Odalys Pdrón
Tras el júbilo propiciado por la sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE (TJUE) que “parecía” obligar a los bancos a devolver todo el
dinero cobrado de forma poco transparente y abusiva a través de las cláusulas
suelo llega la cruda realidad y es que la banca nunca pierde porque para eso
cuenta en su haber con “amigos” o “deudores” políticos. Se calcula que los
bancos deberán devolver entre 3.000 y 5.000 millones de euros. El Banco de
España lo ha cifrado en un máximo de 4.200 millones “si” devolvieran todo el
dinero. Ese sí condicional se debe en primer lugar a que es el consumidor el
que debe poner en marcha un proceso de reclamación tras averiguar si tiene
derecho a una devolución. Según parece el texto que el Ministerio de Economía
va a elevar a los bancos para informar a sus clientes que habían sido perjudicados
con la cláusula suelo.
En segundo lugar, ya ha comenzado a fraguarse el trilerismo
bancario de algunas entidades que pretenden compensar, que no devolver, el
dinero que el Tribunal de Luxemburgo considera que debe reintegrarse al aplicar
límites abusivos en los intereses de sus préstamos. Algunas entidades
financieras ya están planteando proponer a sus clientes afectados una
amortización parcial de la deuda hipotecaria que mantienen con sus entidades en
la cantidad correspondiente a la cláusula suelo con carácter retroactivo.
También han comentado compensarles mediante aportaciones a un plan de pensiones
o fondo de inversión, reestructuración de un crédito personal, contratación de
seguro y cualquier otra opción que evite devolver todo el dinero cobrado de más
por estos límites a la caída histórica del Euribor. Incluso algunas
asociaciones de consumidores han alertado sobre la propuesta de algunas
entidades a clientes para que firmen documentos por los que renunciarían a
acudir a los tribunales a cambio de recuperar solo una parte del dinero
defraudado.
En tercer lugar, tal como denuncian las asociaciones de
consumidores, las entidades financieras, como partes interesadas, no deben ser
las encargadas de realizar el cálculo de las cantidades pagadas de más dado que
la mayoría de consumidores no disponen de conocimientos ni medios para
verificar dichos cálculos.
En cuarto lugar, el Gobierno excusándose en evitar un
recurso masivo a los tribunales de justicia aplaza el modelo de mediación y los
plazos de devolución. El real decreto ley que articularía un sistema
extrajudicial para devolver el dinero se ha pospuesto en varias ocasiones
alegando que busca un mayor consenso con otras fuerzas políticas y que debe
consultarlo con el Banco Central Europeo (BCE) dado que afecta al sector
financiero. Algunos expertos ya han explicado que la razón que subyace es que
aprobarlo como decreto ley implicaría su entrada en vigor tras su aprobación
mientras que si se aprueba como proyecto de ley deberá pasar por el Congreso y
admitir enmiendas de los partidos ganando las entidades financieras más tiempo
para establecer y consolidar soluciones “alternativas”. De esta forma el
Gobierno mata dos pájaros de un tiro, por un lado, aprobándolo como proyecto de
ley, como ya comentamos, le proporciona más tiempo a sus “amigos” bancarios y,
por otro lado, aprobándolo como decreto ley, puede, con la justificación del
apremio, introducir un sistema de mediación que esté desequilibrado favoreciendo
al banco frente al cliente.
En quinto lugar, Hacienda ya ha anunciado que los afectados
que reciban una devolución deberán regularizar su situación impositiva, tanto
los que recibieron una deducción por inversión en vivienda habitual como los
que reciban una cuantía debida a intereses de demora ya que supone un
incremento patrimonial. Lo que no comenta el Ministro Montoro y sí el Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es que en muchas devoluciones
el pago a Hacienda habrá prescrito al corresponder a años anteriores a 2013.
La Hemeroteca nos recuerda que el Tribunal de Cuentas preocupado
por el “nivel de endeudamiento conjunto” de los partidos políticos sentenció
que “el nivel de endeudamiento conjunto reflejado en las cuentas anuales
presentadas por las formaciones políticas a 31 de diciembre de 2012 asciende a
un total de 237,6 millones de euros”, el equivalente a 39.679 millones de
pesetas. Al final del ejercicio 2013, según datos remitidos por éste órganos
fiscalizadores, los partidos reconocían una deuda de 205 millones de euros.
Aunque existe una ley, aprobada en el año 2014, que prohíbe condonar deudas a
los partidos políticos la hemeroteca recoge que tan sólo entre 1993 y 2002,
según cifró el Tribunal de Cuentas, las condonaciones de la banca a los
partidos políticos habían sido de 25,4 millones de euros.
Tal vez sea perspicacia o simple imaginación, pero estos
datos me conducen a dirimir el motivo por el que hemos pasado de un regalo de
Navidad a todos los perjudicados por cláusulas suelo abusivas, proporcionado
por la Sentencia, el 21 de diciembre, del Tribunal de Justicia de la UE, a un
vía-crucis de Semana Santa, un calvario de adversidades y pesadumbres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario