José Melchor Hernández Castilla
Señalaremos unas palabras de la Profesora de Historia Medieval de La
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuela Ronquillo Rubio, sobre la
creación del Tribunal de la Inquisición en Las Palmas de Gran Canaria:
“En 1505, año de la instalación del Tribunal en
Las Palmas de Gran Canaria, la Inquisición moderna tenía ya una antigüedad de
veinticinco años. Este organismo de carácter religioso, integrado en el aparato
administrativo del Estado, era utilizado por la Corona como instrumento
político para intervenir por encima de divisiones y jurisdicciones especiales.
Ya se habían creado todos los tribunales de distrito en la Península, en el
proceso de territorialización del Santo Oficio el canario solo vino a completar
la red extendiendo el proceso expansivo de la institución como medio de control
del territorio de realengo. Por supuesto que debieron influir, además, razones
espirituales como las noticias sobre las actitudes de judeoconversos residentes
en el archipiélago, que debieron llegar a oídos del rey y del inquisidor
general, a la sazón arzobispo de Sevilla.
Respecto a la jurisdicción
eclesiástica, el obispado de Canarias, con nueva sede en Las Palmas desde la
conquista de Gran Canaria en 1484, dependía del arzobispado de Sevilla. Antes
de la creación del Tribunal canario, para la vigilancia y el control, la
Inquisición sevillana comisionaba a provisores y visitadores del obispado para
realizar informes sobre judeoconversos, como ocurrió entre 1488 y 1496. Todo se
limita a las islas realengas, porque el tribunal sevillano no ejerció su
jurisdicción en las islas de señorío, pese al predominio de población andaluza
y de la existencia conocida de conversos… Tanto los provisores en Las Palmas
como los respectivos vicarios actuando de jueces eclesiásticos en otras islas
entendieron en diversos asuntos: peticiones de fe de estar bautizados y
blasfemias, por ejemplo; casos en los que juzgaba además la justicia secular a
través del gobernador. El provisor del obispado amplió su jurisdicción a
delitos como renegar de la fe, menosprecio de verdades y de algún sacramento, y
bigamias, sentenciando a los infractores. Una de las sentencias le costó la
reconvención del primer inquisidor en las islas, Bartolomé López de Tribaldos. Al no conservarse su primer nombramiento, por
Diego Deza, no podemos concretar las competencias que traería aparejadas
Tribaldos, pero seguramente fueran las mismas que le confirmó Cisneros en
noviembre de 1507 por las que podía poner los oficiales necesarios que
actuarían bajo sus órdenes, así como pagar sus salarios. Tribaldos realizó dos
autos de fe no públicos en 1510 y 1513 en los que se relajó al morisco en
estatua, se reconcilió a unas cinco personas, y se penitenció a un
judeoconverso. Sin embargo, entre 1513 y 1524, este último año de la llegada
del nuevo inquisidor, la actividad del Tribunal se vio reducida al mínimo. De
hecho el visitador diocesano Pedro de Pavía se quejaba a Sevilla de la desidia
de Tribaldos para cubrirse las espaldas, pues, a veces, actuaba por su cuenta
como provisor entre 1518 y 1519. Hemos de tener en cuenta que, en este momento,
el peligro de la despoblación de las islas conquistadas para la Corona debió
influir en la escasa actividad general del Tribunal y en su mínima dureza,
aunque también incidiría la enfermedad del inquisidor Tribaldos. En esta
sociedad de frontera, la Inquisición se encargó de modelar las conciencias
mediante castigos, pero intentando asimilar a los convertidos, de ahí que no
exista una masiva persecución de judaizantes, a diferencia de Castilla o
Aragón, puesto que no había un excesivo número y porque se integraron
rápidamente perdiendo sus costumbres heterodoxas en poco tiempo.
De hecho,
hasta en la propia Iglesia había conversos, como el canónigo Francisco de
Millares, que se decía era nieto de sentenciado por hereje, o el canónigo Diego
de Troya, converso por parte de abuela. E igual ocurre con grandes hacendados
como Gonzalo de Segura y su hermano Francisco Boniel, que eran hijos de
reconciliados y nietos de un quemado en estatua en Sevilla. A la muerte de
Tribaldos, en diciembre de 1520, cuando a nivel general se inicia el tiempo del
progresivo control de la disidencia, conocieron las causas los sucesivos
provisores: el tesorero y canónigo Fernán Álvarez, el prior de la catedral
Alonso Vivas, provisto por el cabildo catedral como ordinario, y el deán Juan
de Alarcón. El Tribunal sevillano tampoco ejerció su jurisdicción en estos años
pese a que desde las islas se enviaron informaciones al obispo, estando aún
vivo Tribaldos” (Ronquillo Rubio, Manuela, 2017. “Conflictos Jurisdiccionales
en los Inicios de la Inquisición Canarias, Fines del Siglo XV-Principios del
Siglo XVI”. Revista de Historia Canaria, 199. Páginas 60-63).
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