Odalys Padrón
El Gobierno en funciones
sigue saqueando la hucha de las pensiones y se niega a dar explicaciones. En un
alarde de prepotencia, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes
comunicó al Congreso, por escrito, que el Gobierno en funciones de Mariano
Rajoy no se iba a someter al control parlamentario por entender que “ni puede
ni debe”. El conflicto está en manos del Constitucional a petición del Congreso
de los Diputados y el Senado, la Cámara Alta, le ha dado la razón al Congreso
acusando al Gobierno en funciones de Rajoy de utilizar argumentos contrarios a
la Constitución y de defender una situación que provoca “un resultado impropio
en el estado constitucional”. Todos los partidos, con representación en el
Congreso de los Diputados, menos el Partido Popular se han mostrado partidarios
de que el Congreso debe controlar al Gobierno de inmediato.
Tan necesario es tener un
gobierno como que se controle al que está en funciones. Un argumento de peso es
el nuevo hachazo que Rajoy ha pegado a la hucha de las pensiones. Ha sacado
1.000 millones cuando hace tan sólo 22 días había extraído 8.700 millones de
euros. A finales de 2011 había 66.815 millones y tras la devastadora gestión de
Rajoy sólo quedan 24.604 millones, o sea, el 37% del saldo que había hace cinco
años. Este saqueo hace que la viabilidad de las pensiones futuras se tambalee.
Los expertos vaticinan que si siguen empleando la misma política la hucha
desaparecerá en diciembre de 2017.
En cualquier escenario esto
es causa de alarma social pero la gravedad se incrementa cuando somos
conocedores, tal como refleja la estadística de presupuestos familiares de 2015
publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que el 34,3 % de los
hogares españoles tiene como principal fuente de ingresos “la pensión del
abuelo-a”. Las pensiones contributivas o no contributivas, de jubilación,
invalidez o viudedad están contribuyendo a que más de 300.000 familias
españolas puedan sobrevivir y que tengan algo para comer. La situación es
dramática. Para muchas familias españolas, en estos momentos, la pensión
constituye el pilar fundamental que asegura la cohesión social y evita que la
pobreza relativa que en estos momentos les afecta, a los que sobreviven con la
exigua pensión del abuelo-a, se convierta en pobreza absoluta.
El Fondo de Reserva de la
Seguridad Social, más conocido como la hucha de las pensiones, se crea con el
Gobierno que Felipe González presidía en 1995 firmándose el Pacto de Toledo que
permitió la creación de un Fondo que se nutriría con el superávit que generase
la Seguridad Social para poder pagar las pensiones cuando las cotizaciones
fuesen insuficientes. El sistema fue un éxito hasta que el rescate a la banca
nos abocó a tener que acudir al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para
financiar las pérdidas de la banca y el Fondo Monetario Internacional “sugirió”
políticas que atacan al sistema público de pensiones porque esto favorece la
contratación de sistemas privados de pensiones. Analistas económicos ya han
advertido del “fraude” que están resultando las pensiones privadas. De los 257
fondos, con al menos 15 años de historia, tan sólo tres de ellas lograron una
rentabilidad media superior a los bonos del Estado a 15 años y casi el 10%
acumulan pérdidas, o sea, el propietario de una pensión privada tiene hoy menos
dinero en la cuenta que la suma de aportaciones que ha ido realizando durante
años.
El Partido Popular favorece
la contratación de las pensiones privadas al reducir los recursos del Estado y
utilizar como cebo la desgravación fiscal con el propósito de estimular unos
planes privados que consisten en poner el dinero en manos de un gestor durante
muchos años sin ningún control. Un gran negocio para las gestoras privadas, o
sea la banca, dadas las elevadas comisiones que se embolsan, pero no para los
ahorradores. El Partido Popular ha roto el Pacto de Toledo y ha inventado un
sistema que le permite congelar las pensiones de forma encubierta para poder
subirlas a su antojo el año de elección engañando de esta forma a muchos
pensionistas.
Mientras no haya una
derogación de la reforma laboral que propicie una mejor calidad del empleo
seguiremos caminando hacia el precipicio. El problema seguirá siendo un
descenso de la calidad contributiva de los cotizantes por la precarización en
la contratación y, sobre todo, por el descenso de las bases como consecuencia
de la reducción de los sueldos. Aunque haya un incremento de las afiliaciones a
la Seguridad Social éste no irá acompañado de un suficiente aumento de los
ingresos por cotización y lo alarmante es que ya no tendremos la “hucha” de las
pensiones que amortigüe la caída al abismo.
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