PARA LOS POBRES, NI LA MISA DE ALBA

Salvador García Llanos

En junio de 1821, teniendo en cuenta que unas tres mil quinientas personas, aproximadamente, oían misa en el Puerto de la Cruz, era indispensable oficiar siete para que todas pudiesen cumplir con el precepto. Surge entonces un problema al que las autoridades de la época buscaron solución a la que se refiere en sus apuntes el cronista oficial del municipio, Nicolás Pestana Sánchez.

Ocurría que los religiosos de la orden de San Francisco existentes en el municipio portuense tenían que trasladarse al convento de La Orotava, donde habían sido destinados. La carencia de sacerdotes para atender los servicios espirituales del pueblo era evidente, sobre todo si se marchaban antes de que llegasen tres nuevos dominicos, cuya llegada parece ser que había sido anunciada, aunque se tenían noticias de que nunca vendrían.

Relata Pestana que la situación en que se encontraba el convento franciscano facilitaba “a la mayor parte de la población pobre” la posibilidad de oír la misa de alba que se oficiaba en dicho convento pues aquella “no podía presentarse de día por su miseria en el vestir y en el convento dominico no cabía ni la mitad de las personas que estaban obligadas a oír misa de alba, si faltase la iglesia de San Francisco”.

Tiene que intervenir el Ayuntamiento, claro. No se había consultado la conveniencia pública de proceder a la elección del convento que debía ser suprimido. La corporación, por acuerdo adoptado el 25 de junio de aquel año, se dirigió al Jefe Superior Político haciéndole ver la necesidad de que no se cerrase el convento franciscano. Se evitaba con ello el traslado de los tres sacerdotes que quedaban en el pueblo, hasta tanto no llegasen los de La Orotava de Santo Domingo, haciendo que se trasladasen éstos a vivir en el convento de San Francisco, “por razón de la comodidad pública, por su situación y por la capacidad de la iglesia, de la que carecía el dominico”.

Tres días después, siempre según la aportación de Pestana, el Ayuntamiento trató de suspender, por sí mismo, la salida de los tres religiosos franciscanos, a propuesta del síndico personero de segunda elección, “pero, atendiendo a la gravedad de este asunto, se acordó aplazar la resolución hasta el día 3 del próximo mes de julio, para elevar consulta”.

Entonces, una comisión del Ayuntamiento visitó al padre prior dominico, con el fin de recabar información sobre la fecha señalada por las autoridades para incorporarse al convento los religiosos que hubiesen sido destinados. Era el 9 de julio cuando debían reunirse los dos religiosos que se hallaban en el convento de Garachico. Pero la información no satisfizo del todo porque el prior ignoraba cuándo habrían de verificar lo mismo los de las otras islas, al desconocer la fecha de la orden para que empezara contarse el plazo de treinta días que tenían señalado.

Llega el 3 de julio. Y como resultas de la contestación del Jefe Superior Político, el Ayuntamiento entendió que no debía oponerse a la salida de los religiosos franciscanos “para no desacatar los soberanos decretos”, de acuerdo con los apuntes del cronista.

Claro que el Ayuntamiento no podía permanecer indiferente ante la práctica supresión de la misa de alba en el convento franciscano, al que concurría la parte más pobre de la gente del pueblo que era ya la del barrio de La Ranilla. Por ello, dirigió una petición del Provisor del Obispado, rogándole atendiese a esta necesidad espiritual.