Salvador García Llanos
La denuncia del
portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) en el Ayuntamiento del Puerto de
la Cruz, David Hernández, no es nueva: la ocupación de la vía pública en
determinadas zonas del municipio sigue siendo una asignatura pendiente, un
problema irresoluto. Si hay ordenanza, no se aplica ni se hace el
correspondiente seguimiento. Recordemos que ya en el presente mandato hubo un
contencioso entre la asociación de comerciantes y el consistorio con un
resultado desfavorable para la administración. Y si, encima, los recursos
humanos (policías locales y funcionarios) son insuficientes o no están
debidamente aleccionados de la importancia del conflicto, este se recrudece y
empeora. De ahí que, pese a no ser novedad, la denuncia de ACP sea oportuna: no
puede ocurrir que mes tras mes las cosas sigan igual. Algunas vías y rincones
portuenses se ven literalmente asfixiadas, hasta el punto de que algunos
establecimientos ocupan más superficie exterior que la propia interna, o lo que
es igual, disponen de más mesas fuera que dentro. No extrañe que se hable de
salvar una carrera de obstáculos.
A la espera de saber cuáles han sido las repercusiones de
aquel contencioso, el planteamiento de Hernández incide en el rendimiento
económico del hecho de la ocupación, independientemente de su calificación por
zonas territoriales u otros criterios. Primero, por la desigualdad pues
mientras unos negocios cumplen con la superficie máxima que, por ordenanza, les
está asignada, otros ocupan hasta cuatro y cinco veces más. Después, la
discriminación -se supone que involuntaria o inconsciente- a la hora de remitir
el importe de las tarifas de las tasas. Y en tercer lugar, por el impago de un
considerable número de establecimientos obligados a hacerlo. La denuncia del
portavoz de ACP es ilustrativa: durante los años 2015 y 2016, “el porcentaje de
recaudación osciló entre el 58 y el 67 %, con lo que un tercio, o más, no paga.
Y eso contando solo la superficie de ocupación de la que tiene constancia el
Ayuntamiento”.
O sea, que este sigue perdiendo dinero mientras otros hacen
el agosto y muchos meses más. No hay que pensar que el gobierno local que
presume de tener saneadas las cuentas hace la vista gorda o luce una actitud
más relajada con quienes tienen obligaciones tributarias al aprovecharse
claramente de lo que es el espacio de todos.
Este es un asunto cuya resolución requiere, sobre todo,
voluntad política. De la misma manera que se practica el clientelismo a la hora
de contratar personal y se sortean barreras legales, los responsables tendrían
que esmerarse en la reordenación de efectivos y en la búsqueda de inspectores o
similares para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas
correspondientes y producir los efectos consecuentes, especialmente, en el
ámbito económico-financiero. Los señalados porcentajes parecen notoriamente
insuficientes, sabiendo que se pueden obtener más, no por voracidad
recaudatoria, sino por orden, justicia, equidad y pragmatismo. Hasta se
eliminaría la tentación envidiosa de sacar más porque el de al lado tiene más.
La realidad es que el Ayuntamiento está perdiendo dinero.
Y todo eso, hecho con transparencia, pues no olvidemos que
el consistorio figura entre los suspensos de la evaluación del Comisionado
parlamentario, un resultado, por cierto, que, como nos temíamos, también está
pasando inadvertido. Se echa de menos una iniciativa para intentar saber cómo
están las cosas en este capítulo de ocupación de vía pública en estos momentos
y cuáles son las intenciones que se tienen al respecto.
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