José Peraza Hernández. – Cronística Local 08-04-2015
Nos encontramos hace unos días con una noticia sorprendente,
que nos parecía una broma de mal gusto, decía así: “La reforma del Registro
Civil dejará sólo el de Santa Cruz de La Palma”. La aplicación de esta ley
obligará a los habitantes del resto de municipios a desplazarse hacia la
capital para realizar unos trámites que hasta ahora hacían cerca de sus casas.
La reforma del Registro Civil, que entrará en vigor el
próximo 15 de julio de 2015, perjudicará al 80,6% de la población de La Palma,
según denuncia CC en la isla. La nueva ley supondrá el cierre de las oficinas
que existen en cada uno de los municipios y solo se continuará dando el
servicio en Santa Cruz de La Palma. Y es previsible que esta privatización
suponga el cobro de tasas por unos trámites que hasta ahora eran gratuitos.
"Es probable que eliminar el carácter público de la prestación de este
servicio suponga también un cambio de horario para la atención al público, lo
que puede tener graves consecuencias", se puede leer en la noticia.
Asimismo, sigue la noticia: "La aplicación de esta ley obligará a los
habitantes del resto de municipios a desplazarse para realizar unos trámites
que hasta ahora hacían cerca de su casa", denuncia la secretaria general
de CC, Guadalupe González Taño. Y lo mismo sucederá en todos las islas.
Por otra parte en el Diario de Noticias Libre. Nos
hacemos eco de lo siguiente: El Papa denuncia el cobro de bodas y bautizos en
las Iglesias. Desde La Ciudad del Vaticano, El Papa Francisco, ha criticado que
La Iglesia esté cobrando por los registros realizado por los curas de las
parroquias. En esta misma línea, el Pontífice Romano afirma que las parroquias
no se pueden convertir en “casas de negocio”, y que no se puede cobrar por
celebrar bautizos o bodas. Su argumento parece sacado de la parte del nuevo
evangelio donde Jesús expulsa a los mercaderes del tempo, ya que habían
transformado la casa de oración en cueva de ladrones. Así, deja claro que los
sacerdotes no pueden hacer negocio con los sacramentos. El mismo patriarca de
la Iglesia insiste en que no se puede poner precios los sacramentos, ya que “la
salvación es para todos”, y por lo tanto gratuita.
Comparando estas dos noticias, en la primera donde el
Gobierno Español quiere privatizar el Registro Civil; y en la segunda, que se
critica el negocio que hacen las parroquias con los propios registros de los
sacramentos; podemos afirmar que el Gobierno Español debe entender que El
Registro Civil es un derecho, y no una propiedad del propio Gobierno Español. Y
que no puede convertir el Registro Civil Público en un derecho mermado, ya que
ello va en contra de la actual Constitución Española.
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