Salvador García Llanos
Fue pionero el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en la
dotación de servicios sociales. Con la llegada de la democracia, en efecto, se
trataba de cubrir un vacío enorme: el franquismo había practicado otra cosa,
una suerte de atención caritativa, sin programas bien fundamentados ni
criterios sólidos. Como otras corporaciones, sacando recursos de donde no
había, la portuense se esmeró en estructurar una red de servicios que, poco a
poco, con mucha voluntad y con firmes convicciones, fue ganando competencias y
recursos humanos, mientras la Comunidad Autónoma, plenamente configurada a
partir de 1983, iba desarrollando un organigrama que, en el ámbito de la acción
social, iba incorporando nuevos enfoques y perfiles derivados, muchas veces,
tanto de la aparición de nuevos problemas y realidades como de las demandas
crecientes de los sectores de la población menos pudientes.
Otros conceptos, nuevos cargos, equipos multidisciplinares,
normativas y convenios, muchos convenios que daban solidez a las prestaciones
que las administraciones habrían de prestar. Con el paso del tiempo, se suponía
que aquel organigrama se iba perfeccionando. Seguro que no había soluciones
definitivas pero, al menos, los gobiernos tenían fundamentos para trabajar con
cierta estabilidad y con razonables horizontes después de hacer los estudios,
los diagnósticos y las auditorías correspondientes en cada municipio.
Puerto de la Cruz fue de los primeros, desde luego.
Hablamos de principios de los ochenta. Empezaron a incrementarse los gastos
sociales en los presupuestos. En otras localidades, en función de las
posibilidades económicas y de la utilización de inmuebles o similares, también.
Así, fue posible la atención a las toxicomanías, a menores de hijos de familias
desestructuradas, a los suplementos educativos, a las personas dependientes, a
las adicciones, a los programas de alimentación y a las necesidades más
acuciantes, entre ellas una vivienda siquiera provisional o temporal para
superar una de esas situaciones de ruptura familiar o de abandono de hogar que
repercutía directamente en la convivencia y en los riesgos de desprotección de
los descendientes. Hay que consignar que algunas de estas medidas fueron
aplicadas de forma desigual y se iban desnaturalizando o evaporando, y hasta
sugirieron críticas que, en el fondo, revelaban una clara incomprensión.
Precisamente, el gobierno local acaba de anunciar la puesta
en funcionamiento de un denominado recurso alojativo mixto que es el primero
del norte de la isla, convenido con el Cabildo tinerfeño en el marco del
programa Ayelén y gestionado por Cáritas Diocesana. Es una dotación para
mitigar la situación de exclusión en la que personas o familias puedan haber
incurrido. Desde ahí, quieren contribuir a que los afectados se inserten
laboralmente, recuperen usos y hábitos sociales y, en definitiva, normalicen
sus vidas.
Es un modelo de intervención con un tipo alojativo para
favorecer la inclusión social. Se trata de diez plazas, habitaciones
individuales para un máximo de dos personas. Cáritas gestiona siete recursos
similares en la isla, atendidos por veinte profesionales que llevan a cabo un
seguimiento de las características de las personas que tendrán de ese modo, una
opción con la que intentar salir de la marginalidad. Los resultados de
intervenciones semejantes en Santa Cruz y La Laguna, según parece, han sido
satisfactorios.
Veremos los resultados en el ámbito portuense. La carga
experimental es muy importante para que la estabilidad del recurso quede
garantizada.
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