Salvador García Llanos
En efecto, el papel de la oposición también debe ser
valorado en este análisis del ecuador del mandato municipal. Dos grupos, el
Socialista, con siete concejales, con el mayor número de votos en las últimas
elecciones; y el de Asamblea Ciudadana Portuense, con tres.
Se han esforzado en irradiar un trabajo constructivo, hecho
que debe ser ponderado, con presentación de iniciativas -algunas de ellas,
incomprensiblemente rechazadas; otras, pendientes de materialización-, pero se
han quedado cortos en la tarea fiscalizadora, lo cual repercute no solo en un
pálido discurso crítico sino en el robustecimiento de la pretendida alternativa
de gobierno. De ahí el escepticismo que alumbrábamos en el final de la primera
parte de este trabajo. Preguntando, que es gerundio: ¿está rentabilizando la
oposición el malestar ciudadano, por el bien del municipio? ¿Está controlando
adecuadamente los problemas que a diario se suscitan, especialmente en barrios
y urbanizaciones, y que los vecinos, en redes sociales, se encargan de denunciar?
¿Prefiere ceder este papel? ¿Hace un seguimiento a fondo de la gestión
departamental para contrarrestar los alardes propagandísticos y, lo que, es
más, las deficiencias que se advierten en aplicaciones programáticas -programa,
¿qué programa? - y en las prestaciones que se han de realizar?
Está bien, nadie lo discute, la presencia en convocatorias
y actos públicos, reflejada también en redes de ciudadanía. Pero, así como se
reconoce ese contacto con la población en concentraciones y celebraciones de
diversa índole, cabe exigir más a la hora de reflejar el trabajo político
propiamente dicho. Y éste, en la oposición, tiene mucho que ver con el control
y la fiscalización de la acción del gobierno. La sensación que da en esta
primera parte del mandato es de blandura o endeblez política. Se puede entender
algunas razones, desde la dedicación posible por circunstancias personales o
profesionales a la limitación de recursos, pero se necesita estar más encima de
los temas, cruzar sus aristas., ser más incisivos. Y para ello solo es preciso
hacer seguimiento, hurgar allí donde se aprecie una falla, estudiar a fondo los
expedientes y encontrar las derivadas. Desde luego, hay situaciones que casi a
diario invitan al doble ejercicio de denunciar y aportar una alternativa. Y sin
quejarse de la falta de atención que prestan los medios de comunicación: con
recursos propios, aunque limitados, en una web actualizada a diario o
repartiendo un folio o un díptico en plazas, calles y bloques de viviendas, se
puede transmitir a la ciudadanía los contenidos de un trabajo serio, positivo y
predispuesto para una fiable alternativa de gobierno.
No sabemos si los dos grupos estarán persuadidos de que dos
años se pasan volando y que, por tanto, han de replantearse una estrategia que
les permitan forjar proyectos viables y que sean apreciados por la ciudadanía.
Y en esos dos años, a ver qué rumbo toman algunos asuntos
que hasta ahora no duermen el sueño de los justos, pero se enredan o se dejan y
se complican las soluciones. Están las grandes actuaciones (estación, piscina,
Taoro...) cuya tramitación se traduce en avances lentísimos. Dejémoslas ahí,
por el momento. Está aquella comisión para el cuidado y la conservación del
patrimonio, por ejemplo, de la que nunca más se supo. Otro: un plan integral
para el complejo turístico 'Costa Martiánez' (Lago), con cuyos rendimientos, no
solo los económicos, hay que estar más atentos, igual que con su mantenimiento,
sobre todo cuando ya circulan especies nocivas, merecedoras, cuando menos, de investigación.
Ver qué se hace con Pamarsa. Y esperar que no se conviertan
en jeroglíficos de alto coste las circunstancias del personal contratado, sobre
todo para no abonarse a resoluciones judiciales (presunta cesión ilegal de
empleados) que llegan a poner en entredicho el propio papel de los gobernantes,
no porque se equivoquen, que puede ocurrir, sino porque si las controversias se
fían a la determinación de la justicia, terminará dudándose de la utilidad
práctica de aquéllos.
Atención también al funcionamiento del Consorcio de
Rehabilitación Urbanística que ha ido ganando su espacio y hasta quienes no
creían en él ahora lucen prestos en fotos y proyecciones. El Consorcio recibió
en este mandato, por acuerdo plenario, las competencias municipales en materia
urbanística, decisión estructural que bien merece un seguimiento. Alguien habrá
de fiscalizar, ¿no?, y comprobar periódicamente los efectos de esa
determinación. En cualquier caso, la dinámica del Consorcio tiene fundamentos
para ser positiva; pero hay que evitar los riesgos de convertirse en un
Ayuntamiento paralelo y de que las decisiones estrictamente municipales, por
indolencia, desidia, escasa capacidad o práctico desmantelamiento, se adopten
en ámbitos ajenos influenciables.
El mantenimiento, en general, sigue siendo una asignatura
pendiente. Al menos, así se desprende de las impresiones de muchos vecinos que
se quejan. La prestación de los servicios básicos -el Puerto es una ciudad que
requiere una atención permanente en ese sentido- está llamada a mejorar.
También la visible en plazas, calles, avenidas, instalaciones y jardines. Y que
se pueda transitar por vías no superpobladas de mesas, sillas y hasta neveras.
Y que otras, de circulación rodada, reciban una acreedora repavimentación so
pena de que las próximas lluvias las conviertan en barranquillos.
En fin, dos años en que el repunte turístico favorecido por
coyunturas externas ha contribuido a hacer más llevadera la vida municipal,
necesitada de estímulos, porque no se va a poder vivir siempre del Cabildo y
del Consorcio.
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