SÍ SE PUEDE RECLAMA UN PROCESO PARTICIPATIVO PLURAL, IGUALITARIO Y DESDE
LA BASE SOBRE LA LEY DEL SUELO
La organización ecosocialista destaca que Euskadi y Cataluña están
aplicando metodologías incluyentes en debates similares.
Sí se puede reclama un
proceso participativo, igualitario, plural y desde la base social sobre la Ley
del Suelo, como se está haciendo en Euskadi y Cataluña. “La Ley del Suelo ha de
ser discutida colectivamente, porque tiene una gran trascendencia para todo el
Archipiélago; sobre este instrumento jurídico se asienta un concepto del modelo
de desarrollo económico y social que va a condicionar la forma de vida de toda
la comunidad en las próximas décadas”, asegura el portavoz de asuntos
medioambientales de Sí se puede, José María Fernández-Palacios.
La importancia de la ley
es la que explica, según la organización ecosocialista, la necesidad de “un
proceso participativo desde la base, que dure todo el tiempo que se requiera,
que cuente con recursos humanos y técnicos, y que sitúe a la ciudadanía en un
nivel de comprensión que le permita tener referencias sobre todos los valores
que entran en juego, tal como se está haciendo en estos momentos en las
comunidades autónomas más desarrolladas del Estado”, apunta Fernández-Palacios.
El portavoz subraya que
“una consulta a la ciudadanía sin cumplir estas condiciones estaría
pervirtiendo el objetivo democrático de cualquier proceso de deliberación
colectiva”. A juicio de Sí se puede, la Ley del Suelo es un asunto complejo y “susceptible
de ser sujeto de la manipulación mediática por parte del Gobierno de Canarias”,
subraya. Mientras que la gran mayoría de la ciudadanía se mantenga desinformada,
como ahora, puede caer fácilmente en el “mentiroso y manido argumento de la
obtención de puestos de trabajo” con el cambio de legislación en materia de
ordenación territorial y urbanística.
Por estos motivos, para
la organización ecosocialista solo es válido un debate colectivo si reúne las
condiciones de pluralidad, con igualdad de oportunidades en la difusión pública
de las distintas posiciones, y con un procedimiento que alcance a toda la
sociedad canaria. “La discusión en torno al modelo de desarrollo que supone la
Ley del Suelo no debe quedarse enclaustrada en las paredes del Parlamento –manifiesta
Fernández-Palacios–: deben participar en este proceso los sindicatos,
organizaciones ecologistas, sociales y culturales, partidos políticos extraparlamentarios,
profesionales de sectores implicados en la conservación del territorio y
juristas, entre otros; pero, especialmente, debe participar la ciudadanía
convocada con este fin y preparada como opinión pública consciente de todas las
opciones”.
Fernández-Palacios
recuerda que la Ley del Suelo que pretende imponer el presidente del Gobierno
de Canarias, Fernando Clavijo, rompe con el modelo de uso del suelo impulsado
en 1987 por el Pacto de Progreso, que basó su legislación en tres principios:
la protección del suelo rústico, la eliminación de las tentaciones de
municipios sobre usos diferenciados del territorio, y la defensa de los
espacios naturales. “Aunque el desarrollo normativo estableció filtros que hasta
ahora persuadían de cometer desmanes sobre el territorio insular a agentes
técnicos y políticos –que habitualmente actuaban en colaboración con grandes
empresarios–, la propuesta de la Ley del Suelo de Clavijo pretende legalizar
todas las prácticas irregulares y tropelías que durante los últimos años han
querido implantar por la vía de los hechos un reducido grupo de empresarios y
sus embajadores políticos”, sentencia el portavoz.
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