Salvador García Llanos
Tras la controvertida investidura de Pedro Sánchez, se ha
sabido que PSOE y Unidas Podemos, sostén de la coalición progresista, han
firmado un protocolo para ir aplicando unos esquemas básicos de funcionamiento.
Es natural: se accede a un escenario político completamente nuevo y hay que ir
debidamente pertrechados para la experiencia. El protocolo ha de ser un sólido
soporte de trabajo: para sustanciar la lealtad y para hacer la pedagogía
política necesaria e indispensable. La entente es consciente de que no le van a
perdonar una, luego ha de estar preparada para no incurrir en precipitaciones
ni errores y para saber afrontar con solvencia y bases seguras aquellas
situaciones que vayan surgiendo.
El protocolo suscrito consigna dos mesas de coordinación. A
una le corresponderá hacer el seguimiento y la evaluación del funcionamiento de
gobierno de coalición, así como el grado de desarrollo del acuerdo concertado
entre los dos partidos, rubricado el último día del pasado año bajo el título
Coalición Progresista Un nuevo acuerdo para España. Como debe ser el fundamento
principal del trabajo para el cumplimiento de los objetivos propuestos, ya
deberían insistir desde las respectivas organizaciones en una difusión adecuada
del documento entre sus propias bases y entre sus órganos y dirigentes. Miren
por dónde, quienes echaban de menos materiales informativos para reuniones
internas, ya tienen con los que debatir y explicar. Que se hagan una idea de
que esa tarea es básica para afrontar con fundamento y un mínimo de rigor los
envites en medios y redes sociales donde es previsible que continúen las
falacias, las deformaciones y, por supuesto, los insultos y las
descalificaciones. Y el temor a que el Gobierno lo haga bien. No tendrán mejor
fundamento, para dar una respuesta de templanza, creíble y apropiada, que
apoyarse en el acuerdo firmado y deducir sus aplicaciones prácticas. Se trata
de ser los primeros en saber el por qué de las cosas.
La segunda mesa de coordinación dedicará su tiempo a la
coordinación parlamentaria. En el protocolo se señala que “los ministros
respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a
proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de
Ministros”. Se trata, sobre todo, de evitar zancadillas y filtraciones, eso que
en la jerga se denomina 'putaditas' que sirven para malos tragos, fastidiar,
menoscabar y abrir crisis que van mermando la credibilidad de un cargo, de un
departamento y del propio ejecutivo. En ese sentido, el acuerdo compromete a
los integrantes de la coalición a mantener “la máxima discreción”, respecto de
las negociaciones y acuerdos que se mantengan en el seno del Gobierno y en los
órganos correspondientes.
Lo dicho, que se esmeren desde el principio para exigir,
cumplir y difundir. Si se quiere lealtad y cooperativista. Mucha pedagogía
política.
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