Salvador García Llanos
La última “Encuesta de Condiciones de Vida” en España,
correspondiente a los datos de renta de 2018, ofrece, según leemos, resultados
paradójicos. Mejoran la mayoría de indicadores pero aumentan la pobreza y la
exclusión en algunos de los sectores más desfavorecidos de la población. Sobre
todo, crece la pobreza infantil, que se había reducido en 1,5 puntos
porcentuales el pasado año, alcanzando el 27,4 % de los Niños, Niñas y Adolescentes
(NNA), la denominación abreviada que el Gobierno emplea para corresponder a los
propósitos de lenguaje inclusivo. Este último porcentaje supera en un 35 % la
tasa de población adulta entre 18 y 64 años.
La conclusión es que 9,7 millones de personas están en
riesgo de pobreza en nuestro país. Y que se confirma la urgencia de adoptar
medidas de forma inmediata para contener las consecuencias económicas de la
pandemia. Porque se constata, igualmente, un aumento de la desigualdad: las
estadísticas reflejan que el 20 % más rico de la población riene una renta neta
unas seis veces superior a la del 20 % más pobre, alcanzando una nivel de
desigualdad aún más amplio del que había hace dos años. Con estas cifras se
pone de manifiesto que tienen plena justificación medidas como el Ingreso
Mínimo Vital, situándolo por encima del umbral de pobreza.
La Encuesta revela, asimismo, dos cuestiones a las que hay
que prestar atención. Por un lado, termina la 'Estrategia 2020' y los
resultados obtenidos, muestran no solo que España falló en el cumplimiento de
los objetivos comprometidos, sino que, además, los indicadores propuestos para
evaluar la estrategia registran datos incluso superiores a los del inicio del
período. En segundo lugar, los datos muestran una notable mejoría con respecto
a los del año anterior y continúan la senda de mejora iniciada a partir del año
2014. Sin embargo, la crisis de la COVID-19, sin precedentes en la economía
española, los ha hecho desvanecer y obliga a considerarlos como un mínimo que
en los próximos años se incrementará notablemente.
Por último, la crisis sanitaria incide en la privación
material severa, conceptuada como el indicador AROPE. La estadística oficial
muestra que reanudó su proceso de reducción y, en a actualidad alcanza al 4,7% de la población
residente en España, lo que supone algo más de 2,2 millones de personas. A
pesar de la apreciable reducción experimentada, la privación material severa
aún es muy elevada y llega a unas 560.000 personas más que en el año 2008. Ante
estos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 'Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social' para España, demanda
activar las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha
contra la Pobreza.
Los registros ponen en evidencia la necesidad de mejorar
sensiblemente las políticas públicas no solo para combatir la pobreza sino para
reducir la marginalidad o la exclusión social que se han acentuado durante la
pandemia. La situación es grave, como se demuestra científicamente, luego es
indispensable prestar atención y recursos a un preocupante estado de cosas que,
con los actuales niveles de economía productiva, va a ser muy complicado
superar.
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