Odalys Padrón
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Malcriamos a los políticos.
Cualquier estudio o tratado sobre
educación establece que es necesario enseñar al alumnado que los actos tienen
consecuencias, tanto positivas como negativas, así como evitar amenazar si no
se va a cumplir. Por eso la actitud pasiva que tiene gran parte de la
ciudadanía ante faltas de respeto efectuadas por "la clase política",
nada plausibles, ocasiona que éstas se repitan sin pudor.
Muchos recordarán cómo en 2015 Celia
Villalobos, siendo vicepresidenta primera del Congreso, durante el Debate del
estado de la Nación fue pillada jugando al Candy Crush. Ni siquiera se
disculpó, es más intentó engañar a la ciudadanía diciendo que estaba leyendo la
prensa. Mintió pues hay imágenes claras y contundentes a este respecto. Pero
también es reprochable que considerara lícito leer la prensa en horas de
trabajo máxime mientras un compañero realizaba una intervención en la Cámara.
Lo más grave de esta actitud es que había habido ya antecedentes como los tres
diputados del Partido Popular (PP), Colomán Trabado, Miguel Ángel Pérez
Huysmans y Manuel Troitiño, que en 2002 fueron sorprendidos viendo videos porno
durante una Asamblea de Madrid. Los diputados, también del PP, Bartolomé
González y María Isabel Redondo, que en 2012 fueron “cazados” durante el pleno
jugando a “apalabrados”. En 2013 la diputada canaria, Nuria Herrera (Coalición
Canaria) fue pillada mientras realizaba deberes de su hijo de inglés durante
una sesión plenaria del Parlamento de Canarias. Ese mismo año, el
vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Manuel Fernández (PP) fue
fotografiado viendo un documental en su iPad mientras la Cámara discutía
medidas para paliar la pobreza o el 33% de desempleo. También, en 2013, el
diputado del PP en las Cortes Valencianas y exalcalde de Alicante, Luís Díaz
Alperi, se cortó las uñas mientras comparecía el Conseller de Economía.
En todos estos casos, y alguno más que
recoge la hemeroteca, hay un denominador común: sus actos no tuvieron
consecuencias más allá de salir en prensa. No se les obligó a dimitir ni tuvo
ninguna secuela. Esa es la diferencia con otros países, donde acciones similares
conllevan el cese inmediato. En España sólo se recriminó al periodista que
pilló a Celia Villalobos al que llamaron desde la jefatura de prensa para
advertirle que el reglamento prohíbe grabar cualquier tipo de imágenes desde la
Tribuna. Por eso no es extraño que actuaciones como las anteriormente expuestas
se sigan produciendo mientras la “clase política” no percibe una consecuencia
negativa a actitudes tan irresponsables como las descritas anteriormente.
Un ejemplo, en estos días el
Viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez
Zaragoza, se dedicó a jugar al “solitario” en su tableta mientras estaba en el
Congreso de la Ciudadanía Española en el Exterior. Según relata, el susodicho,
en una patética disculpa enviada a los medios “no estuvo jugando todo el
tiempo” y como “ya había intervenido estaba tranquilo”. Da a entender que
cuando se están tratando temas como la ayuda educativa o la cobertura sanitaria
no está pensando y valorando posibles soluciones. Lo que traslada este
“vividor” de la política es que asistió, cobró dietas por ello, y “soltó” o
“vomitó” el discurso que seguramente le habían preparado y se quedó “más ancho
que Castilla”. Esto es la mediocridad política que impera en España. Con
personajes como estos jamás se encontrarán soluciones y mucho menos cambios.
Max Weber, considerado por muchos como el
padre de la sociología política, distinguió entre los políticos que viven para
la política y los que viven de la política, diferenciando entre la legitimidad de
origen y la legitimidad de ejercicio resaltando que esta última se fundamenta
en dos parámetros, actualmente bastante escasos, el cumplimiento de las
promesas electorales y la ejemplaridad pública en el ejercicio de la función
gubernamental. La gravedad de las acciones anteriormente descritas se
incrementa al ser conscientes que no sólo son protagonistas los partidos, que
permanecen impasibles, sino una sociedad que premia electoralmente a corruptos,
populistas y demagogos que olvidan que el fin ético de la política debe ser el
bien común.
Reconozco que hablar de estos temas
resulta cansino, pero es necesario porque cuando percibimos la corrupción como
algo normal estamos abocados a convertirla en sistémica lo que conlleva un
freno al desarrollo y a las políticas normales de crecimiento económico además
de una desmoralización de ciudadanos y empresarios junto a una inestabilidad
política con gobiernos que fracasan en proveer de justicia y servicios. ¿Les
resulta familiar?
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