Salvador
García Llanos
Que
nos perdonen los participantes pero debió tener ribetes de astracanada la
reunión convocada por el Círculo de Empresarios del Norte de Tenerife, el
penúltimo día del año pasado en un hotel del Puerto de la Cruz. Bien es verdad
que por lo publicado y por algunas versiones que circulan, la farsa se trocó en
realidad, o por lo menos se aproxima y es de agradecer que la controversia que
ha envuelto durante los últimos años al proyecto de infraestructura marítima en
la ciudad -una vieja aspiración, sin duda- empiece a dejar de serlo, siquiera
para dejar de alimentar falsas expectativas e ilusiones vanas. Y malestar
ciudadano, todo hay que decirlo.
Ni
línea marítima con La Palma ni operaciones de ferries o cruceros y unas
instalaciones similares a las de Garachico: ese era, en titulares, el resumen
de la reunión. Los anuncios hechos por el presidente del Cabildo Insular,
Carlos Alonso, debieron descomponer al alcalde Marcos Brito, sentado a su lado,
y a muchos de los asistentes que creían no ya en la viabilidad del proyecto
sino en que éste representa una panacea para el futuro económico y social de la
ciudad.
Un fiasco, pues, rotundo y morrocotudo, del que no nos alegramos, sinceramente, aunque pudiéramos esgrimir que las conclusiones ya fueron avanzadas por quien suscribe hace algún tiempo. Las frecuencias marítimas basadas en tráfico de pasajeros no son rentables; los atraques de buques de determinadas características deben ajustarse a rutas y puertos adecuados; los rasgos del mar del norte no favorecen (al menos en una época del año) y para tener otro Garachico, aunque los propietarios de yates y embarcaciones se puedan molestar, pues no es plan. Y la gran cuestión: por el mar no llegan los turistas ni se reactivará la economía productiva.
Bien,
dicho esto, fijémonos en algunos aspectos de la reunión que llaman la atención.
Primero, el proyecto en sí mismo, encargado por el Cabildo Insular, con la
bocana orientada al naciente, según fotocopias o reproducciones de planos de
las informaciones publicadas. El presidente de la misma institución obvia que cuando
ésta era competente en esa infraestructura, el anterior presidente encargó un
proyecto que generó acuerdos tanto en la administración insular como en la
local. En la primera redacción, en efecto, estaba enfocada hacia el poniente,
hacia Playa Jardín-Punta Brava, para entendernos. Costas rechazó este modelo
por entender que las operaciones y el movimiento de buques perjudicarían esa
zona natural de baño y sus escolleras semisumergidas.
Segundo,
¿de quién es o será el puerto, si es que alguna vez se construye, a la vista de
las declaraciones del presidente del Cabildo? En abril de 2003, fue declarado
de interés general por el Gobierno de Canarias, por lo que la autonómica pasó a
ser la administración competente. El gobierno insular desoyó el primer proyecto
y se sitúa ahora, aparentemente, como el organismo competente. Sería muy
conveniente y positivo, ocurra lo que ocurra, que se esclarezca la duda, no sea
que se dé lugar a un conflicto de competencias sobre hechos consumados en los
que siempre hay margen para el entretenimiento y la confusión, amén de si
supera la nueva orientación la prueba de Costas.
Y
en tercer término, vamos con otra cuestión de fondo ante
la que hay que estar muy vigilantes: los terrenos del actual campo de fútbol El
Peñón, que eran de titularidad municipal, añadidos los de la explanada,
reservados en su día en el planeamiento para la realización de un proyecto de
parque marítimo cuya titularidad correspondía al Ayuntamiento mediante una
concesión administrativa de Costas. El
solar de la explanada ganada al mar, efectivamente, estaba defendido por una
escollera construida con fondos propios de importe superior a los ochocientos millones
de las pesetas de los años ochenta. Todo eso formaba parte del patrimonio
municipal y que ahora mismo, sobre el papel, se ha evaporado sin ninguna
contraprestación para los portuenses. ¡Vaya gestión brillante!
¿Por
qué hay que estar atentos? Pues porque se trata de evitar especulaciones en el
marco de una solución que, teóricamente, debe ser buena para el municipio y los
intereses generales. El parque marítimo es necesario: tiene que ser a la ciudad
lo que fue el Lago en los años setenta y ochenta, o sea, un complejo
productivo, con atractivos suficientes para funcionar todo el año, a ser
posible, las veinticuatro horas del día. Luego, hay que saber muy bien cuál va
a ser su contenido. Es lógico que la gente se asuste cuando ha escuchado o
leído lo del centro comercial (¡otro más!: no ha habido mucha suerte en el
municipio con esta fórmula). Ese contenido, independientemente de la conexión
fehaciente con el puerto a construir y de la dotación de aparcamientos, debe
estar acompañado de un serio estudio de mercado y de una planificación que
tenga presente el impacto sobre el comercio y la industria local. Eso y más es
lo que hay que fiscalizar porque, supuestamente, estamos ante una decisión
estructurante de clara incidencia en la ordenación del litoral y en la
actividad social y económica de la ciudad de los próximos decenios. Los
portuenses deben exigir transparencia en la tramitación de este asunto: se va a
construir sobre algo que es suyo, que tiene su valor y que no puede desmerecer
tal como están las cosas en la maltrecha economía municipal.
P.S.-
Cuando habíamos escrito que la astracanada igual nos acercaba definitivamente a
la realidad, resulta que el gobierno local, con el alcalde a la cabeza, como
gustaba decir en el pasado, aparece en la escena expresando su disconformidad
con el giro y las previsiones que se tienen sobre el puerto. Y aunque nada
tenga que ver con lo que nos ocupa, el presidente del Cabildo Insular, casi al
unísono, como si fuera para compensar o templar gaitas, suelta, con aires de
ocurrencia pues, que el casino de juego puede volver al Taoro, si se acomete,
claro, la actuación por la que hemos venido abogando desde hace años. ¿Dice
algo el Consorcio al respecto?
Como
éramos pocos… Vaya suerte la del Puerto. Siga la astracanada.
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