas por los delitos de
falsedad de la ley de Régimen Electoral General y de malversación de caudales
públicos. El juicio será, probablemente, durante el año 2017. 17. La policía, mientras realizaba pesquisas del Caso Las
Teresitas, halló documentación relacionada con la privatización de la Empresa
Municipal de Aguas Emmasa que contó con la oposición frontal de los grupos de
la oposición e innumerables colectivos vecinales y con el rechazo del
interventor municipal. Este proceso que se proyectó en el transcurso de veinte
días en el mes de julio de 2005 y que finalizó en marzo de 2006 con la venta de
acciones a la mercantil Sacyr Vallehermoso contó con la participación de otro
imputado en el Caso Las Teresitas, el exsecretario municipal. El proceso de
adjudicación que reportó 60 millones de euros a las arcas municipales está
recurrido ante los tribunales de justicia 18. Miguel Zerolo cargó al Ayuntamiento de Santa Cruz tres
noches en un hotel de lujo en Madrid junto a su hijo. Hay habitaciones cuyo
coste supera los 700 euros. Según el sumario de las Teresitas este hotel era el
elegido por Zerolo y alguno de sus asesores cuando se desplazaba a Madrid. Se
reunió con Jorge Bethencourt, periodista, amigo personal del exalcalde y asesor
de urbanismo, con Julio Bonis, de CC, expresidente del Gobierno Canario y socio
de Jordi Pujol con el que invirtió 6.5 millones de dólares en la Baja
California, México de los que no ha sabido justificar su procedencia ni ha
querido regresar a España para testificar, y con los empresarios Kumar, Enrique
Hernandis, Reyero Hernández y Andrés Piñero. A estos dos últimos los
investigadores los relacionan con Mohamed Hamil, hombre de confianza de John
Palmer “vinculado con el blanqueo de dinero y tráfico de drogas a gran escala”
en muchos lugares, incluido el Sur de Tenerife. 19. Uno de los imputados José Emilio García Gómez da nombre
a una calle en Santa Cruz de Tenerife 20. En el Ayuntamiento de Santa Cruz los habilitados
nacionales (Secretario, Tesorero e Interventor) son elegidos mediante libre
designación. La libre designación no garantiza al cien por cien los principios
de mérito y capacidad; así como los de neutralidad, independencia, objetividad
y profesionalidad con que deben actuar estos funcionarios que deberían ser los
que ofrecen al ciudadano la garantía de que todos los actos administrativos que
emanan de los órganos de gobierno de la entidad local han sido dictados
atendiendo a la más estricta legalidad. Y podríamos seguir relatando los innumerables entresijos y
corruptelas de un caso cuyo sumario consta, según medios de comunicación, de
más de 40.000 folios. Un entramado de corrupción donde los chicharreros hemos
sido objeto de “supuestos” robos que han mermado nuestras condiciones de vida y
que han perjudicado seriamente nuestro futuro y sus expectativas.
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