El sector horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías)
sigue demandando ayudas pues considera insuficientes las contenidas en el Real
Decreto aprobado por el Gobierno que ya comentamos y que contenía estímulos
fiscales, financieros e inmobiliarios cuantificados en unos cuatro mil
doscientos veinte millones de euros.
Y ahí va el ejecutivo dispuesto a ampliarlos. Según se
ha sabido, el Ministerio de Industria prepara el lanzamiento de un fondo
público-privado, dotado inicialmente con ciento cuarenta millones de euros para
garantizar “operaciones de aval” a aquellos negocios que están abocados al
cierre dada la incidencia de la crisis y que no han accedido a las ayudas del
Plan Horeca o cualquier otro tipo de financiación desplegada por el Gobierno
desde el principio de la pandemia.
En efecto, desde el citado Ministerio se propone la
creación de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de carácter exclusivamente
turístico y que se denominará así, Turismo de España SGR. La sociedad tendrá una
dotación inicial de 19,9 millones de euros de los que el 49% será capital
público, y una vez constituida tendrá una capacidad de inyectar liquidez del
700% de su capital, lo que supone un monto de partida de 140 millones de euros.
Pero este no será el límite: la capacidad financiera o avalista de Turismo de
España podrá incrementarse hasta cantidades por ahora indeterminadas, una vez
arranquen las operaciones y transcurra un tiempo.
La finalidad del fondo será "facilitar el acceso
a la financiación mediante garantías" y la idea que maneja el equipo de la
ministra Reyes Maroto es que el instrumento esté operativo en marzo. Para ello,
recalcan las fuentes gubernamentales, "es preciso recabar el apoyo de las
comunidades autónomas en el ámbito de la Conferencia Sectorial puesto que se
espera que las regiones participen de la sociedad. La Sociedad de Garantía
Recíproca, además, quiere constituirse con "socios protectores
privados". Es decir, entidades financieras, organizaciones profesionales o
grandes empresas del sector turístico que aporten el dinero restante hasta
cubrir los veinte millones iniciales que exige la Ley. Estos socios "no
podrán acceder a las operaciones de aval", ya que éstas están pensadas
para empresas y pymes maltrechas económicamente al borde de la inviabilidad.
En Turismo de España SGR también podrán participar en
el capital fundacional las pequeñas y medianas empresas con una aportación
mínima que podría oscilar en torno a los sesenta euros por socio. Este nuevo
fondo surge como reacción a las críticas sobre la falta de ayudas directas:
España cerró 2020 sin un plan de ayudas de esta índole a las empresas, más allá
de la prestación extraordinaria a autónomos por cese de actividad durante la
aplicación del estado de alarma.
A ver si estas fórmulas ponen de acuerdo al sector
privado, disconforme, según distintas fuentes implicadas, con un reparto a
cargo de las comunidades autónomas que, en noviembre pasado, ya percibieron una
dotación de dieciséis mil millones de euros, correspondientes a la distribución
del fondo COVID-19. Recordemos que, de esta cantidad, ocho mil debían
destinarse a Sanidad y Educación mientras que el resto quedaba a libre
disposición de las autonomías.
En Industria se reconoce que se ha actuado sobre la
"reducción del gasto" y no sobre los "ingresos" de las
pymes del sector. Y destacan las ayudas por valor de cincuenta y un mil
quinientos millones de euros, de las que cuarenta y un mil quinientos han sido
los créditos ICO para empresas en apuros.
Recursos hay, por lo que se ve. Lo que hace falta es
voluntad de entendimiento y flexibilidad a la hora de entenderse. La coyuntura
hace que los sectores público y privado estén condenados a entenderse.
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