SÍ SE PUEDE YA ADVIRTIÓ DE LAS IRREGULARIDADES EN EL ASUNTO DEL SÓTANO
EN TEGUESTE
La organización ecosocialista recuerda que en marzo de 2015 el pleno
rechazó su iniciativa para clarificar la existencia de ilegalidades en la
compra de un local
Sí se puede recuerda que
ya advirtió de las irregularidades en el asunto de la compra de un sótano por
parte del Ayuntamiento de Tegueste y señala que el pleno de la corporación
rechazó en marzo de 2015 una moción de la organización ecosocialista para crear
una comisión de investigación sobre los hechos, que fue rechazada por la
corporación sin debatirse.
En aquella ocasión, el
grupo de gobierno de CC rechazó la iniciativa de Sí se puede sin debate y sin
argumentaciones, haciendo uso abusivo de su mayoría absoluta, mientras que el
PP se abstuvo. Sí se puede decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía
Anticorrupción, que finalmente ha decidido tramitar la investigación del
alcalde por este asunto.
“Sí se puede tiene la
responsabilidad de hacer oposición y fiscalizar la acción del gobierno municipal
de Tegueste, tal como le confiaron sus votantes en las últimas elecciones
–apunta el portavoz ecosocialista en la corporación metropolitana, Manuel
Martín–. Hemos cumplido con nuestro papel y ahora, en este caso, corresponde
que se pronuncien los tribunales”.
El asunto que motiva la investigación
de la Fiscalía consiste en un procedimiento de compra de un sótano que costó más
de 400.000 euros, en una operación en la que se detectaron serias deficiencias de
procedimiento, que podrían dar lugar a que el ayuntamiento hubiera cometido
ilegalidades en el proceso.
Entre las
irregularidades más llamativas, Sí se puede destacó en su moción ante el pleno la
resolución de la compra por procedimiento negociado sin publicidad en el breve
periodo de tres meses, las modificaciones del pliego de condiciones el mismo
día que la empresa vendedora presentaba su oferta, y la existencia de valoraciones
de bienes por los técnicos de la empresa vendedora aceptadas por el ayuntamiento
sin tasación por un funcionario público.
Además, no existían informes
de funcionarios públicos que avalaran la compra, tal y como establece la
normativa, mientras que la licencia de la edificación estaba cuestionada y
tampoco estaba permitido el cambio de uso de garajes a otros usos no
contemplados en dicha licencia.
Se da la paradoja de que
el gobierno municipal de CC justificaba la compra de este sótano para
destinarlo a la Escuela de Música, que fue cerrada por sorpresa el año
siguiente, provocando un rechazo ciudadano considerable. En ese edificio se
ubica en estos momentos la oficina municipal del Consorcio de Tributos, por los
que el ayuntamiento paga mensualmente alrededor de 800 euros en concepto de
gastos de comunidad, lo que resulta más caro que cuando la corporación pagaba
un alquiler para el alojamiento de su oficina de tributos.
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