Salvador García Llanos
Los consumidores y
usuarios se encontraron de la noche a la mañana con las oficinas de DEPCSA
cerradas. De inmediato, saltó el timbre de quejas y críticas en las redes
sociales. El municipio, acaso ya acostumbrado, perdía otra dotación, otro
servicio. No se conoce versión del gobierno local, siquiera en términos de justificación
elemental, pues debe andar ocupado en otros menesteres. Ni de la firma
concesionaria, que andará a lo suyo, en su cuenta de explotación. Ha tenido que ser el Grupo Municipal
Socialista, en la oposición, el que ha tomado la iniciativa para instar a la
corporación a adoptar un acuerdo que signifique la reapertura de las citadas
oficinas.
Vayamos por partes.
DEPCSA es la empresa, dependiente de Endesa-Unelco, creada en su día para la
gestión de sus intereses. Fue durante el mandato 1995-99, cuando se materializó
la operación de una concesión administrativa del servicio de suministro de
energía eléctrica. La empresa, según el pliego de condiciones que rigió aquel
concurso, se comprometía a efectuar una serie de inversiones en determinado
período de tiempo que mejorarían sustancialmente los recursos técnicos y
materiales con los que garantizar y cualificar las consiguientes prestaciones.
Entre esas inversiones, hasta donde alcanza la memoria, debía figurar la
entrada en funcionamiento de unas dependencias que habrían de servir para
atender las demandas de los usuarios, en forma de actualizaciones de pago,
nuevas conexiones, reposición del servicio y otros servicios suplementarios. En
efecto, las oficinas abrieron sus puertas y así permanecieron durante unos años
en distintos emplazamientos de la localidad, hasta que ahora han cerrado, con
el natural quebranto para los ciudadanos que precisen de los servicios. Ahora
habrán de desplazarse a otra localidad para concretarlos y para resolver las
diligencias necesarias.
Se dirá que estas
oficinas ya no hacen falta. O que esos trámites se arreglan en internet. Como
si todo el mundo tuviera ordenador o supiera manejarlo. Se dirá que la crisis
también afecta -¡a las todopoderosas eléctricas!-, que hay que reducir gastos y
que el volumen de demandas tampoco genera margen suficiente como para mantener
abiertas unas oficinas. Se dirán esas y otras excusas, ¡sobre un servicio
público! Y como si no importara nada el que parece ser un flagrante
incumplimiento de un aspecto de la gestión de un patrimonio social que ha sido
concesionado.
La representación
institucional del PSOE portuense ha tomado la iniciativa, ha estado atenta en
un asunto de clara repercusión social. Y ha puesto en el dedo en la llaga: prima
la defensa de los intereses de la empresa privada. Lo que son las cosas: en su día, cuando se consumó
la controvertida concesión, preguntábamos a quién reclamarían los portuenses en
caso de disfunciones, averías o interrupciones. Las respuestas, poco menos,
negaban o apuntaban que eso era imposible y que cuestionarlo rozaba el
disparate. Ya ven el episodio: han cerrado las oficinas comerciales.
Seguro que confiaban en
la infinita paciencia, en el conformismo ilimitado de los portuenses. Si
quieren otra prueba, ahí está durmiendo el sueño de los justos una propuesta
aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento para difundir los
supuestos beneficios del denominado Bono Social.
Sin remedio.
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