LOS MENORES, MÁS PROTEGIDOS

Salvador García Llanos

El Consejo de Ministros aprobó esta misma semana el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, coloquial “Ley Rhodes”, en reconocimiento a la labor del pianista y compositor británico James Rhodes que fue quien encabezó la sensibilidad y las reivindicaciones de las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia. Rhodes, víctima de abusos sexuales durante su niñez, quería una norma para combatir la violencia que sufren menores y adolescentes y, a la espera de su aprobación definitiva en las Cortes, ya la tiene.

La premisa puede encontrarse en el artículo 39 de la vigente Constitución Española que sienta bases sólidas de protección de la familia y de la infancia por parte de los poderes públicos: “2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Y es que hace un par de años, el Comité de Derechos del Niño advirtió a España la necesidad de contar con una ley integral sobre la violencia contra los niños, análoga a la aprobada contra la violencia de género. Esta norma quiere ser la respuesta al tener en cuenta las observaciones específicas de otras instancias, especialmente de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Asimismo, está orientada al cumplimiento del Objetivo 16 de la Agenda 2030 (“Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”) y la meta 16.2 (“Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños”).

Además de un avance significativo en la materia, esta puede ser una de las más sustanciosas innovaciones en la nueva realidad socieconómica tras la pandemia. Se trata de fijar un nuevo modelo de prevención y protección común en todo el país frente a la vulneración de derechos que significa el empleo de violencia en personas de edades de infancia o adolescencia. Se quiere priorizar la prevención como método para evitar la violencia contra los menores de edad, fortaleciendo de paso las capacidades de los propios niños y adolescentes para la detección precoz y la adecuada reacción ante episodios de agresividad física o verbal. Otras características: el establecimiento de medidas de protección orientadas a eludir la victimización secundaria y la superación de la fragmentación del modelo actual, mediante la colaboración con las comunidades autónomas.

El alcance de la nueva Ley (algunas organizaciones ya han pedido que sea tramitada por la vía de urgencia) es bastante amplio. Desde la garantía a los menores de los derechos a la información, el asesoramiento y el apoyo a una atención integral, incluida la terapéutica, a proporcionar el apoyo público necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y reforzar los considerados protectores. Se promoverá el buen trato, la parentalidad positiva, la adquisición de competencias emocionales y los aspectos de negociación y resolución de conflictos en base a la situación y necesidades de los progenitores.

Igualmente, se establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a nivel estatal, autonómico y local cuenten con unidades especializadas en la sensibilización, prevención de situaciones de violencia sobre personas menores de edad. Se reduce la práctica de diligencias con intervención de personas menores de edad a aquellas que sean estrictamente necesarias. En este sentido, otro de los hechos llamativos estriba en que se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes, como sobre las personas de edad avanzada e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.

Los menores, más protegidos. Ese es el propósito.

Día 88 de la alarma

Nueve días consecutivos en Canarias sin fallecidos y cuarenta y ocho horas sin contagios. Pero hay que mantener la guardia. Los objetivos a regular tras la fase 3 son las romerías y fiestas populares, el uso de las playas y zonas de baño y controles en puertos y aeropuertos. En todos los casos, el consejero de Sanidad y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha insistido en que serán necesarias muchas normas “pues la situación sanitaria así lo exige”. No están despejadas las dudas, ni mucho menos, de qué hacer con los controles sanitarios a los turistas: el Gobierno quiere que dispongan de un certificado que especifique que no están contagiados, con una validez de cuarenta y ocho horas. Pérez ha dicho que es probable que los test PCR se hagan en Canarias. Y que ya se verá quién los paga.

Fallece Rosa María Sardá, una actriz sin igual, relevante. Y ha nacido una intérprete arrolladora, la grancanaria Nia Correia, ganadora indiscutible del programa de RTVE, “Operación Triunfo” (OT). A mediodía, ofrecen su interpretación de la canción dedicada a Canarias, Ocho maravillas, y la entrevista personal que mantuvo con Noemí Galera, directora de la academia, antes de la actuación, que son verdaderamente emotivas. Mucho talento.

En el Puerto presentan el programa municipal de formación y sensibilización medioambiental ‘Proactiv@s por Naturaleza’. Desde ahora y hasta septiembre, alternarán actividades presenciales y las que se hagan a través de Internet, en adaptación a las circunstancias que concurren derivadas de la pandemia. Rutas guiadas, mesas redondas, jornadas de divulgación y proyectos de voluntariado en ciencia ciudadana dan contenido a esta iniciativa que se desarrollará en torno a tres ejes vertebradores: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la amenaza del cambio climático para el planeta y el patrimonio cultural portuense.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha animado a los interlocutores sociales a cerrar un acuerdo para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) “antes del próximo martes”. Lo dijo durante la sesión parlamentaria de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Es una declaración esperanzadora, de ánimo, de confianza en que haya un acuerdo próspero para el país. Lo que la gente espera y desea.

Ejemplos de solidaridad: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y once regiones españolas aportarán este año 1,6 millones de euros a organismos internacionales para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en Venezuela y en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, con la colaboración del Gobierno de Murcia en este segundo caso.

Volvió el fútbol de competición. Se hace raro verlo sin espectadores en el campo, máxime cuando se trata de un clásico. Ganó el Sevilla al Betis (2-0).