No, definitivamente Catalunya no es el territorio vanguardista, de las ideas avanzadas y del espíritu europeísta que caracterizaba el desenvolvimiento de sus gentes. Se empeñaron en la independencia y de ahí no salen, por mucho que se ha explicado y que esa aspiración no cabe en la Constitución. Por muchas concesiones que se hagan y por muchos recursos financieros que circulen desde el Estado.
El suceso de Canet de Mar (Barcelona), donde un menor y su familia están siendo acosados después de que la Justicia haya reconocido el derecho de que el niño reciba el veinticinco por cierto de sus horas lectivas en castellano, pone de relieve la intransigencia y la intolerancia que se elevan a su máximo exponente con actos de protesta, con pintadas en el exterior del centro, con amenazas que fluyen por distintas vías y sobre todo con el anuncio de una gran manifestación para el próximo sábado en Barcelona convocada por distintas organizaciones contra las sentencias que blindan la enseñanza en español.
La familia tuvo incluso que dirigirse días pasados para reclamar protección y pedir que se preservase su identidad. En un escrito remitido al TSJC, los demandantes describían la campaña de hostigamiento revelando la existencia de «un grupo público de Whatsapp que utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares» ordenadas por la Justicia. En ese grupo, proseguían en su denuncia, «se vierten gravísimas amenazas» hacia ellos y su hijo, incluso «solicitando que el centro identifique a la familia y al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o que se le haga el vacío en la clase. En comentarios más extremistas, se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado”. Inaudito.
En respuesta a la petición, el pasado viernes el TSJC ordenó a la Generalitat y la dirección del centro a adoptar las “medidas necesarias” para «preservar la protección e intimidad» del menor y de sus progenitores, además de garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo». Increíble pero cierto.
La portavoz del Govern de Catalunya, Patricia Plaja, consideró por su parte que la resolución es «una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro» y calificó de «sorprendente» que «un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto».
Ha tenido que exhibir la sensatez y el temple de otras veces, delicadas aunque quizá no tanto como esta en la que está en juego la integridad física del menor y las imprevisibles secuelas posteriores, el portavoz parlamentario de los socialistas catalanes y ex ministro, Salvador Illa, quien ha advertido que "politizar la educación" es "lo peor" que se puede hacer para "defender" el catalán y ha abogado por "dejar trabajar a los profesionales" para evitar que el idioma no sea una "excusa para la confrontación"
Es rotundo Illa cuando afirmó que ya basta de politizar la educación y el uso de la lengua. Es lo peor que podemos hacer si queremos defender el catalán, la docencia y las escuelas". Aprovechó para reclamar que "las lenguas sean una herramienta de comunicación y nunca una excusa para la confrontación en la que algunos siguen empeñados".
Y que no conduce a nada bueno, por muy aislado que el caso pueda ser considerado. De ahí que sea procedente su porfía: el catalán debe seguir siendo la lengua vehicular de la enseñanza pero, eso sí, “no a costa de atacar el castellano o de incumplir resoluciones judiciales”. Mientras en Catalunya no haya una normalidad cívica, mientras no prepondere el respeto a la norma y la convivencia, mientras los radicales alienten respuestas amenazantes que pronto deriven en violencia la situación solo se agravará.
Hay que convencerse de que defender el catalán no es en contra del castellano, como ha dicho Illa, contrario a la politización del uso de las lenguas. Si no se acepta esta idea, mucho nos tememos que la cosa empeorará.
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