Cristina Tavío
Comienza septiembre y con él un nuevo periodo de
sesiones en el Parlamento de Canarias en las que habrá numerosas iniciativas a
tratar, entre ellas, la futura ley de Calidad Agroalimentaria, ya aprobada por
el Consejo de Gobierno de Canarias, y que ahora llega a esta Cámara para ser
debatida por todos los grupos políticos.
Tengo el privilegio de ser la encargada de defender la
postura del Grupo Popular en relación a este tema. Un reto que asumo con
entusiasmo y con la vocación de escuchar a los diferentes operadores del sector
con el objetivo de saber si están de acuerdo o no con lo que figura en dicho
Proyecto de Ley, y en su caso enmendarlo y mejorarlo.
Una Norma que se me antoja importantísima si tenemos
en cuenta las últimas investigaciones publicadas que aseguran que el auge por
la comida sana ya no es sólo una moda sino un estilo de vida que ha llegado
para quedarse.
Así, el estudio Valores
y Visiones 2030, publicado por la compañía de investigación de mercado GIM
Suisse, asegura que el 52 por ciento de la población quiere saber la historia
que hay detrás de los productos que consume: quiere saber cómo ha llegado a su
mesa y conocer todo el proceso de elaboración, producción y distribución.
Lo que técnicamente se conoce como trazabilidad y
rastreabilidad, y hasta hace bien poco eran vocablos utilizados por el sector,
forman parte ya de nuestro día a día y demandamos que esa información esté a
nuestro alcance a través de los etiquetados para saber las materias primas o
ingredientes utilizados en su elaboración, los procesos utilizados, así como la
composición y presentación del producto final que llevamos a nuestra mesa.
Estos principios básicos de política de seguridad
alimentaria ya están definidos en la legislación de la Unión Europea desde
2002, y sus objetivos esenciales son facilitar el libre comercio de alimentos
entre los países de la UE y garantizar el mismo alto nivel de protección del
consumidor en todos ellos.
Nuestro país también cuenta con un Plan Nacional de
Control Oficial de la Cadena Alimentaria en el que se describen todos los
controles oficiales llevados a cabo por nuestro país y por las diferentes
autoridades competentes con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes a
lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta los
puntos de venta al consumidor final.
Asimismo, Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña,
Galicia o Aragón son ejemplos de Comunidades Autónomas que ya cuentan con leyes
de Calidad Agroalimentaria dando así respuesta, por una parte, a la exigencia
de consumir alimentos saludables y, por otra, a la creciente demanda de
alimentos percibidos como de calidad, en los que se valora la variedad y la
diversidad de los mismos frente a las producciones estandarizadas.
Ahora le toca a Canarias ir dando pasos en este
sentido con este Proyecto de Ley que pretende regular determinadas menciones de
etiquetado en nuestros productos, y que viene siendo una demanda del sector,
como la de artesanía agroalimentaria, vino de finca o parcela, vino de frutas o
la de algunos bienes agroalimentarios tradicionales de nuestra tierra.
Generar un espacio normativo unificado o acabar con el
vacío legal en cuanto a infracciones y sanciones son otras de las prioridades
de esta Norma, que también contempla la creación del Consejo Canario de Control
de la Cadena Alimentaria que desarrollará esa política de coordinación entre
los distintos departamentos competentes en materia de calidad agroalimentaria,
sanidad y consumo.
Con estas medidas estaremos apostando por no sólo por
la competitividad del sector primario sino también por la calidad de nuestros productos,
evitando el fraude y la competencia desleal de aquellos que comercializan
bienes de origen canario cuando en realidad no lo son.
Confiamos en que, con esta Ley, los canarios estemos
más protegidos e informados sobre el contenido y la composición de los
alimentos, para poder elegir con conocimiento de causa y trasladar los mejores
productos a nuestra mesa.
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