Salvador García Llanos
Una seguidora habitual de este blog se preguntaba ayer, en
relación con el contenido de la última entrada, si no resultaba raro que el
Ayuntamiento tuviera que contratar una empresa para abrir y cerrar las puertas
del Castillo San Felipe, uno de los recintos principales donde desarrollar la
actividad cultural del Puerto de la Cruz. “Para mí -decía- lo criticable es que
la corporación tenga que llegar a eso”.
No le falta razón, aunque se pudiera justificar la medida
con el razonamiento de que el área del que depende no dispone de personal
laboral suficiente para acometer esas tareas y algunas que otras prestaciones,
por lo que recurren a servicios externos, se supone que lo más especializados
posible, dada la naturaleza de las actividades que allí se llevan a cabo.
Pero llama la atención, desde luego, que el Ayuntamiento no
afronte con recursos humanos propios la apertura, cierre y mantenimiento de sus
instalaciones culturales. El Ayuntamiento arrastra, desde hace años, una fama
-a veces injusta- de plantilla sobredimensionada, con exceso de efectivos. Bajo
el criterio de no aumentar el Capítulo 1 de presupuestos, relativo a gastos de
personal, ni siquiera se cubren las bajas por jubilación o por otras causas.
(Por cierto, tomen nota: en el próximo mandato se jubilará el 50 % de la
plantilla actual de funcionarios y laborales). Si esta medida no va acompañada
de los reajustes correspondientes y de la reconversión de plazas, el déficit va
engrosando. Y hasta las provisionalidades (sustituciones temporales, por ejemplo)
terminan complicándose, sobre todo si otras áreas u otros servicios se ven
afectados y desprovistos. Aumentan también los riesgos del clientelismo, aunque
parecen más proclives para otros centros de producción o para una empresa
pública (Otro dato: es probable que, ahora mismo, Pamarsa tenga más empleados
que el Ayuntamiento).
La solución estriba, entonces, en una Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) que, con criterios racionales y operativos, debe no solo contar
con previsiones y necesidades sino con disposiciones estables a medio y largo
plazo. Es difícil redondear una RPT satisfactoria, pero hay empresas
especializadas en su elaboración, orientada al mejor rendimiento y a la mejor
productividad, basada en las prestaciones más útiles y eficaces, una vez
analizados con exhaustividad todos los recursos disponibles... y los necesarios
para cuya provisión vendrían luego los procedimientos legales correspondientes.
Luego hay que negociar, claro, con la propia empresa y con los órganos de
representación de los empleados públicos. Igual son complejos los trámites y
los resultados, pero hay que intentarlo porque es lo racional y lo procedente.
Saber qué se tiene y qué se quiere, departamento por departamento y trabajador
por trabajador. Eso, teóricamente, evitaría vacíos y situaciones indeseadas que
la población no entendería y son propensas a toda suerte de críticas.
La experiencia en este mandato del Castillo San Felipe debe
servir de base para dar un paso a favor de esa solución. Se dirá que ahora no
es el momento político oportuno. Muy bien: a ver quién al menos se atreve a
incluirlo en los futuros programas electorales. ¿O es que ya no hay de éstos?
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