¿No
queríamos que hablasen las eléctricas, escuchar su versión de la subida
incontenible de los precios de la luz? Pues ahí la tenemos después de que el
Gobierno adoptase una serie
de medidas extraordinarias y sin precedentes para atajar la escalada del precio
de la luz con especial incidencia en los "beneficios extraordinarios"
que están disfrutando las compañías eléctricas con el episodio. El Estado detraerá 2.600 millones de euros de ingresos del oligopolio hasta
marzo de 2022 y lo inyectará directamente en el recibo, en el apartado de
cargos, para lograr bajar los precios hasta los niveles de 2018. Además,
se creará una nueva subasta para hidroeléctricas, nucleares y renovables, en la
que no influirá el precio del gas, para que las pequeñas comercializadoras del
mercado libre puedan acudir y ofrecer a sus clientes una cuantía competitiva y
más baja.
La
ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que, igualmente,
el ejecutivo reducirá el Impuesto sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, pondrá
un tope al mercado regulado del gas para evitar una subida en la calefacción
doméstica, aumentará la cobertura para consumidores vulnerables, aplicará los
ingresos del mercado del CO2 para bajar aún más el recibo y modificará la Ley de Aguas para poner fin a los episodios
de vaciado de embalses. El plan de choque rebajará el recibo un 22 % mensual hasta final de año,
ampliado a un 30 % si se suma la "congelación fiscal" del IVA
aplicada en junio.
Mientras
el festín alcista de los precios alcanzaba niveles inigualables –se hablaba en
los medios de récord diario-, las eléctricas, a lo suyo. A calcular sus
insaciables márgenes de beneficio. Y callado todo el mundo. Un chitón
vergonzante. Faltaría más.
Pero
después del freno del ejecutivo, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica
(Aelec) ha manifestado su "contundente
rechazo" a las medidas anunciadas en el Consejo de
Ministros para atajar la subida del recibo de la luz, fundamentalmente las que
implican una minoración de sus ingresos, que han calificado como
"intervencionistas".
La asociación ha instado al Gobierno a buscar soluciones
“verdaderamente eficaces” que protejan de la volatilidad diaria de precios a
los consumidores con tarifa regulada, que suponen un tercio del total.
"Las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su
eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica",
ha denunciado la asociación en un comunicado. En este sentido, pide que no se
penalice "de forma injusta" a un sector comprometido con la
electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y
el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables.
O sea, que encima, poco menos, hay que agradecer a las
eléctricas ese comportamiento, “que está asumiendo grandísimos esfuerzos
económicos. Ya podrían haber sido algo más comedidos en plena emergencia
sanitaria.
Pero no, ya entramos en otro terreno. Y nadie quiere ser
el malo de la película, sobre todo cuando los costes, los que abona el pueblo
consumidor, son tan elevados. A juicio de la asociación, y a falta de conocer
el texto del Real Decreto-ley, el recorte a los ingresos de la generación
hidráulica y nuclear, justificado en un supuesto incremento de los beneficios
por la subida del precio del gas, es una medida "injusta y desacertada" para las
empresas del sector. En otras palabras, la culpa es del Gobierno
intervencionista. En opinión de la Asociación, la solución pasa, por una
reforma de la tarifa regulada que evite –como sucede en países europeos de
nuestro entorno– el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado.
El otro ámbito de actuación para reducir el precio de la luz deber ir orientado
a limpiar la factura de la luz de todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su
transporte y distribución y acometer una reforma fiscal
que alivie la presión a la que está sometida el recibo de la luz con altos
impuestos.
Y en el Partido Popular, lo esperado. Primero, el
reproche al Gobierno de inhibición ante la envergadura del problema. Y después,
cuando pasa a la acción, pues toca defender, como no iba a ser de otra manera,
a las grandes compañías. El primer partido de la oposición propone que el
Ejecutivo ataque el problema exclusivamente reduciendo impuestos y asumiendo
parte de la factura vía presupuestos pero en ningún caso tocando los beneficios
de las compañías eléctricas. Tampoco hay que extrañarse. Para subir el listón,
Pablo Casado ha comparado las medidas del Gobierno con una expropiación.
Sigamos atentos el curso del debate. Algunos ya han hablado y otros se han quitado la careta.
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