Antonio Pastor A.
(AIPET)
Quizás pueda
resultar incomprensible su regulación pero queda claro, que hay que establecer
un marco regulatorio que tiene que partir necesariamente de la certeza de que,
ninguna de las partes puede obtener su resultado ideal (prohibición en el caso
de los demandantes, desregulación en el caso de los nuevos entrantes). Son
modelos que deben poder competir con unas reglas más claras y realistas.
En el caso de
Airbnb, su éxito y popularidad ha supuesto que varias ciudades y estados
americanos hayan decidido entrar a estudiar con detalle un marco legal que
regule el alquiler de alojamientos entre personas. En el caso de su ciudad
natal, San Francisco, esta legislación se estableció y aprobó en 2014, dejando
claro en qué circunstancias y límites el alojamiento, entre particulares, es
legal, y por tanto competencia autorizada:
· El propietario
está obligado a contar con un seguro de responsabilidad civil con una cobertura
de al menos 450.000 euros.
· Debe haber
habitado la residencia al menos 275 días en el año previo.
· Tener una
licencia de negocio y hacer un registro simple.
· No tener
registrada ninguna falta de conducta en las normas del edificio.
Satisfechas o no,
todas las partes conocen desde entonces las reglas bajo las que compiten en
este nuevo mercado. ¿Significa esto el fin del problema? Seguro que no, pero
sin duda son primeros pasos necesarios. Voces discordantes e influyentes siguen
haciendo de éste un debate muy activo.
En abril de 2014,
Airbnb tuvo que hacer frente a una propuesta para modificar este marco legal,
que pretendía endurecer las condiciones y límites al propietario que alquila.
En términos de negocio para la startup, una reducción del inventario de noches
ofertadas, y por tanto, de sus ingresos por comisiones sobre esos alquileres.
La votación
popular favoreció a Airbnb y su comunidad de usuarios, siendo considerada por
la compañía como un gran éxito y un precedente importante, al tratarse de su
ciudad de origen.
Tal debía ser su
importancia que no escatimaron en promover el NO a la modificación propuesta,
con una campaña de 7.000.000 de euros, en la que centraron su estrategia en
movilizar a su comunidad para que llevaran el mensaje a sus redes y círculos de
confianza.
Pero no todos los
resultados son favorables a las empresas del entorno colaborativo, como el cese
de operaciones de Uber y Lyft en la ciudad texana de Austin. El motivo, la
votación popular contraria a una modificación de ley defendida por estas compañías,
con la que pretendían eliminar el rorequisito que obliga a los conductores a
realizar un registro de huellas dactilares previo a obtener el permiso, aunque
la medida no supone la prohibición de sus actividades, pero sí una barrera a la
captación de conductores.
Es un toque de
atención, aunque la gente sí quiere este tipo de servicios, pero demandan
seguridad y confianza.
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