LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN EL CIERRE INJUSTIFICADO DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Domínguez y Silva: “El cierre es, de facto, una situación de suspensión de pagos”  

Ezequiel Domínguez y Cayetano Silva, portavoz y portavoz adjunto del grupo socialista, denuncian, en nombre del Grupo Municipal socialista del consistorio ramblero, el cierre injustificado y sorpresivo de la intervención municipal durante quince días, lo que “conculca la preceptiva disponibilidad, en días laborables, de los servicios básicos municipales, uno de los cuales es precisamente la intervención municipal”. 

Silva, que ocupa la responsabilidad de Hacienda en el grupo socialista ramblero, afirma que “aparte de omitir la preceptiva información en tiempo y forma a los afectados, que son sobre todo los proveedores y acreedores del consistorio, a los que se le niega durante quince días su derecho a cobrar las deudas existentes, por una imposición arbitraria de un grupo de gobierno que se ha ganado a pulso la calificación de moroso entre los proveedores”.

“Además”, afirma el edil socialista, “Nosotros ya advertimos, en las reclamaciones a los presupuestos de 2013 que están prorrogados en la actualidad, que los presupuestos se iban a demostrar claramente insuficientes, cosa que pronto se demostró como cierta, al tener importantes dificultades en los últimos meses para pagar las nóminas y al haber numerosos proveedores que no han cobrado en los tiempos en que preceptivamente lo marca la ley, amén de concurrir muchas reclamaciones judiciales en estos momentos por ese motivo”. Domínguez apostilla que “es gravísimo también el hecho de que no sólo se haya demostrado la imprevisión del presupuesto de 2013, sino el hecho de que, pese a esas insuficiencias se haya prorrogado, no existiendo manera de saber cuando se va a proceder a la aprobación del presupuesto de 2014”. Ambos ediles terminan diciendo que “detrás del cierre a cal y canto de la intervención municipal, aparte del oscurantismo y la grave situación de cancelación de los servicios básicos del ayuntamiento, se encuentra, a nuestro entender una grave situación de suspensión de pagos encubierta, que obliga, según la nueva ley de las Administraciones  locales a que cuatro ediles y una asesora tuvieran obligatoriamente que dejar de cobrar desde enero, situación que no se ha producido, conculcando gravemente esta situación la legislación vigente”