El
PP vota en contra del mantenimiento de las Oficinas Municipales de Información
al Consumidor tal y como contempla la reforma de la Ley de Bases de Régimen
Local impulsada por el Gobierno estatal
“La
falta de valentía con que el Gobierno Local del Partido Popular en el Municipio
de Los Realejos viene afrontando las mociones presentadas en Pleno por los
grupos políticos en la oposición representa una estrategia fallida que se
contradice ya que, según sean los intereses, se ocultan las siglas o se
claudica ante las políticas de retroceso social impuestas desde Madrid”, criticó el concejal
socialista Alejandro Herrera. La última moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista, encaminada a garantizar la continuidad de la OMIC, como
competencia de ámbito municipal, en pleno desacuerdo con lo pretendido en la
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, donde se pretende su supresión,
fue rechazada sin más por la mayoría que lidera Manuel Domínguez, argumentando
la esterilidad de este tipo de propuestas pues “siempre obtendrán la misma
respuesta por parte del PP local”, en una clara intención por ocultar el apoyo
incondicional hacia aquellas políticas de merma de lo social que está
imponiendo el gobierno del PP a nivel estatal. En este sentido, Manuel
Domínguez y su grupo municipal ningunea el trabajo que se ha venido realizando
desde la oficina de atención al consumidor que, en lo que va de año, ha tramitado,
alrededor de 416 reclamaciones por
escrito y ha atendido más de 20 diarias en consultas por teléfono.
El llamado Proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lejos de
garantizar un ahorro en la administración, impide la certeza de que los
municipios continúen poseyendo unas verdaderas competencias propias, sin
interferencias de otros niveles de gobierno, antes bien, quedan los municipios,
especialmente aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes al borde de no poder
llegar a prestar a la ciudadanía los servicios públicos más relevantes y
necesarios.
Aunque el PP de Manuel
Domínguez no lo contemple como tal, la proximidad al ciudadano de la
Administración Local hace necesaria la continuidad de competencias que le deben
ser propias, tales como las Oficinas Municipales de Información al Consumidor,
cuya supresión, llegado el caso, significaría dejar desprotegidos a aquellos
ciudadanos que solo conocen este cauce más inmediato para mediar en torno a sus
derechos como consumidores.
La moción rechazada que buscaba un consenso
institucional de tal forma que el Ayuntamiento se posicionase en torno al
anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, en aquel punto en que la OMIC pasa a ser “indispensable” para el
gobierno estatal, quedó en nada por el voto en contra del PP. El concejal
socialista, Alejandro Herrera, manifestó que “Manuel Domínguez es cómplice del desmantelamiento del bienestar de los
ciudadanos que pretende el gobierno antisocial del PP, ya que representa lo
mismo, pese a los intentos, vanos, al intentar maquillar la realidad asfaltando
una calle, arreglando una acera, o minimizando los estragos en empleo y
comercio que su gobierno no ha sabido atajar”.
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