Salvador García
Llanos
En las
próximas semanas asistiremos a un nuevo enfrentamiento político: los alcaldes
pertenecientes a trece formaciones distintas –entre ellos, el de Santa Cruz de
Tenerife, José Manuel Bermúdez- disconformes con el acuerdo sobre la utilización
de los remanentes de los ayuntamientos alcanzado por el voto de calidad del
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
convertido en Real Decreto Ley (RDL) por el Consejo de Ministros, mantienen la
discrepancia abierta con la organización y el Gobierno, en tanto las
representaciones socialistas, principalmente la de la FEMP, no da su brazo a
torcer e invita al resto de formaciones a convalidar el aludido RDL el próximo
jueves en el Congreso de los Diputados y a mejorarlo en la tramitación
parlamentaria, sobre todo en los apartados correspondientes a los remanentes y
al reparto del fondo de cinco mil millones de euros, tal como se comprometió en
sede parlamentaria la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Pero ya han
adelantado posiciones algunos partidos y algunas instituciones, como el
Ayuntamiento de La Orotava, donde por unanimidad la junta de portavoces acordó
días pasados, apoyándose en informes técnicos de intervención y tesorería, no
devolver al Estado diecisiete millones de euros que figuran consignados en los
remanentes presupuestarios, revelan que no parecen dispuestas a estimar aquella
invitación, pretextando los riesgos de no poder atender a corto y medio plazo
las obligaciones contraídas para la prestación de algunos servicios esenciales,
sin desprenderse, por cierto, de un victimismo con el que dar cobertura a la
defensa de los intereses ciudadanos y de los proveedores, pequeñas y medianas
empresas locales. Veremos qué hacen otros ayuntamientos cuando reanuden la
actividad corporativa en el nuevo curso político.
El criterio
general de los alcaldes discrepantes para una posible alternativa es que el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría presentar un real decreto exprés
con un reparto por población de la cantidad reflejada (los cinco mil millones
de euros), independientemente de si los ayuntamientos tienen remanente o no.
Hablan de un reparto más justo y más igual para ‘todas’ las administraciones
locales, sin admitir las razones que inciden en la contabilidad nacional.
Los
socialistas habrán de esmerarse para persuadir de que la entente alcanzada,
ahora ya con respaldo gubernamental, es beneficiosa para los consistorios y
para la ciudadanía. Que la fórmula es bastante mejor que la dispuesta en su día
por el Gobierno de Mariano Rajoy para la utilización de los ahorros, basada en
la filosofía de no invertir los ahorros sino de guardarlos en los bancos, con
los intereses correspondientes, además. No les resultará fácil, a la vista de
las reacciones que se van sucediendo. Cierto que las circunstancias de entonces
y ahora son muy distintas. En el ámbito municipal del PSOE, donde también
destacan una inyección de cuatrocientos millones de euros para financiar el
déficit de las empresas de transporte público originado durante la crisis
sanitaria, entienden que “todo pasa en las ciudades, en los municipios, y todo
pasa por las ciudades, por los municipios, y ahora toca la recuperación, de
todos y para todos, sin que nadie quede atrás. La reactivación es esencial y en
ella la participación de las entidades locales es imprescindible”
Por ahora,
primeros escarceos de una contienda política de intrincada solución y que no
conviene a la ciudadanía, muy pendiente actualmente de otras cosas que no sean
diatribas entre políticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario