Salvador García Llanos
En Baleares se lo están pensando. La capacidad de carga
turística es un hecho preocupante. Un reportaje bien documentado y sin
tremendismos en un informativo televisado de días pasados pone al desnudo los
efectos de la masificación turística sobre el territorio y el medio ambiente. O
sea, que detrás de los récords de visitantes, del impacto económico y de los
socorridos puestos de trabajo, hay unas consecuencias no tan positivas que
ponen en riesgo el propio destino.
Carreteras desbordadas, carencia de aparcamientos,
dificultades de accesibilidad, infraestructuras y servicios insuficientes,
comportamientos humanos inadecuados, destrucción de suelo o aprovechamiento
descontrolado e indebido, deterioro de espacios, degradación… el panorama,
desde luego, es inquietante.
¿Hasta dónde pueden soportar los territorios, las ciudades y
los pueblos la presión derivada del turismo convertido prácticamente en medio
de vida o principal sostén productivo? La investigadora colombiana Paula
Álvarez, vinculada a la firma Corporación Proyecto Patrimonio, estima que el
concepto capacidad de carga, desarrollado inicialmente en el campo de la
ecología, “es hoy en día una herramienta de gran utilidad para el manejo de
visitantes y la evaluación de los impactos que causa la presencia humana sobre
los sitios patrimoniales y áreas protegidas”. A partir de las dimensiones del
concepto, ha sido posible elaborar modelos y metodologías, encaminadas,
teóricamente, a la sostenibilidad.
La misma
autora señala que “las metodologías que se aplican al evaluar la capacidad de
carga hacen posible, entre otras cosas, comprender los valores que definen los
sitios patrimoniales y las áreas protegidas; detectar los conflictos, problemas
y riesgos que les afectan; establecer los indicadores y estándares que permiten
alcanzar condiciones óptimas; caracterizar y evaluar la visita; y definir las
estrategias de manejo y monitoreo que aseguren la conservación de los sitios”.
Se dirá
entonces que la clave del asunto es la planificación. Un desarrollo turístico
mal planificado o irrespetado por perversos intereses de todo tipo termina
generando acusados efectos negativos sobre el medio, natural o social. Es
difícil, en ese contexto, deslindar culpas o responsabilidades, pero desde las
normativas y planes de ordenación que hay que elaborar hasta su cumplimiento,
las administraciones públicas y los agentes sociales tienen que esmerarse, so
pena de acabar, a la larga, con lo que da de comer.
En Baleares
ya ven las orejas al lobo. En Canarias, con la controvertida Ley del Suelo, aún
en fase de gestación, debemos estar atentos, tan dados que somos a los potentes
efectos deslumbrantes.
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