Odalysp Padrón
En Canarias la corrupción está
instaurada, casi podríamos decir que es endémica, la mayoría de la población la
considera algo normal. Se han convencido que es intrínseco al uso del poder. No
se escandalizan, ni se inmutan, cuando políticos mediocres, de escasos recursos
económicos, amasan grandes fortunas gestionando dinero público.
La connivencia político-empresarial es
tan evidente que una zona poblacional costera, de considerable tamaño, lleva el
nombre de la empresa que lo construyó. Un empresario inmerso en varios casos de
corrupción. Un obsceno cartel en la autopista lo proclama, sin pudor. En las
paredes de la vivienda del susodicho empresario baten las olas, obviando una
ley de Costas que derriba pueblos pesqueros, dejando en evidencia el artículo
14 de nuestra Carta Magna. No hay gobernantes con “trillos” para luchar por el interés
general, pero si con “ratos” de negociación para el interés particular.
La corrupción canaria es de tal
magnitud que ha trascendido las fronteras autonómicas. En el “Caso Pujol”
aparece el que fuera Vicepresidente del Gobierno Canario, Julio Bonis,
Coalición Canaria. Accedió al cargo institucional, sin fortuna familiar que se
conozca, y aparece en la información policial como socio de Pujol con 6,5
millones de euros que debería justificar. La retribución de Vicepresidente es
bastante sustanciosa, pero hablamos de mucho más de mil millones de pesetas.
Las cuentas no cuadran.
En el Caso “Fórum Filatélico” aparece
el ex alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, Coalición Canaria. Accedió al cargo
público con 22 años y su única profesión, durante 35 años, ha sido ocupar
cargos en la administración pública. Sorprende ver la declaración de bienes
presentada en el Senado donde aparecen 486.000 acciones de valor diverso en
minas de Perú, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Bostswana, Mongolia, el estado
norteamericano de Colorado y el sudoeste de Australia. Sus extracciones de
carbón, oro, uranio, molibdeno, hierro, petróleo y tierras raras cotizan en las
bolsas de Londres, Toronto, Nueva York y Sidney. Además de otras muchas
propiedades que se describen en los más de 20.000 folios del sumario del “Caso
Las Teresitas”. Donde declaró que en apenas 15 días le habían tocado 145
décimos “premiados”. La teoría de las probabilidades es errónea o hay otra
correlación.
En el listado de posibles
defraudadores, con cuentas en paraísos fiscales, aparece Luís Suárez Trenor, ex
presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, Coalición Canaria. Las
enormes cantidades de dinero de origen desconocido, según los informes
policiales, no se correspondían con los pagos por rendimiento del trabajo que
constan en la Administración Tributaria y podrían ser el resultado del cobro de
comisiones ilegales, lo que vulgarmente se conoce como “mordida”
En el año 2003, cuando toda esta
información no era de dominio público, fui elegida Concejal del Ayuntamiento de
Santa Cruz. En esos momentos fluía el dinero y la mayoría de votantes no eran
conscientes de la lacra que supone la corrupción. Los malversadores manejaban
mucho dinero. Para la mayoría de la población eran “listos” a los que admirar y
emular. En un Ayuntamiento donde la compra de voluntades es una transacción
habitual fue duro, muy duro, fiscalizar desde la bancada de la oposición con
rigurosidad y honestidad. En el mandato anterior se había gestado el “Caso Las
Teresitas” que ahora, más de 12 años después de su denuncia, se empieza a
enjuiciar. La Fiscalía lo consideró como “un pelotazo de libro” y es objeto de
estudio en las Universidades. No sólo participó el equipo de gobierno sino toda
la oposición. Todos los partidos votaron a favor del que posiblemente sea el
mayor caso de corrupción en el ámbito canario. Permitir la corrupción y jugar
con el equipo de gobierno lo llamaban “buen rollito” y sobre este particular yo
no tenía “buen rollito” porque nada más incorporarme a mi responsabilidad
fiscalizadora denuncié que los expedientes no estaban numerados-foliados con la
consiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva. Cuando un vecino tiene un
litigio con el Ayuntamiento está expuesto a que aparezca o desaparezca
documentación de sus expedientes, con buena o mala fe. En el “Caso Las
Teresitas” un informe de tasación de la arquitecta municipal, que valoró los
terrenos en la mitad que luego se pagó, no aparecía en el expediente. Intuyo
que, a día de hoy, sigue el mismo espíritu administrativo. Denuncié que no
existían los libros de Decretos y Resoluciones. Sin comentarios. También sigo
denunciando que los habilitados nacionales, Secretario, Tesorero e Interventor,
son elegidos a dedo, pese a que la ley habla de que esta práctica debe ser
excepcional. El Ayuntamiento de Santa Cruz lleva toda la democracia de
excepcionalidad. Dudo que éste fuera el espíritu del legislador.
Con estos antecedentes, llega a mis
manos un informe de intervención que ponía reparos al pago de dos facturas,
cuyo importe ascendía a 371.627 euros, para transformar un Instituto, Hermanos
García Cabrera, en Sede Consistorial. Sin proyecto, sin concurso público,
catalogándolas torticeramente como obras menores, sin declarar la urgencia,
etc… donde aparecían desde pagos duplicados hasta la facturación de más metros
cuadrados o de más piezas de fontanería de las que existen en la actualidad.
Desde esa primera intervención plenaria, denunciando esas primeras facturas de
371.627 euros hasta el coste final de unos 7 millones de euros hubieron muchos
plenos, mucho acoso, muchas amenazas y muchas coacciones que las sufrí en
silencio y con la dignidad que proporciona el saber qué haces lo correcto. Fue
duro, muy duro, sobre todo cuando inventan mentiras porque es incomprensible,
para ellos, que no tengas precio. No entienden que hables de honestidad con lo
fácil, rentable y lucrativo que es “dejarse llevar”. Como colofón “escacharme
la cabeza” fue la amenaza de uno de sus secuaces.
La persecución política fue la constante
empleada para quebrar mi espíritu. Tras seis años recopilando información, más
de mil folios, presenté la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, así como
ampliaciones a la misma. Conseguí lo que nadie creía posible: sentar en el
banquillo, como imputado, a Miguel Zerolo, uno de los intocables de la política
canaria. El “Caso García Cabrera”, como así se denominó por los medios de
comunicación, consiguió la condena por prevaricación continuada del ex alcalde
de Santa Cruz y ex senador, Miguel Zerolo, Coalición Canaria, y de su primer
teniente de alcalde y catedrático de derecho tributario, Guillermo Núñez,
Coalición Canaria. También le arrebató el aforamiento que tanto beneficio
proporciona a los corruptos.
En Socialistas por Tenerife (SxTF) hay
muchas compañeras y compañeros que se han dejado la piel y han demostrado su
valor interponiendo denuncias en su lucha contra la corrupción. Es
relativamente fácil hablar de corrupción, lo difícil es tener el coraje de
presentar denuncias con estas mafias políticas que gobiernan a lo largo y ancho
de toda la geografía española. Tengo el honor y el inmenso placer de compartir
filas con mujeres y hombres que han mirado a la corrupción a los ojos y han
luchado contra ella, con humildad, pero con decisión. Los juzgados y las
hemerotecas dan fe de ello. La historia es nuestra y la hacemos nosotros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario