“En la propuesta se pide al
Estado la modificación de la ley para que el impuesto lo paguen los bancos y no
las familias, mientras que solicita también al Ayuntamiento que, hasta que no
cambie esta ley, suspenda el cobro del impuesto a las familias que han perdido
su única vivienda”.
Con el objetivo de acabar con una de las mayores injusticias
tributarias que existen, Jonás Hernández, Concejal de IUC en el Ayuntamiento de
Los Realejos, ha elevado al Pleno una propuesta para solicitar la suspensión
cautelar de la liquidación de las plusvalías a los afectados por ejecuciones
hipotecarias y dación en pago de su vivienda única y habitual. De esta manera,
IUC pretende que el municipio se ajuste a los criterios de justicia social,
solidaridad y defensa de los intereses de sus vecinos.
Con la legislación actual, cuando el banco adquiere un inmueble por un
desahucio, quien pierde su vivienda tiene que abonar además el Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido
como Plusvalía, a su ayuntamiento. Al producirse una transmisión de un terreno
urbano a titulo oneroso se da lugar al hecho imponible y el transmitente (en
este caso ejecutado) se convierte en sujeto pasivo de acuerdo con la actual Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Vista la situación en que se encuentran
las familias que sufren estos procesos, consideramos que éstas deberían ser
objeto de una especial atención en el ámbito de las políticas públicas y no las
obligadas a soportar este impuesto, que además suele tener un importe bastante
substancioso en la mayoría de los casos y de difícil asunción dadas las
circunstancias.
El Real Decreto Ley 6/2012 de mediadas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos, aprobado por el PP, ya añadió un punto por
el cual modificaba esta situación en los casos de dación en pago. Sin embargo,
este Real Decreto exige unas condiciones muy restrictivas, tanto en lo relativo
al hipotecado que transmite como al precio máximo de adquisición del inmueble,
que hacen que normalmente este cambio no se produzca, por lo que son las
familias las que siguen obligadas a la liquidación del impuesto, a pesar de
haber perdido su vivienda y no haber experimentado, de facto, ningún incremento
de valor en su patrimonio. Por ello, esta lamentable situación se mantiene e
IUC considera que constituye un caso flagrante de injusticia tributaria. Tal es
así, que el propio gobierno español ha adelantado que pretende modificar de
nuevo la ley.
Teniendo en cuenta esta situación, IUC de Los Realejos va a proponer al
Ayuntamiento que inste al gobierno central a modificar esta legislación en
todos los casos de desahucio de vivienda única, y mientras tanto, que acuerde
la suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto de Plusvalía a los
sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de
vivienda única y habitual. Esperamos que en este caso, el grupo de gobierno del
PP y el Alcalde Manuel Domínguez, tengan la sensibilidad de aprobar esta
propuesta y llevar a cabo las medidas planteadas para evitar tales injusticias.
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